Los asesores que llevaron a Puerto Rico a la quiebra con una deuda de $72 billones, tienen el dinero suficiente para reembolsar a la Isla lo timado.
En su atención más reciente a la situación económica de Puerto Rico, el Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés) plantea sobre el informe encomendado por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la firma Kobre & Kim acerca de la deuda de Puerto Rico, que éste presenta evidencia de que los asesores del gobierno de Puerto Rico tienen dinero suficiente para compensar al País por un asesoramiento fraudulento que lo llevó a la quiebra.
En un segundo análisis, IEEFA denuncia además que el informe de Kobre & King tiene omisiones importantes, tales como no mencionar cómo los aseguradores, los fideicomisarios de bonos, las firmas de leyes y contabilidad, las agencias de crédito y otros asesores financieros fueron seleccionados y compensados por el gobierno de Puerto Rico. Ante estas omisiones, IEEFA plantea el que la JCF haría bien en ordenar un informe de seguimiento que explore cómo se seleccionó y se compensó a los asesores.
Según IEEFA, el propio informe de Kobre & King incluye indicios de que tal consulta podría ser útil, ya que sugiere, por ejemplo, que la elección del abogado de bonos por parte del Gobierno se basó en las relaciones con el Gobernador y no en quién tenía los méritos para el puesto.
En entrevista, Claridad cuestionó a Tom Sanzillo, director de Finanzas de IEEFA, cómo se puede llevar a los responsables a un examen judicial sin una auditoría forense. Su posición es que el informe es un comienzo y trajo a la atención el hecho de que la Junta de Control Fiscal acaba de establecer un comité de reclamaciones para decidir si deben realizar varios reclamos. No obstante, reiteró que para buscar reclamos, se necesita hacer más investigación para recopilar hechos y analizar la ley y que las declaraciones sean juramentadas.
“Hicieron representaciones que no eran ciertas y las usaban los inversionistas para comprar bonos de Puerto Rico”.
A preguntas, el también ex Primer contralor adjunto del estado de Nueva York, recalcó la necesidad de una rendición de cuentas más responsable: “Los asesores financieros –aseguradores, contadores, abogados, agencias de crédito y otros expertos que asesoraron a Puerto Rico y sus agencias– probablemente fueron culpables de negligencia. Cada uno de estos asesores estaba bajo contrato con el gobierno de Puerto Rico. Su trabajo, por el cual les pagaron, era proporcionar buenos consejos legales y financieros. Tomaron el pago pero fallaron en hacer su trabajo bien. Es decir, hicieron representaciones que no eran ciertas. Y esas representaciones las usaban los inversionistas para comprar bonos de Puerto Rico”.
De acuerdo al análisis de IEEFA, el “ejército de talentos de alto precio” que asesoró y continúa asesorando al gobierno de Puerto Rico, colectivamente tiene un valor de más de $ 2 trillones de dólares que controlan estas compañías.
Las cifras, indica Sanzillo, director de Finanzas del Instituto, provienen del propio informe que Kobre & Kim hizo para la Junta de Control Fiscal (JCF). Sanzillo hace la observación de que el informe de Kobre & Kim incluye más de 600 páginas de detalles sobre una mirada de reclamos legales que los bonistas de Puerto Rico y su gobierno pueden presentar contra estos asesores. No obstante, repara en que el informe tiene limitaciones inherentes como el que ninguno de los testimonios de 100 testigos fue tomado bajo juramento, y aunque dice que se revisaron miles de documentos, Sanzillo sugiere que puede haber otros miles de documentos que pudieron haber dado más alcance del problema.
Aun así, atribuye que el informe sirve para “comenzar a desentrañar la enredada red de responsabilidad por los profundos problemas financieros de Puerto Rico. De particular interés es su lista de compañías bajo contrato con varios emisores de bonos que tenían obligaciones fiduciarias y contractuales con los emisores de Puerto Rico”. Para validar su señalamiento de que las empresas que llevaron a Puerto Rico a su deuda tienen capacidad para compensar al País, IEEFA presenta una lista de las valoraciones de las empresas que proporcionaron la mayor parte del asesoramiento al gobierno de Puerto Rico y destaca que: “Todos ellos, no por casualidad, siguen funcionando hoy, mientras que Puerto Rico está en bancarrota”.
