El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reiteró el domingo en un mensaje al País que se propone mantenerse en su puesto hasta el fin de su término. Esa parece ser la transacción negociada por él con sus aliados dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP). Primero renunciar a la presidencia del partido y desistir de presentarse como candidato a la reelección el año próximo. Aplacados los ánimos a lo interno, buscaría entonces la manera de intentar sostenerse en el puesto. Obviamente, sus allegados quieren zafarlo del desprestigio de una renuncia forzada o del tajante juicio político de residenciamiento que irremediablemente lo relegará al zafacón de la historia. Para hacerlo se han valido de quienes son, en este momento, su única tabla de salvación: los incondicionales de su padre y, por lo tanto, suyos en el partido, así como otros y otras dentro del liderato de la colectividad que, por distintas razones, puedan ser blanco fácil de la manipulación y el chantaje.
El Gobernador se resiste a aceptar que ya su situación ha llegado al punto de no retorno; que su mal gobierno y sus mentiras le han cerrado la puerta a cualquier posibilidad de reivindicación política ante el pueblo puertorriqueño. Nuestro pueblo llevaba mucho tiempo “tragando”, pero los arrestos por corrupción de las ex jefas de Educación y de la Administración de Servicios de Salud (ASES), y de varios contratistas de su gobierno, y la publicación íntegra del contenido del infame “chat” -donde el Gobernador planificaba tropelías, y perpetraba abusos y burlas con su círculo íntimo de colaboradores- han colmado su paciencia hacia esta administración corrupta, torpe, inepta e insensible, y roto el dique de la indignación popular.
Desde los tiempos en que el pueblo puertorriqueño se unió al de Vieques en su lucha por expulsar la Marina de Guerra de Estados Unidos, no se había vuelto a ver una militancia tan masiva, un juicio tan implacable y una determinación mayor de los más amplios sectores de nuestra población para perseguir un objetivo común, como durante estos pasados días. En el Viejo San Juan, en todo Puerto Rico y dondequiera que hay boricuas en Estados Unidos y alrededor del mundo, se escucha un único grito: “Ricky, ¡renuncia!”
Sobre este asunto, nuestro pueblo ya rindió su veredicto y trazó la raya. El Gobernador tiene que renunciar. Si no, continuará creciendo la exigencia para que sea residenciado y removido de su cargo, porque los múltiples delitos que él y su pandilla de canallas en el gobierno han cometido contra los haberes públicos, y contra la dignidad y decencia de nuestro pueblo, lo han convertido en un paria en su propio país. Ya su situación rebasó los límites de lo negociable, y así queda evidenciado en la amplitud de la protesta, a la que se han sumado todos los sectores: artistas, empresarios privados, medios de comunicación, trabajadores, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, la oposición política e incluso muchos en el liderato y la base del PNP que comparten la vergüenza del pueblo por la corrupción rampante, y por los estilos y conducta de la claque cercana al Gobernador.
En Estados Unidos, Rosselló también se ha convertido en un lastre político, recibiendo el repudio de congresistas, senadores, precandidatos presidenciales y del propio presidente, Donald Trump. Está tan deteriorada su imagen, y es tan profunda la desconfianza en su integridad y capacidad para gobernar, que en Washington se le han cerrado todas las puertas. ¿Cómo pretende, entonces, seguir gobernando sin el respeto y el acceso a los dueños de la colonia?
Al cierre de estas líneas se celebra en San Juan la manifestación popular más multitudinaria de que se tenga récord en décadas recientes. Pareciera que se ha volcado el pueblo entero en un reclamo interminable por la salida del Gobernador, voluntad que no parece tener visos de amainar, y que podría transformarse en el detonante de cambios profundos en la política puertorriqueña.
Por eso, los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes deben tomar en serio su responsabilidad de escuchar los reclamos y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. No basta con haber salido de Rosselló en el PNP, aunque sea muy conveniente para ellos. Las ofensas del Gobernador son contra todo el pueblo, por lo que negar la voluntad popular y darle largas al inicio del proceso de residenciamiento sería una grave negligencia de su parte. Acoger sin dilación ni excusas las recomendaciones del informe del comité de juristas nombrado por el Presidente de la Cámara de Representantes, sean éstas las que sean, es lo que procede de inmediato, para comenzar a buscar las soluciones reales que este momento histórico requiere.
La obsesión de Ricardo Rosselló con aferrarse a su silla amenaza la paz, la tranquilidad y la estabilidad públicas, y afectan aún más el entorno económico del País. Por eso, redoblemos la presión y la militancia por su renuncia o residenciamiento. Por una vez en su vida, Ricardo Rosselló debe saber que sus caprichos tienen un límite y que ese límite es la voluntad soberana del pueblo de Puerto Rico que decidió que él debe irse.
