Declaración de prensa de la familia Negrón Cintrón
El pasado 10 de junio la Familia Negrón Cintrón convocó a la prensa del país con el propósito de denunciar los procesos y circunstancias que habían permitido que el feminicida de su hija, madre, hermana, Ivonne Negrón Cintrón, estuviera siendo considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) para ser devuelto a la comunidad, cuando solo han transcurrido diez años desde que la apuñalara múltiples veces, que desmembrara su cuerpo y que ocultara el cadáver a sus familiares durante varios días. Juan Ramos Álamo fue juzgado por asesinato en primer grado, aunque el Jurado lo encontró culpable en septiembre de 2014 por Asesinato en Segundo Grado, además de delitos relacionados con destrucción de evidencia y ley de armas.
A través de la prensa quisimos alertar al pueblo de Puerto Rico sobre el dolor que estaba reviviendo nuestra familia a causa del feminicidio y la reciente notificación que nos hizo la JLB de que podrían liberar a la persona que, de forma extremadamente cruel y violenta, le quitó la vida a Ivonne. Nuestra intención era que familiares y víctimas secundarias de la violencia machista estuvieran alertas porque podrían recibir una sorpresa como la que estamos enfrentando.
Denunciamos el 10 de junio que era altamente cuestionable la rehabilitación de Ramos Álamo, cuando solamente han transcurrido diez años de su encarcelamiento. Señalamos también que, de los pocos documentos que nos entregó la JLBP, surgen contradicciones que sostienen la desconfianza que tenemos en los procesos e información generada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para hacer el referido a la Junta. Precisamos que la corporación Physician Correctional, desprestigiada por su participación en los trámites que culminaron en la ilegal excarcelación del también feminicida Hermes Ávila Vázquez, tuvo a cargo adiestramientos y programas que se le proveyeron al asesino de Ivonne como parte de su rehabilitación. Destacamos la falta de recursos y de peritaje de la JLBP para evaluar la peligrosidad de los convictos que tiene ante su consideración, su nivel de rehabilitación y el impacto comunitario que puede tener su excarcelación.
Los sucesos acontecidos con posterioridad a la conferencia de prensa confirman nuestra denuncia de que la evaluación del caso del feminicida de Ivonne era cuestionable y que su excarcelación exponía la seguridad de sus familiares y de la comunidad en la cual viviría. Dos días después de nuestras expresiones públicas, un oficial sociopenal del Programa de Comunidad de la JLBP en Caguas, entrevistó a varios integrantes de nuestra familia como parte de la investigación de comunidad, que no se había llevado a cabo, a pesar de que ya había una vista pautada. Tres días más tarde se nos informó que la vista del 22 de julio había sido cancelada. La nueva fecha sería el 14 de agosto.
Mientras tanto, hicimos una solicitud formal a la Junta mediante carta entregada a la mano y también por la vía postal certificada, en la cual solicitamos el expediente social y el penal del feminicida, con el propósito de contar con más información para preparar la posición que presentaremos en la vista que se celebre eventualmente. El 7 de agosto recibimos la llamada de una funcionaria de la JLBP para notificarnos una nueva posposición de la vista debido a que el DCR no les había entregado toda la documentación necesaria. A través de una comunicación escrita se nos hizo saber que ha sido señalada para el 4 de septiembre, pero no sería de extrañar una nueva posposición.
En cuanto a la solicitud de expedientes que hicimos, una representante de la Junta nos informó que la petición debía hacerse directamente al DCR porque, según su interpretación, “la JLBP es solamente un enlace”. Es cuestionable la contestación de la funcionaria. La Junta no es un enlace, sino la entidad que tiene la responsabilidad de evaluar y determinar si la persona convicta que está solicitando el privilegio de la libertad bajo palabra cumple los criterios para estar en la comunidad y las condiciones que le serán impuestas. Con esta afirmación se demostró, una vez más, la falta de claridad y certeza en los procedimientos del organismo administrativo.
Afortunadamente y debido a nuestra insistencia, personas mejor preparadas en la JLBP han estado atendiendo la solicitud de información y documentos que hicimos.
Nuestra familia se ha mantenido atenta a los trámites que lleva a cabo el organismo y le hemos dado seguimiento mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. También nos hemos comunicado en el DCR con las funcionarias cuyos nombres nos han sido provistos por algunas empleadas de la Junta, a pesar de que la reglamentación que regula los procesos le adjudican la responsabilidad de proveer la información a la JLBP.
Entre otras cosas, nos hemos percatado de que hay variadas versiones sobre las vistas. Pueden citar entre 20 y 30 personas confinadas para el mismo día. Algunas participan de forma remota y otras de manera presencial. También es evidente la diversidad de versiones que tienen las funcionarias de la agencia sobre el acceso a la información que pueden tener las víctimas sobre la vida carcelaria del confinado y su proceso de rehabilitación.
Estamos firmes en nuestro empeño de asegurarnos de que la solicitud de libertad bajo palabra presentada por Juan Ramos Álamo sea evaluada en profundidad y tomando en cuenta no solamente el término que haya cumplido, sino que se verifiquen los criterios de rehabilitación y reeducación, que se tomen en cuenta los niveles de peligrosidad para las víctimas secundarias y para la comunidad, que se verifique a la saciedad la información que ha ofrecido el convicto, la cual en este caso no parece haber sido transparente y, sobre todo, que la Junta no dependa exclusivamente de los informes y evaluaciones del DCR, para formarse una opinión a base de la cual va a emitir su decisión.
Si no hubiésemos hecho la denuncia en el caso del feminicida de Ivonne Negrón Cintrón, quién sabe cuál hubiese sido el resultado luego de la vista que, sin tener toda la información necesaria, había sido pautada originalmente para el 22 de julio. Tenemos la esperanza de que lo que estamos haciendo le sirva a otras víctimas y familias para conocer sus derechos y lograr que se haga justicia.
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