Puerto Rico no puede pagar y la Junta malgastando

“Uno no puede ahorrar de algo que nunca puede pagar”.

Es cuestionable el argumento de la  Junta de Control fiscal (JCF), de que le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico el pago de $70 mil millones de dólares de deuda y que  ahora solo le resta pagar un poco más de la mitad cuando el gasto en pagos a consultores, asesores y abogados que ha contratado  la Junta y el gobierno  suman más de $2,000 millones. Esa cantidad  es seis veces mayor  al estimado original de  $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos  2016, al calcular el costo que tendría la ley PROMESA para Puerto Rico.

Para el director de Investigación de  Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaria Ots, ese argumento de la Junta es cuestionable y muy dudoso porque  no se puede ahorra de algo que no se puede pagar. En un recién presentado informe  a la prensa del país,  EA trajo a la luz  que hasta el presente la Junta ha  gastado -y los puertorriqueños hemos pagado-:  $308,111,005 para aquellos consultores  y representación legal contratados fuera del proceso de Título III, $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal (Tribunal de EE UU en Puerto Rico)  para un total de $2,021,957,705.

EA llamó la atención a que la Junta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. El señalamiento de falta de transparencia y descontrol de la Junta respecto a los gastos -declaró EA- toma una   mayor relevancia debido a que  ésta solicitó  aumentar de $50 mil a $100 mil la partida que retienen mensualmente los representantes legales de la Junta.

En entrevista con este medio, Santamaria Ots, coincidió en que la cifra de gastos es mucho dinero para Puerto Rico. Aunque señaló que los procesos de quiebra son caros, reparó que, al final,  lo importante es que no hay unas  proyecciones de la Junta de cuánto más se debería gastar.  Apuntó que el Congreso estimó que en un periodo de 10 años el proceso de quiebra costaría $370 millones. “Eso ya de por si es una cantidad fuerte para Puerto Rico  con los desafíos que tiene. Ahora vemos que todavía no ha acabado la década y ya se ha gastado más de cinco veces  lo que se estimó y no hay aún una proyección clara de cuánto más se va a gastar”.

El economista indicó que cuando se compara con deudas similares, el exceso de gastos de la JCF puede tener algo de exageración. Por ejemplo la ciudad de Detroit, aunque es un municipio y no una jurisdicción o estado, tenía una deuda de $6 mil millones y la reestructuración de la deuda llegó a los $200 millones en costos. Aquí la deuda era de $70 mil millones, y a ocho años, los costos sobrepasan los $2mil millones y sigue aumentando.

Al ejemplo de Detroit trajo otros ejemplos, como la quiebra de la firma de inversiones Lehman Brothers en el 2007, que tenía una deuda casi diez veces más grande que la de Puerto Rico,  una deuda de $600 mil millones  y el proceso no llegó a los $1mil millones en costo. Es decir, costó la mitad de lo que hasta ahora ha costado la quiebra de Puerto Rico. Recordó que todavía estamos en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y no hay plazo aún para su conclusión. “Cuando se compara a otras reestructuraciones del sector privado, la de Puerto Rico debe estar entre las dos o tres más caras de la historia. Eso, para un país como Puerto Rico  es inexplicablemente oneroso”, expresó Santamaria Ots.

Sobre el proceso de la AEE no dejó pasar por alto que este se encuentra  atrasado, por lo que la juez Swain emitió  una orden para que la JCF  entregue un calendario para la presentación del plan de ajuste (PAD)  antes del 28 de febrero de 2025. La AEE que es la principal de las corporaciones públicas en la reestructuración, tiene una deuda total estimada en aproximadamente $12 mil millones en el proceso del Tribunal de Título III, lo cual ha representado un desembolso de dinero público para consultores y abogados de sobre $438 millones. Entre 2023 y principios de 2024, dichos desembolsos aumentaron de $181 millones a $438 millones, un incremento del 142.3%.

