Especial para CLARIDAD
La política neoliberal de privatización en Puerto Rico ha dado un paso decisivo con la privatización de las plantas de generación de energía eléctrica. Con el tiempo se podrá establecer el alcance de este crimen social. Algo, sin embargo, no puede olvidarse. La agresión al país se cobijó bajo la sombra pestilente de una dictadura que desmanteló de forma directa y descarnada toda simulación de autonomía local, construida por el dominio imperial. Representantes de la prensa han destacado, sin sonrojarse y sin aparente vergüenza, que la situación de la AEE fue devuelta al estado previo de la existencia de la Autoridad de las Fuentes Fluviales, organizada como corporación pública en 1941. Se ha hablado, pues, de un retroceso histórico significativo.
El enorme empujón de lanzamiento al pasado, en medio de una severa crisis económica, lo ha capitaneado un partido que dice ser estadista, desconectado del país, cuyo nombre afirma ser nuevo cuando lleva las entrañas podridas de corrupción. Mientras tanto, la otra pieza del bipartidismo, aletargado e insensible ante el desmantelamiento de su prestigioso proyecto histórico, ha dividido su atención entre un asentimiento vergonzoso e irresponsable o un silencio que emana cierto hedor a cementerio. Albizu Campos, a comienzos de la década del treinta, se refirió a la repetición de la vulgaridad como una manifestación de la experiencia colonial. Hoy podemos oír sus palabras y reconocer la vigencia de su fuerza. “El imperio político se impone para establecer el monopolio económico en la colonia.” Es difícil negar una realidad que golpea la vulgaridad de la experiencia colonial: la privatización de la AEE se llevó a cabo bajo la dictadura del Congreso de Estados Unidos mediante la utilización de su instrumento, la Junta de Control Fiscal. El golpe de agresión ocurrió después de liquidar en la conciencia pública todo el falso andamiaje de la simulación del gobierno propio con el objetivo de engañar al mundo. Y lo que es mucho más vergonzoso, con la aprobación y aplauso de los grandes intereses empresariales del país.
El retorno al pensamiento de Albizu Campos no es casual. En el interior de la aguda crisis económica y social de la década del treinta, el dirigente nacionalista hizo unas observaciones hoy más pertinentes que ayer: “Los que creen que van a conseguir la conversión de Puerto Rico en provincia norteamericana, ‘estado’, por medio de la adulación y del sometimiento están muy equivocados. Para llegar a esa finalidad, aunque suicida, los defensores de la estadidad tienen que dedicarse desde ahora mismo en la forma más agria y violenta a combatir todos los intereses norteamericanos establecidos en Puerto Rico. Esos intereses no han de renunciar a su condición privilegiada actual y no permitirán ponerla en peligro alguno por ningún cambio político. Toda cooperación con ellos refuerza su presente monopolio y estabiliza el régimen irresponsable que impera.” Albizu se refirió precisamente a la petición de estadidad del territorio de Arkansas. Con este objetivo, su legislatura aprobó un “Enabling Act” y propuso la celebración de una convención constituyente para transformar el territorio en un estado. Al ser denegada la solicitud por el Congreso, celebraron la convención constituyente y eligieron los representantes y senadores enviándolos al Congreso. “Ante la crisis política planteada, el congreso, entonces, tuvo que facilitar los trámites para el reconocimiento de Arkansas como provincia ‘estado’”.
La entrega de la riqueza nacional, o si se quiere, territorial, no es un camino hacia la estadidad ni un camino hacia la descolonización. El viejo bipartidismo, PPD-PNP, que se allanó desde hace décadas al fundamentalismo de mercado neoliberal, lejos de fortalecer la autonomía o de moverse hacia la estadidad, ha profundizado la relación colonial de subordinación y desigualdad. No es una casualidad que ambos partidos, empantanados en procesos de corrupción que han acentuado su separación de los intereses de grandes sectores de la población, estén inmersos en una crisis histórica sin precedentes. Si el enunciado albizuista no resuena como una acusación en sus oídos es por una razón principal: no hay en el bipartidismo ni vocación por la autonomía ni vocación por la estadidad. Ambas organizaciones son semejantes, aunque una es mucho más eficiente que la otra, por su inclinación a convertir la política en un negocio lucrativo. El afán no es mejorar las condiciones del país, elevar los niveles de vida de la población, sino el enriquecimiento por el carril de mayor velocidad, de una minoría social. Por eso incurren en continuas violaciones a las leyes que aprueban. Por eso su política colonial neoliberal tiene una característica que brilla sobre todas las demás: la hipocresía.
Veamos este aspecto con detenimiento. El neoliberalismo puertorriqueño, su especie colonial, se ha caracterizado por decir y repetir hasta el cansancio, a través de su gran prensa, que el objetivo de la privatización era: 1) introducir el mercado en el gobierno para atraer capital privado debido a la carencia de recursos del sector público; 2) aumentar la efectividad y eficiencia en la provisión de servicios esenciales, disminuyendo el gigantismo gubernamental ; 3) abaratar los costos de los servicios provistos para el bien de la población y la ampliación de la base económica del país; 4) superar la ineficiencia inherente al monopolio público. Todos estos aspectos han sido desmentidos por la privatización de la AEE. La privatización consumada bajo la dualidad LUMA-GENERA no ha aportado ningún capital al gobierno ni ha eliminado la situación de monopolio. Lo que ha hecho es substituir un monopolio público, cuyo objetivo no es el motivo de la ganancia, por otro monopolio privado, motivado por la ganancia privada. Lejos de abaratar la producción de energía eléctrica lo que ha hecho es encarecerla escandalosamente. Difícilmente se puede argumentar a favor de la eficiencia o de la mayor productividad. Por el contrario, la corrupción bipartidista parece haber emigrado a la empresa privatizada.
Pero la mayor expresión de hipocresía consiste en la reiterada retórica de la superioridad de la empresa privada sobre la corporación pública. Los medios masivos de comunicación y los políticos del gobierno y de la empresa privada han repetido esta vulgaridad de forma sistemática e incansable. Sin embargo, en el caso de la AEE se ha puesto al descubierto el verdadero significado de la supuesta superioridad privada. Todas las empresas involucradas en la privatización están a la caza de fondos públicos. Pero no son fondos públicos locales, sino federales. Lo que mueve a Luma y a Genera es la cantidad enorme de fondos federales asignados a la reconstrucción del sistema eléctrico. No son fondos aportados por las empresas privadas. Son fondos públicos que las grandes empresas privadas extranjeras vienen a pescar en el río revuelto creado por la vergonzosa dictadura de la Junta de Control Fiscal. El enunciado albizuista brilla hoy con mayor esplendor que en la atribulada década del treinta del pasado siglo. “El imperio político se impone para establecer el monopolio económico en la colonia.”
Mientras tanto los políticos coloniales aplauden sin pudor la entrega del país. Claro, la corrupción, con la sonrisa del colonizador, ha permitido montar una brillosa fogata de diversión que tiene atolondrado al partido de gobierno. Hay una cualidad innegable en la cúpula de ese partido. Allí se ha atrincherado una claque económica poderosa en torno a la figura del gobernador que pretende derrotar cualquier intento de primarias en el partido. Si la Comisionada Residente quiere lanzar su reto, tendrá que enfrentar esa claque que ya tiene el hedor de una mafia. Claro, no podemos negar que estos caballeros van bien vestidos. Tienen hermosas chaquetas y corbatas brillosas. Nosotros, sin embargo sabemos, que la honradez rara vez va de compañía con el dinero.
