Editorial-Puerto Rico y Hawaii en las garras del capitalismo de desastres 

 

Desde que en el 2008, la escritora,  periodista y activista canadiense Naomi Klein le abriera los ojos a millones de personas en el mundo con su libro «The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism«, se ha ido ampliando en muchos países la  reflexión y análisis sobre el tema del «capitalismo de desastres» y sus nefastas consecuencias sobre las masas humanas expuestas a la devastación resultante de las catástrofes de toda índole que nos afectan.

Klein dio en el clavo al exponer las múltiples y detestables maniobras que utiliza la maquinaria de un capitalismo neoliberal «globalizado»para sacar del medio la competencia, emplear su mollero político y obtener el máximo provecho financiero y económico, que aumente sus ganancias y su poder. Esto se logra sobre la miseria provocada por los peores desastres,  naturales y  creados, que la humanidad confronta.

Hay ejemplos abundantes en el mundo de cómo opera el «capitalismo de desastres» pero, en la órbita del imperio estadounidense, basta con limitarnos a la experiencia de dos de los más recientes y emblemáticos : el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico en 2017 y el fuego espontáneo que destruyó el pueblo de Lahaina, en la isla hawaiana de Maui el 8 de agosto de 2023.

Puerto Rico es colonia de Estados Unidos desde el 1898,  y Hawaii es desde el 1959 el último – el número 50- de los estados de la «unión americana». Para propósitos de los mercaderes del infortunio, las sutilezas de estatus no se toman en cuenta. Son dueños de la situación aquí y en Hawaii porque su poder y sus conexiones políticas al más alto nivel de las cúpulas Demócrata y Republicana en Washington así se los permite-o peor aún- se los facilita.

La realidad en Puerto Rico,  seis años después del paso del huracán María, que ocasionó más de 3,000 muertes, y cuyos daños se calcularon en más de $90 mil millones, es una reconstrucción lenta, entregada a manos extranjeras,  mediante sesgados  contratos de privatización a favor de quien compra o arrienda, una reconstrucción mal estructurada y con tantos requisitos burocráticos que entorpecen la llegada de los fondos del gobierno de Estados Unidos a manos de la gente que más los necesita. Según el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves,  en una vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuracion realizada en marzo de 2023 reveló  que » todavía existen unas 3,500 familias (en Puerto Rico) que viven en hogares que tienen como techo un toldo azul , esto a pesar de la disponibilidad de millones e dólares de fondos FEMA ( agencia federal para el manejo de desastres) para la reconstrucción y rehabilitación de hogares».

La tragedia de los «toldos azules» que viven 3,500 familias nuestras, es el ejemplo más extremo del fracaso de la reconstrucción y rehabilitación de Puerto Rico tras el peor desastre natural de su historia contemporánea. En la edición de CLARIDAD de la semana del 11 de diciembre, Ayuda Legal de Puerto Rico (ALPR)  denunció que en el área de vivienda asequible, » se ha hecho tarde para una recuperación justa». Según las portavoces de la organización, Puerto Rico recibió cerca de $20 mil millones en fondos para la recuperación de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, en cuya asignación y distribución  se ha notado » una lentitud persistente en el avance de dicha recuperación».

» La concesión de incentivos a desarrolladores no puede ser el motor o el fin del programa de los fondos de recuperación. Es indispensable adoptar criterios que agilicen y propongan una solución a largo plazo para las familias sobrevivientes», señaló ALPR.

Otra área de importancia crítica para la recuperación y estabilidad del país es la infraestructura energética, la cual después de los huracanes ha sido totalmente privatizada, y puesta  en manos de compañías extranjeras con obvios conflictos por su asociación con los intereses del gas natural. El único proyecto de energía renovable a gran escala lo financia el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) y tiene todas las señales de las operaciones tipo «puertas giratorias», diseñadas para que los fondos que se asignan desde Washington regresen con ganancias a la economía de Estados Unidos. De los $1 mil millones que se anunciaron originalmente para el programa que beneficiaría a 40, 000 familias de bajos ingresos y diversidad funcional, se hizo una asignación inicial de $400 millones o sea, $10,000 por familia. El DOE se los daría directamente a tres compañías privadas de Texas, California y Wisconsin para que diseñen y ofrezcan servicios de mantenimiento a sistemas de respaldo solar con baterías de almacenamiento para las 10,000 familias. Como el costo de los sistemas excede los $10,000, las familias serán responsables por el pago mensual de un contrato para la  instalación, mantenimiento y reemplazo de componentes de dichos sistemas por 25 años, hasta que se cubra el costo total del mismo. Un negocio redondo para las compañías privadas, y una deuda considerable a largo plazo para familias de ingresos limitados. El director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol, cuya organización tiene un largo historial, preparación, experiencia y buena reputación en asesoría, promoción, educación y desarrollo de sistemas de  energía solar, y la economista y directora de la organización sin fines de lucro Resilient Power PR, advirtieron que las familias que se acojan al programa deben conocer  todos los detalles del contrato con estas compañías antes de firmar, a base de la experiencia con programas similares en Estados Unidos, donde personas han recurrido a quiebras, o han estado en riesgo de perder sus casas por retrasos en el pago de su deuda. Este podría ser uno de los más graves riesgos de este modelo, según dichos expertos.

El «capitalismo de desastres» fabrica sus propias oportunidades, no importa el escenario. Las tácticas del «shock» siguen un patrón claro de búsqueda de crisis propicias para insertarse y sacar provecho. El pequeño pueblo de Lahaina en la isla de Maui en Hawaii, es sólo una de las más recientes y dramáticas incursiones de este fenómeno del capitalismo «globalizado». Casi cuatro meses después de que el  más letal fuego espontáneo en la historia moderna de Estados Unidos cobrara las vidas de más de 100 personas, y desplazara  a 10,000 más, miles de sobrevivientes aún permanecen sin techo, dispersos entre hoteles, refugios y comunidades de casetas de campaña en las playas de la isla. Y aunque hay suficientes viviendas en Maui para albergar a cada uno de esos residentes, sus precios o alquiler son demasiado costosos para el ingreso promedio de las familias de clase trabajadora de allí.

En Maui, al igual que en las áreas costeras de Puerto Rico, o en lugares como Dorado, Puerta de Tierra o el Viejo San Juan hay una crisis crónica de escasez de viviendas asequibles, combinada con la invasión de compradores de segundos hogares y  extranjeros ricos, transplantados de Estados Unidos, que desplazan a los residentes históricos que le dan vida y personalidad propia  a sus vecindarios. Hawaii y Puerto Rico son espejos paralelos del mismo mal, que es el  producto de las raíces coloniales, la ocupación, la extracción de riquezas y el despojo, a cambio de migajas, de nuestro patrimonio ancestral.

 

 

 

 

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