Un aspecto que destaca el informe de EA es el hecho de que la JCF  no justifica ni explica sus gastos, ni las razones para pagar tanto. El director de Investigación de EA expuso que la Junta solo   transparenta un 15% de sus gastos de consultoría, y la mayoría de los gastos- el 75%- tienen que ver con gastos del tribunal. “Es un punto  importante porque entendemos que transparencia a medias no es transparencia. La Junta dice que esos datos se pueden encontrar en los documentos del tribunal, pero son documentos muy técnicos”. Se supone que las facturas son examinadas por un Oficial examinador.

Para su informe, EA  usó como base  los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador de los casos Título III pendientes ante la corte de quiebra. Estos datos fueron utilizados en un primer estudio de 2023, “Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración de Puerto Rico”. El presente estudio, “El costo de los consultores de la Junta: una cuenta que  paga el pueblo y no cesa”, es una actualización de los datos a diciembre   de 2024.  El estudio  identificó que en ese nuevo periodo, el gasto en consultores continuó y se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77%, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,021,957,705.

A nuestra pregunta de cuál ha sido la reacción pública al informe, Santamaría Ots dijo que  ha  habido mucha  sorpresa ya que nadie tenía en el radar que el gasto iba a ser tan grande.  “Ha  sido un ejercicio muy válido. No hay justificación para que la Junta no sea más transparente en el informe de sus gastos. Lo que señalamos no es por señalar. La gobernadora, que ya lleva varias semanas en el cargo, creo que está experimentado por primera vez lo que es el uso y costumbre de la JCF”.

Se refirió a lo sucedido con el plan fiscal de la AEE, que la Junta lo certificó sin discutirlo con el gobierno de Puerto Rico.  “Esa  es la práctica de la Junta. Nosotros, el pueblo, pagamos la factura pero las instituciones del gobierno no tienen acceso  a los números que sustentan las decisiones y acciones de la Junta”, denunció Santamaria Ots.

El economista llamó la atención a los gastos en pagos que tiene el pueblo de Puerto Rico. “El gobierno no solo toma decisiones a base de sus empleados públicos.  También contrata asesores,  y están los gastos de la Junta. Hay tres niveles de  gastos: lo que informan los oficiales públicos,  los que informan los asesores de los oficiales públicos  y lo que informan los asesores de la Junta. Esto es injusto para el pueblo de Puerto Rico y demasiado oneroso”, recalcó.

Santamaria Ots confirmó que el caso de la deuda de Puerto Rico va a ser uno que en el futuro muchas jurisdicciones en apuro van a estudiar, por sus muchas dimensiones y la complejidad de la reestructuración, pero también por el gasto astronómico del proceso. Van  a aprender de los errores de  una jurisdicción con falta de recursos. “Uno no puede ahorrar de algo que nunca puede pagar”.

Espacios Abierto el informe de gastos de los cinco principales pleitos que hay en la corte. En el mismo  se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera:

• $1,120,342,804 del pleito del Gobierno de Puerto Rico
• $ 438,803,487 de la AEE
• $ 62,816,103 de COFINA
• $ 51,165,166 de la Autoridad de Carreteras
• $ 39,758,739 del Sistema de Retiro del ELA
• $ 960,400 en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos.

Además, se han desembolsado $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, los cuales son detallados parcialmente por la Junta de Supervisión Fiscal y pagados de su presupuesto anual.

Los gastos en consultores del pleito del Gobierno Central aumentaron de $870,449,697 a $1,109,013,249, reflejando un incremento del 27.41%. La AEE tuvo el mayor aumento relativo, de $181,100,752 a $438,803,487, lo que representa un incremento del 142.30%.

El caso de la Autoridad de Carreteras también vio un aumento, de $41,004,842 a $51,165,166, para un 24.78% más. El del Sistema de Retiro pasó de $36,658,795 a $39,758,739, aumentando en 8.46%. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.

A continuación las  firmas que reportaron los mayores aumentos en el periodo de 14 meses fueron (*):