Al igual que otros sectores en la Isla que han denunciado que el informe de Kobre & Kim lo que hace es validar las acciones de la Junta de Control Fiscal, el IEEFA también levanta la observación de que, aún cuando el informe presenta múltiples niveles de posibles reclamaciones, evita hacer conclusión alguna sobre la validez de ninguno de ellos. El informe –denuncia IEEFA– señala, por ejemplo, que las agencias de calificación crediticia involucradas podrían defenderse al afirmar que confiaron en lo que les dijeron los equipos gubernamentales y equipos de asesores (‘underwriters’) de Puerto Rico.
A juicio del Instituto, esta defensa, como muchas otras ofrecidas en el informe Kobre & Kim, podrían prevalecer, a la vez que reconoce que es una defensa que está lejos de proporcionar una solución práctica para Puerto Rico. Por otro lado, aun con esta admisión, destaca que el informe muestra cómo las agencias de calificación crediticia involucradas ignoraron un creciente cuerpo de evidencia, fallando ya en 2005 para llevar a cabo su debida diligencia. “Todos mantuvieron la deuda de Puerto Rico en estado de inversión hasta 2014”.
El director de Finanzas de IEEFA expresa que, en esencia, las agencias de calificación crediticia –que atendieron las emisiones de deuda de Puerto Rico– bien podrían haber incurrido en mala conducta recurrente, “asignando calificaciones crediticias más altas que las merecidas a instituciones financieras que finalmente se declararon en quiebra, así como a valores que conllevaban mayores riesgos de incumplimiento que las calificaciones crediticias asignadas”. Estos hechos –afirma– justifican una mayor investigación sobre cuestiones de imprudencia y fraude intencional.
Trae como ejemplo el caso de un ingeniero consultor para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la firma UES, cuyo trabajo se supone fue proporcionar a la AEE una sólida experiencia en gestión administrativa, y advierte que éste pudiera tener dificultades para defender sus acciones. Sobre este particular, Sanzillo trae a la atención el que ya un informe de la Comisión de Puerto Rico para la Auditoría Integral del Crédito Público (CPRAICP) y la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) habían identificado prácticas cuestionables por parte de la UES, por lo que el informe Kobre & King sería el tercero que presenta los mismos señalamientos.
El de Kobre & King, repara Sanzillo, dice que la UES certificó las estimaciones de ingresos sin verificación independiente y le dio a la AEE declaraciones formales de que el sistema eléctrico estaba en buen estado de reparación cuando no lo estaba. Recientemente, la UEC se ha visto absorbida por AECOM, una compañía con una capitalización de $ 5 mil millones.
Hay una importante fuente potencial de reembolso: responsabilizar a los asesores
Según Sanzillo, el proceso actual de discusión pública sobre la asignación de responsabilidad por la deuda pública de Puerto Rico, pasa por alto que existe una importante fuente potencial de reembolso. Argumenta que el informe de Kobre & King, al establecer un caso razonable para los numerosos reclamos que describe, potencialmente prepara el escenario para décadas de litigio, un escenario que a su entender sería una pérdida de tiempo y recursos. Considera que más útil sería la convocatoria de todas las partes y el surgimiento de una voluntad común de crear un paquete de restitución que haga responsables a los asesores.
El convocante apropiado –continúa– sería la Comisión de Bolsa y Valores, aunque otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley como el Fiscal General del Estado de Nueva York también pueden desempeñar un papel en virtud de la Ley Martin, que regula los valores negociados en Nueva York. Indica que este tipo de arreglos han ocurrido en otros lugares en un nivel mucho más pequeño pero no menos complejo políticamente.
En cuanto a su planteamiento de que las partes se sienten para llegar a un arreglo de compensación, Claridad cuestionó que ni el gobierno de Puerto Rico y mucho menos la JCF han hecho referencia alguna a esta posibilidad. Sanzillo sostuvo que IEEFA está tratando de mostrar lo que es posible.
“Soy el ex Primer Contralor Adjunto del Estado de Nueva York y fui responsable del mercado de bonos de $ 300 mil millones. Estos tipos de acuerdos se han hecho antes. Esperamos a través de nuestra defensa que los asesores financieros involucrados, los funcionarios de Puerto Rico y los bonistas se reúnan y resuelvan esto. Sería mejor hacer esto fuera del tribunal”.
Agregó creer que algo así sucederá porque los tenedores de bonos están percatándose de que no hay dinero en Puerto Rico para pagarles. Aún cuando dijo que no es fácil, defendió que podría funcionar y, cuanto antes, mejor para Puerto Rico.
Para concluir, reiteró que es necesaria una rendición de cuentas responsable y que aquellos que participaron y se beneficiaron de la crisis actual de la deuda están obligados a compensar al País.
