El gobierno de Puerto Rico no está preparado para atender una próxima emergencia ya sea de huracán o de cualquier otra índole y más aún en efecto de tener un plan eso no significa que tenga ninguna garantía. Así lo atribuyeron y describieron -en entrevista por separado- dos planificadores a raíz del anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de que ya el gobierno tenía listo un Plan de Emergencia, pero que este no se podía divulgar por tener partes sensitivas de comunicaciones. La administración de Rosselló Nevares, tampoco ha querido proveer a la Prensa copia del supuesto documento.
Para el veterano planificador doctor Félix Aponte, el hecho de que el gobierno anuncie al cabo de un año del paso del huracán María, que ya tiene listo un plan de emergencia nada dice que el supuesto plan tenga alguna garantía. “El que haya un plan ahora -debe haberlo- nada dice que tiene garantía, en la medida que se lo han ido reservando y ahora sí que botaron la bola porque ahora es y que medio confidencial que hay unas partes críticas de comunicaciones entonces sí que nos chavamos”.
Aponte, quien entre otros cargos fue miembro de la Junta de Planificación, ofreció una exposición del desarrollo de estos planes en el país. Apuntó que la preparación de planes de emergencia son ya procedimientos estandarizados que exige la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés), por lo que en el momento en que nos azotó el huracán Maria, había un plan de emergencia lo que sucedió fue que el gobierno no lo siguió. Aponte, quien trabajó en varios procesos de preparación de planes de emergencia relató que incluso antes de FEMA exigir los planes bien, o mal, limitado el gobierno de Puerto Rico tenía una estructura mínima de razonar sobre distintos escenarios de emergencia, y que aun con pocos recursos, esa estructura permitía contestar las preguntas sobre quién tiene que hacer qué, cuándo, cómo, qué recursos se necesitan; y dos cómo se coordina eso. El tema de la planificación de emergencia profesionalmente se está trabajando desde el año 1979, cuando el azote de los los huracanes David y Federico.
“Con el avance del conocimiento las técnicas se han ido incorporando de forma acelerada, la capacidad de anticipar los factores de peligro y el comportamiento de peligro sea huracán, terremoto, maremoto, lo que fuera en la población humana. El concepto de manejo de riesgo, del factor de peligro y la vulnerabilidad que existe, sobre qué gente y qué propiedades están expuestas y qué daños se pueden anticipar eso ya se ha ido puliendo y es un proceso continuo de documentación”. Puntualizó que luego del diagnóstico se supone que el plan contengan medidas preventivas y remediativas.
Después del huracán Georges en el 1998, -dijo- FEMA comenzó a requerir y a financiar, para que Puerto Rico tuviera un Plan Multi Riesgo de Puerto Rico. El planificador afirmó que el participó como consultor – por la Escuela de Planificación de la UPR- en varios equipos de trabajo en la preparación de estos planes. Pero con el tiempo ese trabajo se fue moviendo a consultores y luego se concentró en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia (AEMA) y luego en lo que ahora es el Negociado para el manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y una poca de participación de la JP.
Aponte recalcó que es requisito del gobierno de Estados Unidos que cada estado y jurisdicción tenga preparado de antemano un plan de mitigación de multi riesgo, por lo que se supone que el año pasado hubiese el plan y en efecto lo había. “Pero el gobierno no lo siguió”.
Agregó que se supone que cada uno de los 78 municipios tenga su plan antiriesgo, para los cuales FEMA también dio dinero. Estos planes municipales se supone que estén en referencia al Plan de Emergencia Nacional. De hecho, acotó que los planes de los municipios se supone que estén en base a eventos como María, en ellos se considera que el impacto y efecto anticipado de eventos de esta naturaleza supera por mucho la capacidad de cualquier municipio -incluyendo las ciudades grandes- de poderlo manejar solos.
El planificador, quien también fue miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), continúo describiendo que hay un entendido operacional en el plan de emergencia de que los municipios están agrupados en regiones operacionales -desde la antigua Defensa Civil. Se supone que en la actualidad en cada una de esas regiones operacionales se asigne un grupo de trabajo multiagencial, coordinado por la AME. Ademas de un comité central nacional, “donde están las agencias que ordinariamente “dan el show”, se refiere a que son los que salen ante las cámaras al país. Los centros de operación se supone que han estado articulados por años.
