Por Cándida Cotto/CLARIDAD
La petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la juez Laura Taylor Swain de posponer la vista del 14 de enero sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para la fecha del 30 de marzo 2020, es un reconocimiento solapado por parte del la Junta de que es necesario antes la aprobación de la Legislatura y de que el acuerdo impactará de manera desproporcionada a las clases más vulnerables.
Este miércoles el diario El Nuevo Día dio a conocer sobre la petición de posposición de la JCF y declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en el sentido de que la posposición era un tiempo que se ganaba para llegar a “la mejor decisión”. Hasta el presente es sabido que en la Legislatura no se ha presentado ningún proyecto sobre el RSA. Se supone que el proyecto proceda de la administración, es decir de Fortaleza.
“Ya habíamos advertido que se necesita legislación aprobada para poder cumplir con aquellas partes del acuerdo con los bonistas que requiere precisamente legislación”, reaccionó a CLARIDAD el presidente de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo. Señaló que la misma ley Promesa establece que cualquier acuerdo o plan de ajuste que conlleve legislación debe estar aprobada en o antes de la revisión por parte del tribunal. “En ese sentido ya tuvieron que reconocer que necesitan la aprobación de la Legislatura del país y por parte de la gobernadora convertirlo en ley”.
El Presidente de la UTIER, sindical que ha retado la ley Promesa en el Tribunal de Estados Unidos, expresó que le llamaba la atención expresiones del portavoz de la JCF, Edward Zayas -este miércoles- estableciendo que en el proyecto que se va a someter, van hacer unas excepciones de que aquellas personas de ingresos bajos que reciben subsidio no tengan que asumir el cargo de transición. Figueroa Jaramillo desmintió el que eso esté incluido en el RSA, a pesar de que Zayas dio la impresión de que eso era parte del acuerdo con los bonistas.
El líder sindical recalcó que la realidad es que eso no es parte del acuerdo, ni es parte del plan fiscal, ni que se pueda suceder en el plan de ajuste, ya que eso conllevaría enmiendas al plan fiscal de la AEE. Atribuyó que lo que están tratando de hacer la JCF y el gobierno es apaciguar la oposición que se ha creado especialmente con los estudios del sociólogo Dr Héctor Cordero, los cuales han demostrado que el acuerdo impactará a las poblaciones más vulnerables del país. En tanto Figueroa Jaramillo, trajo a la atención que las clases mas vulnerables del país no necesariamente reciben subsidios.
Igual destacó que la discusión pública de varios estudios hechos por diversos sectores, ha creado un grado de preocupación en especial en vista al año electoral. “Si este acuerdo se aprueba tiene nombre y apellido”, sentenció el presidente de la UTIER.
Por su parte un nutrido grupo de organizaciones ambientales, comunitarias, expertos en el tema de la energía, centros de investigación, artistas, religiosos, expertos en Derecho Ambiental, y otros campos cursaron una carta este semana a los legisladores en la cual les urgen a frenar el RSA negociado por la JCF. Los denunciantes sostienen que el acuerdo conllevaría un aumento inmediato en la factura de los clientes de la AEE que escalará hasta su vencimiento en el 2067. El acuerdo impulsado por JCF, denunciaron, tiene el aval del gobierno, pese a que contradice la política pública energética vigente aprobada por la Asamblea Legislativa este mismo año.
Entre otros argumentos los activistas denuncian que las medidas propuestas por la AEE para mitigar los aumentos, como invertir más en gas natural, no concuerdan con los costos reales de la corporación, por lo que son insuficientes e improcedentes. Además, el acuerdo establece un impuesto al sol que tiene el efecto de penalizar la generación de energía renovable por cuenta propia.
«Ambas condiciones, el aumento en la factura y el impuesto al sol, son inaceptables y representan cargas onerosas para el pueblo que agravarán la ya precaria situación económica de las familias puertorriqueñas, desembocarán en la pérdida de decenas de miles de empleos, e impedirán que Puerto Rico logre transformar su sistema eléctrico a uno basado en energía renovable distribuida, según dispone la propia Ley 17-2019, Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, aprobada por esta Asamblea Legislativa», señala la misiva.
Amy Orta, portavoz de El Puente, una de las organizaciones que firma la petición confirmó a CLARIDAD que hasta el momento no habían recibido reacción por parte de ningún miembro de la Legislatura.
