“LUMA tiene que irse”

Conferencia de prensa pidiendo la salida de LUMA. Foto Alina Luciano

 

CLARIDAD

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¡ Fuera LUMA! es la demanda que un nutrido grupo de la diáspora, entre estos, oficiales electos de la ciudad de Nueva York junto a organizaciones de Puerto Rico, hizo al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que no extienda el contrato de LUMA Energy, el cual vence el próximo 30 de noviembre.

Fotos: Alina Luciano/CLARIDAD

En conferencia de prensa frente a las oficinas centrales de LE, que antes fueron de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), más de un centenar de asistentes expresaron de manera contundente que “LUMA tiene que irse”. Entre las asistentes y conducentes de la conferencia de prensa estuvo la pasada presidenta de la Asamblea Municipal de NY, Melissa Mark Viverito. Otros presentes fueron el contralor de la ciudad de Nueva York, Brand Lander; la concejal Shana Hanis y la asambleísta estatal Jessica González Rojas; la organización Coalición Power 4 Puerto Rico, integrada por Vamos Puerto Rico, Todos Somos Pueblo, Boricuas Unidos en la Diáspora y la Coalición para el Pensamiento Energético (CPE).

“La diáspora sí existe. Las neoyorquinas hoy presentes representan a las hijas e hijos de Borinquén que fueron obligados irse de la isla. Esta diáspora con su español ratata, esta diáspora que tiene que enfrentar el racismo diariamente, esta diáspora desde Hawái a Nueva York, siempre tiene a Puerto Rico en su corazón. Por eso quiero presentar a las concejales Alexa Avilés y Tiffany Cabán”, indicó Érika González, directora de Coalición Power 4.

“Estamos aquí como mujeres boricuas de la diáspora. Ambas somos miembros del Concejo de la ciudad de Nueva York y estamos profundamente preocupadas por nuestras familias y seres queridos en la isla, que han estado sufriendo innecesariamente en condiciones que han empeorado y apagones más largos y frecuentes cinco años después del huracán María. Apagón tras apagón, las escuelas cerradas, aumentos, ponen en riesgo la seguridad de las personas más vulnerables, como nuestros abuelos, y matan las empresas pequeñas que pierden sus mercancías”, manifestó Avilés.

Las concejales defendieron que el país tiene las soluciones y que la comunidad demanda un sistema eléctrico descentralizado y renovable, un sistema que no priorice en las corporaciones, sistemas corruptos y estructuras contaminantes. “Eso significa no solo expulsar a LUMA, sino desmantelar los sistemas diseñados para producir ganancias para unos pocos ricos”.

Desmienten al gobernador

En tanto, la portavoz de la Coalición para el Pensamiento Energético (COPE), licenciada Jessica Méndez Colberg, se ocupó de desmentir y aclarar declaraciones por parte del gobernador que, dijo, son información equivocada y falsa.

 

Para empezar, señaló que sobre el contrato suplementario de LUMA, las expresiones del gobernador siempre han sido para defender el contrato. Por ejemplo, este ha establecido en tiempos recientes que cancelar el contrato de LUMA “es una locura” y que “el 1.0 de diciembre LUMA se queda”,  que aun a partir de esa fecha, continuará operando bajo un contrato de 15 años y que solamente es LUMA quien tiene la opción de cancelar el contrato. Otras expresiones del gobernador han sido que sería una película de horror volver a la AEE y que habría que buscar otro operador privado para sustituir a LUMA si esta se va. Todo lo anterior, con el propósito de distorsionar la información y de presentar falsamente al país que dejar sin efecto el contrato de LUMA es, si no imposible, lo peor que le puede ocurrir a Puerto Rico.

“Nada más lejos de la verdad. La cancelación del contrato de LUMA no es sinónimo de caos. Es posible, no es una locura. Y legalmente tenemos los mecanismos para que se pueda dejar expirar ese contrato”, declaró contundente Méndez Colberg. Esta explicó que el contrato suplementario expira por sus propios términos. Lo dice de manera expresa la cláusula 7.1 del contrato suplementario, que establece que el contrato puede terminar de manera automática sin necesidad de acción por parte del operador, que es LUMA, o por cualquiera decisión judicial o cualquiera de las partes. Más importante aun, expresa que puede terminar de manera automática en el momento en que a los 18 meses (los cuales se cumplen el 30 de noviembre) no se haya cumplido con las condiciones necesarias, lo que significa que la AEE deberá tener un plan de ajuste confirmado.

