CLARIDAD
Una determinación que choca contra cualquier principio de racionalidad jurídica, acuerdos sin ninguna fuerza de ley, solicitud de exoneración de responsabilidad, sabotaje provocado por la misma gerencia, cierre intencional de talleres, impedir que celadores y otro personal llevara a cabo sus trabajos, provocando que miles se hayan quedado a oscuras, han sido los sucesos vividos durante los días recientes por el pueblo de Puerto Rico en relación con el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Luma Energy Mangement. Comenzando con que la jueza Laura Taylor Swain, el jueves en la tarde rechazó el interdicto presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que pretendía detener que se pusiera en vigor el contrato LUMA el 1.0 de junio.
El representante legal de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, aclaró en entrevista con el periodista Jose Elías Torres que la sentencia de la jueza no es una final y firme, como la que se emite después de un juicio o de una moción de sentencia sumaria. Dado que el recurso presentado por la UTIER es un proceso de emergencia, la determinación no es una que pone fin al caso. El caso ahora tiene que pasar por la etapa de contestación a la demanda y, eventualmente, podría haber mociones de desestimación o podría haber una sentencia sumaria. La jueza entonces adjudicaría en sus méritos el asunto.
Emmamuelli explicó que en el punto de más énfasis de la UTIER es cómo la privatización afecta la Ley 120 y afecta los derechos de los empleados conforme a las leyes, reglamentos y los convenios colectivos. Aun cuando la jueza estima que hay una legitimación activa de la UTIER para llevar ese reclamo y que la UTIER se afecta de manera directa, cuando pasa a evaluar las reclamaciones que se hacen, las va descartando una a una, incluida la principal, que es el asunto de que se violan los derechos laborales conforme a la Ley 120. La jueza entonces dice que los derechos que tiene la UTIER y sus miembros conforme a los convenios colectivos no son derechos adquiridos (acquired rights).
Por el contrario, destacó Emmanuelli Jiménez, la Constitución de Puerto Rico establece, en su Artículo II sección 17, el derecho que tienen los obreros de las corporaciones públicas que funcionan como negocios privados a llevar a cabo negociaciones y convenios colectivos. La Ley 130, que es la que habilita esta cláusula constitucional, establece como política pública que los convenios colectivos hay que cumplirlos. Además, la Ley 120 dice que hay que darles todos los derechos y prerrogativas conforme a los convenios colectivos, y eso incluye la representación sindical que ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos como un derecho adquirido.
“Entonces la jueza dice que la UTIER no pudo probar que los derechos que está reclamando en su moción de interdicto son derechos adquiridos. Con eso se puede ver la naturaleza de la decisión, que choca contra cualquier principio de racionalidad jurídica. Y eso se puede explicar dentro del contexto colonial en el que estamos viviendo. Así que el detalle es que, obviamente, significa un gran revés, no solo para la UTIER, es un gran revés para Puerto Rico”, expresó.
Un acuerdo sin fuerza de ley
Mientras, en una evidente acción para apaciguar las denuncias contra el contrato, el secretario de Estado, Larry Seilhamer, anunció en conferencia de prensa el mismo jueves que había firmado unos acuerdos con LUMA Energy para garantizar, entre otros asuntos, que la empresa no se vaya de la isla en caso de un evento atmosférico, garantizar los beneficios de pensión de los empleados que se queden trabajando con el privatizador y que la empresa se comprometa a cumplir con la ley de Política Pública Ambiental. Esta ley requiere que Puerto Rico alcance el 100 % de generación a base de energía renovable para el 2050, con progresiones intermedias.
Ante este anuncio, la coalición de organizaciones que apoya la propuesta Queremos Sol denunció mediante comunicado de prensa que los acuerdos son unos “simbólicos” y constituyen una aceptación por parte del Gobierno de que el contrato de LUMA es uno deficiente.