Describió que el plan de emergencia contenía la utilización de la red telefónica que tenía y que se supone que todavía tenga la Defensa Civil, además de la banda de la Policía y la del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la cual incluye a los dos islas municipios, Vieques y Culebras, y la Isla de Mona. Por si eso no era suficiente había el concepto de los ‘runers’ (corredores) una persona designada para cuando hubiese aislamiento de alguna comunidad, la persona llegara fisicamente al lugar que se sospechaba estaba aislado ya sea en carro, en motora, caballo, bicicleta como fuese, recogía información para regresar y entregarla al comité coordinador.
A la luz de esta relación y lo que el país vio y vivió durante la emergencia de María el planificador reiteró su denuncia de “nada que ver que el gobierno de Rosselló haya seguido ese plan. Si las personas que van a poner en vigor el plan son unos ignorantes, para no decir insensibles, además de corruptos, entender lo que implica y ejecutar de forma inteligente un plan de emergencia, requiere de funcionarios electos o designados capacitados para eso”, manifestó. Aponte denunció que con los años estos planes se han ido abandonado lo que en Maria hizo crisis debido a que la situación exigía un nivel de preparación para catástrofes no para emergencias “y la gente que estaba a cargo del país nada que ver, ¿qué hicieron? se refugiaron allí en Miramar con aire acondicionado mientras el país …”, expresó en tono de indignación.
Por su parte la planificadora ambiental, Ingrid Vilá, señaló que “desafortunadamente” el gobierno no está preparado para enfrentar otra emergencia, ya sea huracán o de otra índole. “Desafortunadamente no lo está. Y es que queda claro que el gobierno, aún tras la experiencia del huracán María, no ha llevado a cabo un proceso de introspección real de por qué la respuesta fracasó y el funcionamiento del gobierno colapsó”.
A preguntas de qué fue lo que falló, Vilá denunció que más allá de lo que ya se conoce, de que los funcionarios de gobierno no siguieron ni implementaron los planes de emergencia que existían y lo que se dio fue una absoluta improvisación, “queda claro que el gran fracaso se debe a que el gobierno no tiene relación ni conexiones reales con la sociedad, con los sectores que está supuesto a servir”.
Vila, cuestionó el que si fueron las comunidades, los municipios, las estructuras de sostén social las que respondieron de manera efectiva ante la emergencia, cómo que ahora el gobierno dice estar preparado para una futura emergencia sin integrarlos de manera activa, ni tomarlos en consideración.
La Ingeniero Ambiental llamó la atención a que de igual manera ha quedado claro que la fragilidad de la infraestructura pública y del servicio del gobierno es resultado de las políticas de austeridad, la politización y la corrupción. Ejemplo de ello, es la situación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “La precariedad del sistema eléctrico se debe en gran medida a que la austeridad la ha dejado sin los empleados que necesita y sin los fondos para el mantenimiento de su infraestructura. De igual manera la politización y la corrupción propiciada por los funcionarios electos han descalabrado la dirección de la AEE obstaculizando cualquier transformación sensata y necesaria”.
A juicio de Vila luego del huracán el gobierno no ha cambiado su actitud y continúa con la implementación de políticas de austeridad para los trabajadores y con decisiones erradas e improvisadas basadas en presiones políticas y de intereses que en nada vienen a beneficiar al país o a que esté mejor preparado ante futuros eventos extremos. “Hoy estamos ante un gobierno tan encerrado en sí mismo como antes del huracán y una infraestructura tan o más vulnerable”.
Respecto al anuncio del gobernador de que se le había pagado a una firma llamada ISP para que haga un plan para el gobierno y para 30 agencias, Vila reaccionó que en su lugar el gobierno debió haber realizado unas jornadas de trabajo a través de la Isla, para recoger las lecciones aprendidas en cada comunidad y diseñar junto a cada comunidad y cada sector planes de respuesta.
En esa dirección trajo a la atención que el huracán María dejó claro que para que la respuesta a una emergencia sea efectiva tiene que: Haber claridad en las responsabilidades de cada actor social (no solo el gobierno estatal o federal): los consejos vecinales, el sector laboral, las organizaciones estudiantiles, organizaciones religiosas, organizaciones sin fin de lucro, sector privado, municipios, etc. Se deben establecer canales efectivos de comunicación con y entre las comunidades y los sectores; Reconocer y apoderar a las comunidades como el primer frente de respuesta: Descentralizar la responsabilidad de respuesta: Delegar mayor poder y recursos a municipios y comunidades.