“Eso no lo tenemos en estos momentos, y todavía se espera que eso ocurra. Si es que ocurre, será en verano del año que viene. Si el contrato se extiende, es por obra del Gobierno de Puerto Rico. La misma cláusula 7.1 establece que es el administrador del contrato, que es la Alianza Público Privada, quien tiene que solicitar esa extensión del contrato, porque de no hacerlo expira, y tiene que ser por acuerdo entre las partes. Por lo tanto, si el gobernador extiende el contrato, será el gobernador el responsable de los desmanes de LUMA y de los daños que sin duda el pueblo de Puerto Rico va a sufrir con la extensión de ese contrato”, denunció la experta en casos de quiebra.

Foto Alina Luciano

Otro asunto que desmintió es sobre la intención del gobernador de hacer creer al pueblo que si cancela el contrato de LUMA hay que buscar otro operador privado. Recalcó que el contrato no dispone que si LUMA termina sus funciones, sea porque se cancele o porque expire el contrato suplementario, haya que buscar otro operador privado. El proceso de transición lo establece el propio contrato y dice que no va a durar más de 12 meses, por lo que LUMA tiene que seguir operando dentro de ese proceso de transición hasta que se complete. Durante ese tiempo le corresponde a la Asamblea Legislativa actuar para que podamos tener el modelo de compañía de energía eléctrica que le responda a los intereses del pueblo por estar en las manos del pueblo.

La miembro de COPE aclaró que ninguno de los grupos que aboga por que se deje sin efecto el contrato de LUMA plantea regresar a lo mismo que teníamos; es decir, a la AEE. “Así que esa película de horror que plantea el gobernador no es real; todo lo contrario, se plantea una nueva compañía eléctrica creada mediante una ley orgánica totalmente despolitizada y democrática con la participación del pueblo. Una corporación pública que con su nuevo modelo de gobernanza pueda impulsar la política pública de energía renovable y que por fin le responsa a los intereses del pueblo de Puerto Rico”.

En términos del costo del contrato, indicó que el contrato suplementario ahora mismo cuesta $115 millones anuales, cifra que continuaría si se extiende el actual. El contrato a 15 años sería a $106 millones, cifra que puede depender del acuerdo que se haga. En cuanto al dinero otorgado por FEMA para la modernización de la red, también aclaró que no es cierto que si se prescinde el contrato se pierde el dinero. Aunque el dinero lo administra LUMA, le pertenece a la AEE.

Se reafirma Queremos Soluciones

Los representantes de la diáspora dieron su respaldo a la propuesta de Queremos Sol. Migna Conty, portavoz de Queremos Sol, dijo que desde el 2018 se le presentó dicha propuesta al Gobierno. “Necesitamos un sistema descentralizado, la mayoría de la energía se produce en el Sur. La privatización ha sido un desastre, LUMA tuvo un año de transición. Exigimos que el gobernador no permita que se extienda el contrato y que se comience la transición con energía renovable. Se supone que para el 2025 el país esté en un 40 % de energía renovable y estamos en un 3 %. Tenemos tres años para transformar el sistema a 40 %, eso es imposible en tres años”.

Tanto miembros de la diáspora como activistas del patio se expresaron renuentes a dialogar con el gobernador y reafirmaron su demanda de que se cancele el contrato. Las concejales municipales y la asambleísta estatal indicaron que se disponen a presentar resoluciones de apoyo a la comunidad para cancelar el contrato.

Mientras, la directora de Sierra Club de Puerto Rico, Maritza Maymí, dio a conocer que su organización se ha reunido con muchísimas oficinas legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara, para presentar la propuesta de Queremos Sol, y destacó que el problema fundamental que existe es que gran parte de los miembros de la Legislatura abraza el paradigma neoliberal de que la privatización es la solución a los asuntos “Por eso es importante que exista una movilización pública para exigir que la Legislatura actúe a favor de lo que es el interés del pueblo de Puerto Rico”.

Los reclamantes se reafirmaron todos en que la energía eléctrica es un derecho humano y en la necesidad movernos a la energía renovable y a una nueva corporación pública despolitizada y con participación ciudadana.

 

 

 

 

 

 

 

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