CLARIDAD
Con un plan de retribución que no se revisa desde el 90 y después de 17 años sin recibir un aumento de sueldo, la administración de la Autoridad de Puertos (AP) se resiste a sentarse con la representación sindical de las y los trabajadores de dicha corporación pública para discutir el Plan de Clasificación y Retribución (PCR), lo que se supone es la política pública del actual gobierno.
Felipe Landrau, presidente de la Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas de la AP, (HEORA-AP), denunció a CLARIDAD que mientras hay corporaciones públicas que ya han preparado su plan, aunque algunas a cuenta gota, en el caso de la AP ni siquiera hay un acuerdo de cuándo van a comenzar. Aun cuando la administración buscó la información de cada plaza, no ha hecho nada más. Se supone que desde febrero del 2022 cada agencia pública y cada corporación estuviesen preparando su plan.
El representante sindical de los trabajadores de la AP levantó bandera ante la demora en la preparación del plan y en que según se van retirando los empleados las plazas quedan congeladas parece indicar que lo que se quiere es desmantelar a la AP para la privatización. Al presente, a la AP le quedan alrededor de 160 empleados, que son los que trabajan en las áreas operacionales de aeropuertos y áreas de conservación adicional y algunos en los muelles. La AP ya ha privatizado algunas de las áreas que más dinero generan, como el aeropuerto Luis Muñoz Marín y los muelles de carga de Isla Grande, que se han ido concediendo a operadores privados. El resultado es que casi no hay injerencia de la AP en Isla Grande, indicó.
Según denunció, la excusa que ha dado el director ejecutivo de la AP, Joel Pizá Batiz, para la demora es que no ha conseguido quién haga el plan. Landrau señaló que para eso está la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) del Gobierno y que también se puede contratar a una agencia privada, que es lo que han hecho otras corporaciones. Pero la AP se ha negado a contratar a alguien. Comparó esta situación con el caso de COSEC, cuyos empelados también representa la Hermandad, que ya están próximos a discutir su plan.
Landrau expresó que este año no será, pero existe la amenaza de que de continuar la actual administración, otras facilidades de la AP, como lo son los nueve aeropuertos regionales, sean privatizados.
En entrevista por separado, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves, en solidaridad con los y las trabajadoras de la AP, declaró que “no hay duda de que Joel Pizá está utilizando distintas estrategias para tratar no solo de debilitar la unión, sino de crear las condiciones para privatizar lo que quede bajo la AP, y es por eso que el retrasa la discusión de un plan de retribución y clasificación”. Reparó en que aunque como se han implantado los planes de clasificación y retribución tienen sus deficiencias, todo el mundo está hablando de ellos. Sin embargo, en el caso de la AP no está ocurriendo nada.
El presidente de la CPT fue categórico al denunciar que el propósito de demorar la preparación del plan de clasificación y retribución es reducir el personal para entonces hacer el plan. Eso le permite a la AP privatizar lo que quede, aunque se le ha hecho difícil privatizar los aeropuertos regionales.
Al igual que Landrau, Nieves señaló que Puertos puede acudir a la OATRH para hacer el plan, la cual ya se lo está preparando a otras corporaciones públicas. “Así que él como gobierno (se refiere a Pizá Batiz) sabe que tiene a OATRH. La verdad es que no ha habido voluntad política para atender eso”. También denunció que en la página de Facebook de la agencia hay un anuncio del director ejecutivo de la AP que dice ‘cumplimos’ en referencia a los aumentos que se le han otorgado a bomberos y a maestros: “Celebra estos, pero no atiende los reclamos de justicia salarial de los trabajadores de su agencia”.
