CLARIDAD
Don Miguel Junito Rivera Luna vive en la comunidad Carrasquillo, de Cayey, desde que nació. A sus 75 años, recuerda con precisión clarividente la historia de cuando su padre, también Miguel, llegó al sector a los ocho años de edad. Ambos crecieron a pocos pasos de la escuela Luis Muñoz Rivera, donde estudiaron otras personas del barrio. Rivera Luna evoca por igual, y con cierta nostalgia, los aguacates, guineos y panas que rodean el lugar. Pero hace más de una década, cuenta el cayeyano, ha habido cambios estremecedores en Carrasquillo. El más reciente: una carta que implica el riesgo de perder sus casas y terrenos a manos del Municipio.
El temor no es infundado. Una primera oleada de expropiación se dio en 2012, cuando decenas de hogares fueron desplazados para la extensión fracasada de la avenida Benigno Fernández García. La idea inicial, explicó Rivera a CLARIDAD, era habilitar un sistema de transporte público en Cayey, que se uniera a la también inconclusa continuación del Tren Urbano, que suponía llegar a Caguas. Para aprovechar los terrenos que había expropiado, el Municipio de Cayey anunció el desarrollo de un Parque Urbano que “tardaría cerca de un siglo” en completarse, de acuerdo con el alcalde, Rolando Ortiz Velázquez.
“Ellos lucharon por cuatro años, pero no pudieron hacer nada. Al fin y al cabo, una ley del 2020 prevaleció y perdieron sus hogares. Unos se fueron para un lado, otros se fueron para otro y esa parte de la comunidad la perdimos. Ahora, después de eso, vino con la idea de hacer un Parque Central miniatura en Cayey”, expresó el residente a este medio.
Además, compartió varias cartas en las que la administración municipal se compromete con no expropiar a los residentes de la comunidad Carrasquillo. Por ejemplo, una carta con fecha del 1 de diciembre de 2023 afirma que “no se expropiarán propiedades de quienes sean titulares de las mismas”, firmada por el mandatario municipal.
En un tono más ambiguo, otra misiva de la Oficina de Adquisición de Propiedades de Cayey, dirigida el pasado 31 de marzo a Rivera Luna, detalla que “la administración municipal, conforme a los poderes que le confiere la ley, se encuentra evaluando la adquisición de la propiedad que está localizada en la calle…”. La dirección de la carta coincide con la del hogar de los padres del cayeyano, un matrimonio que incluye a un veterano del 65 de Infantería.
No obstante, el documento oficial relacionado con el desarrollo del Parque Urbano de Cayey es la Ordenanza Municipal 34-2023-24, filtrada por un asambleísta municipal, de acuerdo con Rivera Luna. El estatuto confirma que el Municipio de Cayey interesa adquirir toda aquella propiedad que, por su ubicación, sea necesaria para desarrollar el parque, y que en ciertos casos pudiera darse una expropiación de residente “no porque sea en contra de su voluntad, sino porque es el medio legal conveniente para adquirir la propiedad”. La ordenanza se aprobó en junio del año pasado.
“Yo fui el 31 de diciembre del 2023 a la alcaldía, acompañado de cinco personas más. Todos nosotros somos personas mayores, pasamos los 70 años. Allí él nos dijo que no, que esto (Carrasquillo) no se iba a expropiar, que no había problema con esto. Pero yo busqué asesoría legal y me dijeron que él puede decir que no, firmar una carta que no y mañana tomar una determinación distinta”, dijo Rivera Luna.
Del mismo modo, el vecino denunció que, a diferencia de lo que Ortiz Velázquez ha expresado en público, las comunicaciones oficiales del Municipio no se han difundido entre todos los residentes de la comunidad. Inclusive, compartió con CLARIDAD dos solicitudes para fondos de emergencia por parte del Municipio de Cayey. Los desarrollos, que no fueron consultados con la ciudadanía, se habrían dividido en: $17.5 millones para ensanchar la avenida Fernández García — la del transporte público desusado— y $41.6 millones para el Parque Urbano. De acuerdo con el propio documento, ambas peticiones fueron denegadas. Es decir, la financiación de este proyecto aún es incierta.
“Esto da ganas de llorar, es increíble. Hay alrededor de cincuenta propiedades aquí. Tenemos dos personas ciegas, cuatro encamadas, otras en sillas de ruedas. Mis dos padres tienen 93 años… es desgarrador. Este individuo es un charlatán, esto es lo último que se le puede hacer a una comunidad. ¿De dónde ese hombre saca ese disparate? Y tiene la cara para negarlo. Él trajo gente de la Universidad de Cornell para hacerle los estudios”, sostuvo Rivera Luna.
La frustración del residente es compartida. En el entorno de la casa de Rivera Luna, una treintena de hogares luce, en gran parte, cuidada y ocupada. Hay perros que ladran entre las rejas recién pintadas de las marquesinas, casas con talleres para arreglar carros y un riachuelo que corre por detrás de la calle Juan Soto. Empero, la comunidad Carrasquillo no ha sido la única en enfrentarse a esta encrucijada.
Más abajo del arroyo, un edificio de varios pisos con barberías, tiendas de servicio celular y otros comercios fue expropiado, de acuerdo con el dueño de la estructura que no reveló su identidad, por menos de $200,000. De hecho, el comerciante contrató a un tasador que valoró el inmueble en $360,000. “Es un abuso”, comenta Rivera Luna.
Oposición responde al desarrollo
En respuesta a la denuncia de la comunidad Carrasquillo, el excandidato a la alcaldía cayeyana por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Carlos Rivera Santiago, divulgó su emplazamiento al comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, para exigir la detención del Parque Urbano.
“Es increíble ver al alcalde de Cayey justificando en televisión nacional la expropiación de una comunidad para construir un parque urbano que según el mismo alcalde puede tardar en construirse 100 años. Más sorprendente aún es que un partido que habla de ‘refundación’ permita que uno de sus alcaldes actúe con aires de dictador, desplazando sin justificación a personas mayores de una comunidad históricamente marginada. Por eso, le exijo al comisionado residente que le ponga un alto a Rolando Ortiz Velázquez”, reza el comunicado de Rivera Santiago, quien obtuvo 1,128 votos en los pasados comicios.
Asimismo, el excandidato instó al senador independiente, Eliezer Molina Pérez,a radicar la Resolución del Senado 156, que propone una investigación sobre la legalidad de los trámites relacionados con estas expropiaciones. La pieza, presentada el 23 de abril de 2025, fue referida a tres comisiones: Asuntos Municipales, dirigida por Josian Santiago (PPD); Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, liderado por Wanda Soto (PNP); y Vivienda y Bienestar Social, dirigida por Jamie Barlucea (PNP).
“Pasar por esta situación pone a una comunidad como Carrasquillo, de personas con pocos recursos y sometidas a condiciones de pobreza, en unos niveles de estrés muy pesados. Se habla de un superávit económico en Cayey, pero hay un déficit ético y moral en la administración municipal”, concluyó Rivera Santiago.
Hasta el momento, Ortiz Velázquez se ha exculpado de toda acusación relacionada con las expropiaciones. Sin embargo, no sería la primera vez que el alcalde ejerce el estado de derecho de esta forma.
