A escasas cinco semanas de que entre en vigor el contrato negociado entre el gobierno de Puerto Rico y la empresa privada, LUMA Energy, para la administración y operación de la red de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el consenso generalizado en el país es de incertidumbre y cuestionamiento del acuerdo. Pautada para iniciar el próximo 1 de junio, sobre la proyectada operación de LUMA Energy en la Isla pende un velo de incertidumbre. Solo 505 de los empleados actuales de la AEE han aceptado la oferta de empleo de la empresa extranjera, de una fuerza laboral de 4, 200 empleados que tiene el área de transmisión y distribución de la corporación pública. El propio presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, ha admitido que la empresa necesitaría al menos 3,800 empleados para poder cubrir las necesidades de servicio de la operación de Puerto Rico.
Pero ese no es el único escollo que enfrenta la transacción. Las vistas celebradas por la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que tan mal le sentaron a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, no dejan lugar a dudas de que hay razones de sobra y de diversa índole para cuestionar un acuerdo que se aprobó atropelladamente en solo 43 minutos por la Junta de Gobierno de la AEE, según admitieron sus propios miembros en su comparecencia a la vista cameral.
Organizaciones de Puerto Rico que casi nunca coinciden en sus posiciones sobre los asuntos públicos, en esta ocasión se unieron para urgir que se revise este contrato del que surgen más preguntas que respuestas. Así se manifestaron uno tras otro, los representantes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, del Colegio de Abogados y Abogadas y del Instituto para el Análisis Financiero y Económico de la Energía (IEEFA, por sus siglas en inglés), quienes trajeron a la atención de los legisladores sus dudas sobre diversos aspectos del acuerdo. Sobre todo, resultó sorprendente la asertiva participación de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la principal y más amplia organización de la empresa privada en nuestro país. Suscrita por su presidente, Carlos Rodríguez, la ponencia de los industriales levantó importantes interrogantes sobre tres áreas de vital importancia para Puerto Rico, que no quedan claras en el contrato. Por ejemplo, determinar cuáles serían las métricas para la evaluación de desempeño y cumplimiento de LUMA Energy, ofrecer información detallada sobre las partidas de gastos reembolsables, y disipar la incertidumbre sobre la posibilidad de que LUMA Energy pueda abandonar el país ante un evento de fuerza mayor.
En entrevista con CLARIDAD, el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, manifestó las preocupaciones de su organización ante las fallas identificadas en un contrato que no ofrece la información completa que permita proyectar resultados. Aunque el CNE haya sido un crítico consecuente de la operación y administración de la AEE, Marxuach señala que lo contratado con LUMA Energy no es el modelo de operación energética que Puerto Rico necesita hacia el futuro, y recomendó mirar otros modelos existentes en Estados Unidos, Europa y América Latina que puedan ser adaptables a nuestra realidad. Ante las insuficiencias identificadas por el CNE en el acuerdo con LUMA Energy, Marxuach expresó que “si no puede modificar el contrato, el gobierno (de Puerto Rico) debería considerar prescindir de este.”
Pero el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pierluisi y la Junta de Control Fiscal (JCF) tienen los oídos sordos ante el reclamo masivo de nuestro país de que se revise este contrato y se aplace su puesta en vigor hasta tanto se satisfagan las grandes interrogantes que el mismo ha levantado. El empecinamiento de poner en vigor este contrato nebuloso y desbalanceado a destiempo, sin que existan las condiciones adecuadas, sin que se cuente con la fuerza laboral diestra y disponible, sin que nuestro pueblo tenga garantía de continuidad de su servicio eléctrico, sin que siquiera uno solo de los sectores más relevantes del país le haya dado su aval, solo puede interpretarse como el resultado de alguna componenda “por debajo de la mesa” con alguno de los poderosos intereses de la industria del gas natural de Estados Unidos, que aspira a convertirse en el principal exportador de gas natural en el mundo para el año 2024, cuando entre en operaciones su más grande terminal de gas natural, actualmente en construcción en el estado de Texas.
Seguramente, por ahí anda la fuerza detrás de este contrato que beneficia y privilegia a la empresa privatizadora, y lanza a la calle a 5,000 trabajadores y trabajadoras puertorriqueños que llevan décadas laborando en la AEE. La misma fuerza que pretende seguir arrinconando a nuestro pueblo, ahora dejándolo al vaivén de alzas caprichosas en la tarifa eléctrica, en el costo de vida y en la adquisición de bienes de primera necesidad.
