CLARIDAD
Por si no fuese suficiente haber privatizado el sistema eléctrico, las autopistas, el aeropuerto, los muelles de San Juan, la salud y la administración de la vivienda pública, ahora el gobierno de la administración del Partido Nuevo Progresista pretende privatizar toda el área este del país bajo un llamado Consejo de Desarrollo Económico (CDE).
Se trata del proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, el PC 862, a petición de la organización Foundation for Puerto Rico (FPR), confirmó a CLARIDAD la representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Nelly Lebrón Robles. El proyecto, indicó, es de este cuatrienio, no es uno reciclado.
Al presente, la medida se encuentra en comisión y se espera que se atienda en la próxima sesión legislativa. El proyecto propone entregar a la FPR la creación de dicho consejo, al cual se le otorgan todos los poderes de gobernanza de los 15 municipios que integran la zona este del país, que van desde Loíza, hasta Vieques y Culebra, es decir, el 20 % del este del país.
La legisladora Lebrón Robles apuntó que la FPR se presenta como una organización cuyo trabajo es, básicamente, ser creadores de ideas, que dan apoyo y estrategias para el desarrollo sustentable de turismo ecológico. En esa línea, expresó que en reuniones que ha tenido en las comunidades de los municipios que son parte del Corredor Ecológico, estas han expresado estar bien preocupadas porque parte del desarrollo que está apoyando la FPR son construcciones en las zonas protegidas del Corredor, e incluso eso es parte de lo que indica el PC 862.
Agregó que se han reunido con algunas comunidades y alcaldes y todos tienen las mismas preocupaciones, debido a que la medida es una ambigua, que no se sabe lo qué va a pasar, ya que le quitan poderes a los municipios. “Ahora tenemos dos pisos: la Junta de Control Fiscal, que es la que manda en este país, y ahora Foundation for Puerto Rico.
Lebrón Robles advirtió que todavía no se sabe si habrá vistas públicas. El proyecto se presentó en septiembre del 2025. “Todavía no hay un calendario para la próxima sesión, que comienza el 13 de enero. Así que estaremos pendientes. Seguimos visitando a las comunidades y reuniéndonos con los grupos comunitarios”. Un señalamiento que Lebrón Robles no dejó pasar por alto es que en dicha fundación hay personas que fueron contribuyentes del PNP.
“De su raíz, es una privatización del país. Si se implanta a la trágala, no hay por qué no creer que se va a implantar en otras partes del país. Lo que van a hacer es beneficiar no a las comunidades. Esta supuesta organización sin fines de lucro va querer entrar en esas áreas, sectores más desposeídos del país”.
En entrevista por separado, el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización El Otro Puerto Rico, (OPR) destacó que el Consejo constituye de facto una privatización, ya que el consejo será una entidad privada compuesta en su mayoría por entes privados, ninguno de sus integrantes podrá ser un funcionario electo. En el caso de la participación de los municipios, se dispone un solo representante para los 15 municipios, que no seré un alcalde, y el Consejo va a decidir si se acepta o no. Tampoco se contempla ningún tipo de participación ciudadana. El proyecto dispone que el gobierno le otorgue la suma de $1.5 millones al inicio.
Ortiz Menchaca expuso que el proyecto otorga al Consejo poderes para desarrollar e implementar planes de desarrollo económico en conjunto para los 15 municipios. Se le entrega toda la administración, concesión de privilegios comerciales sobre todos los activos naturales y públicos de la zona este. Se les da potestad para dar en concesión, para administrar, decidir sobre todos los medios de transportación pública, poderes para determinar qué tipo de industrias, de negocios se establecen en los 15 municipios e, incluso, se le dan poderes para determinar qué tipo de educación secundaria se quiere promover en la zona.
También se le otorga al ente privado la capacidad para representar a los municipios ante organismos del Gobierno de Puerto Rico, el Gobierno de EE. UU. y a nivel internacional. “Para colmo, les da capacidad de tomar prestado a nombre de los municipios, para emitir bonos. No dicen quién va a pagar los bonos, el proyecto calla sobre eso. Este proyecto es supervago en muchos asuntos en que las repercusiones son extraordinarias y no se explican, lo deja todo muy abierto”, tronó el director ejecutivo de El Otro Puerto Rico. Como abogado, reparó en que al dejarlo tan abierto y darle tanto poder al ente creado, cuando le toque en su día acudir a los tribunales para dirimir controversias, que van a surgir, los poderes son bien amplios y las cortapisas muy pocas.
El llamado Consejo puede incluso establecer oficinas regionales en los distintos municipios. “Lo más fuerte, además, es que pueden cobrar directamente impuestos e imponer cuotas de mantenimiento ambiental. Lo que te está diciendo es que te pueden cobrar para entrar a una playa. Por ejemplo, pueden poner un portón frente a Piñones e imponer una cuota para entrar a Piñones”, ilustró como ejemplo, Ortiz Menchaca.
Recalcó que dar a empresas privadas el manejo de los bienes públicos implica una privatización de facto. Trajo a la atención el hecho de que se le esté dando todo ese poder a una empresa privada, sobre todo, a una organización sin fines de lucro en particular, una fundación que está sufragada en buena medida por beneficiarios de la Ley 22, ahora Ley 60. Más aun, afirmó que una de las bases para el proyecto, y así lo dice, es precisamente que la Ley 60 es una forma de sufragar los trabajos del ente.
“Eso implica que los inversionistas pueden decir al consejo que quieren invertir $100 millones en Luquillo y Fajardo y a cambio le vas a dar la concesión de todas las playas de Luquillo y Fajardo, con todo y estacionamiento”, manifestó.
Al igual que la legisladora Lebrón Robles, Ortiz Menchaca cuestionó en dónde quedan las iniciativas de los municipios, ya que todo el poder de decisión se le otorga al Consejo. Aunque el proyecto habla de coordinar los esfuerzos, a la vez dice que es el Consejo el que diseña e implementa los planes, lo que entonces evidencia que no hay ninguna coordinación.
“El que paga el baile es el que decide la música que se toca. Pues, entonces le da vía libre a los inversionistas”. Ortiz Menchaca afirmó que El Otro Puerto Rico, se mantiene orientando y organizando a las comunidades, ya que tienen claro que el proyecto se verá en la próxima sesión legislativa.
“Se nos va la vida. Viendo el desarrollo y el desplazamiento de los últimos diez años, entendemos que están construyendo un modelo de gobernanza para el futuro y que si aprueban esto, en diez años más, ¡no cien!, lo van hacer en el sur, en el oeste en la montaña… es el Puerto Rico sin puertorriqueños o puertorriqueños pobres para la servidumbre”.