La licenciada Ruth Santiago, representante del Comité Diálogo Ambiental y miembro de Queremos Sol, señaló: “Es preocupante ver que el Gobierno con estos acuerdos reconoce que el contrato de LUMA les permite abandonar el servicio tras el paso de un huracán; pero que en vez de proceder a enmendar el contrato para corregir esta crasa deficiencia, presentan un acuerdo que no tiene validez legal alguna. Los pronósticos para esta temporada de huracanes son que será una sumamente activa, y si LUMA entra en operaciones, estaremos a la merced de una empresa que tras el paso de un evento atmosférico puede decidir dejar de ofrecer servicio, pues eso es lo que dice el contrato y eso no se enmendó con estos acuerdos simbólicos”.
En tanto, Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente y miembro de Queremos Sol, resaltó que el mero hecho de firmar un acuerdo simbólico que establezca que LUMA debe cumplir con la Ley de Política Pública Energética “confirma lo que hemos venido denunciando desde el pasado año. Este contrato no ordena que LUMA cumpla con los objetivos de energía renovable ni impone consecuencias contractuales si LUMA no alcanza estos objetivos. LUMA viene a dejarnos con el mismo sistema centralizado y vulnerable. Estos acuerdos en nada cambian la realidad de que el contrato no requiere que LUMA transforme la red eléctrica a una basada en energía renovable”.
LUMA quiere exoneración por daños
La coalición Queremos Sol también dio a conocer que LUMA presentó ante el Negociado de Energía (NEPR), una cláusula de aprobación en la que pide la exoneración de responsabilidad (liability waiver) que le relevaría por todo daño causado por actos de “negligencia, negligencia grave o dolo” por parte de LUMA o sus empleados, agentes o contratistas. Esta cláusula aplicaría a todos los clientes.
Según Queremos Sol, con esta cláusula LUMA obtendría protecciones mucho más beneficiosas que lo que es la norma entre compañías de energía eléctrica en los Estados Unidos. Durante la vista, celebrada el martes 18 de mayo, informó Queremos Sol, uno de los asesores del NEPR, Agnes Rivera de la Cruz, describió la exoneración solicitada por LUMA como “más allá del alcance de relevos de responsabilidad en los Estados Unidos”. El comisionado Rivera también levantó cuestionamientos serios sobre la inclusión de este lenguaje.
Por su parte, la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y una de las portavoces de la coalición, expuso que este es un recurso que en la actualidad tienen disponible todos los clientes de la AEE: “Exigimos que el Negociado rechace esta cláusula abusiva de exención de responsabilidad”.
En tanto, el licenciado Pedro Saadé Lloréns, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UPR y miembro de Queremos Sol, confirmó a CLARIDAD que la citada cláusula es una de las muchas disposiciones del contrato de LUMA que son onerosas para el país. “Ya se ha mencionado lo oneroso que es para la energía renovable, para los trabajadores, por supuesto, y las tarifas. Y ahora este es un aspecto que está surgiendo y está en el contrato, que lo que busca en una forma increíblemente amplia es eximir de responsabilidad a LUMA por reclamos que puedan surgir de parte de los abonados en la entrega de energía eléctrica”.
Más allá de denunciar que la cláusula es una demasiada amplia y abusiva, que no es lo que ahora mismo tiene la AEE, y que esta significa un deterioro de los derechos del consumidor y del pueblo, Saadé catalogó de objetable la manera en que el Negociado está manejando el asunto, debido a que no ha celebrado un procedimiento amplio de vistas públicas. Censuró que para las próximas vistas, que se supone sean durante esta semana, solo se otorgó un día para que los interesados soliciten turno.
Además, reveló que hay varios procedimientos de LUMA que se están haciendo a última hora en el Negociado que reflejan que LUMA no está preparada para asumir las riendas, independiente del contrato y que no se ha cumplido con lo que debe decidir el Negociado de Energía. “Voy más lejos: si el Negociado debe saber que LUMA no está preparada, no le ha prestado atención, no ha tomado ninguna medida. El negociado está incumpliendo con su responsabilidades de ley con respecto al sistema eléctrico del país”.
A todo lo anterior se suman las denuncias que abundan en las redes sociales de parte de trabajadores de de la AEE que son miembros de la UTIER sobre las acciones que está llevando a cabo la alta gerencia, de paralizar y almacenar equipo de trabajo, como camiones; de cerrar oficinas y ordenar a los trabajadores que recogieran sus cosas y no dejarlos volver a entrar.
