El paso errático y destructivo de la tormenta Fiona por Puerto Rico ha provocado- además de una catástrofe enorme por inundaciones, derrumbes y deslizamientos-una profunda sensación de frustración, impotencia y desazón colectiva por lo que se considera la incapacidad de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos de presentar una respuesta eficaz, coherente y duradera ante fenómenos como estos. En Puerto Rico llevamos una larga racha reciente, que comenzó con los huracanes Irma y María en 2017, siguió con la secuencia de terremotos y temblores en el sur y suroeste de Puerto Rico en 2020, y tuvo un intermedio de dos años de pandemia del Covid-19. Ahora rematamos con Fiona, una tormenta tropical desorganizada que durante su trayecto hasta nuestras costas se convirtió en huracán categoría 1, dejando 30 pulgadas de lluvia y lodo ampliamente repartidas, y el efecto de dañar mucho de nuestra maltrecha infraestructura de carreteras urbanas y rurales, energía eléctrica y agua potable, sobre todo en las áreas repetidamente maltratadas del este, sur y suroeste de nuestro país. El paso de Fiona coincidió exactamente con el quinto aniversario del paso de María.
¿Y por qué considerar a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos responsables por los errores, la inacción y la incapacidad de una respuesta eficaz a los desastres naturales en Puerto Rico? Porque el azote de María- el primer huracán categoría 5 en afectar a la Isla durante los pasados 90 años- reveló la crudísima realidad de un Puerto Rico abandonado a su suerte y con una gobernanza deficiente, no solo por la sucesión de gobiernos ineptos, irresponsables y corruptos que se han turnado la administración de esta colonia de Estados Unidos por los pasados 60 años, sino también por el desprecio, la dejadez y la indiferencia demostrada hacia su colonia por un gobierno de Estados Unidos prepotente, injusto e insensible.
Desde María hasta hoy, nos ha ido cada vez peor. La llamada asignación multimillonaria prometida por el Gobierno Federal después de María no se ha movido al ritmo ni a la velocidad que la situación crítica de nuestra infraestructura requiere. Según cálculos de ambos gobiernos, dicha asignación de fondos ronda los $80 mil millones, y apenas se ha recibido una fracción. Después de cinco años, la mayoría de ese dinero sigue atrapado en la madeja de intereses creados y codicia que la llamada “recuperación” de Puerto Rico ha creado entre los círculos de poder económico en Estados Unidos, en especial de las grandes empresas de energía que buscan mercados cautivos para los combustibles fósiles. Por otro lado, la ineptitud y malas mañas de los gobiernos de Puerto Rico levantan la suspicacia en FEMA y otras agencias federales, y estas también funcionan dentro de tortuosos y lentísimos procesos burocráticos. Un tercer elemento es la codicia de compañías estadounidenses que quieren participar “del pastel de los fondos” de Puerto Rico, y utilizan sus recursos y contactos políticos con los partidos de allá para lograr ser contratados aquí. Un caso así parece ser el de Luma Energy, con un contrato muy ventajoso para administrar la red de transmisión y distribución eléctrica, y cuyo proceso de contratación y su pobre desempeño atentan contra la política pública energética, el clima económico y la estabilidad de nuestro país.
Puerto Rico tiene una larga trayectoria de gobernanza negligente. Por eso, acumuló una deuda pública de $72 mil millones que resultó en la imposición por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos de una ley de quiebras especial llamada PROMESA, y una Junta de Control Fiscal con poder decisional último sobre nuestros asuntos más importantes. En buena medida, la parálisis de servicios públicos ocasionada por la quiebra de Puerto Rico ha sido una retranca al proceso de recuperación tras los desastres naturales de los últimos cinco años.
Mucha gente en Puerto Rico sabe y siente que es hora de dejar de vivir a merced de la naturaleza y comenzar a reclamar una recuperación real y justa de nuestro país, que no deje a nadie atrás. Sabe también que los miles de millones de dólares que pudieron haberse usado para crear infraestructura duradera y sostenible, ahora son deuda vencida, y que ese dinero fue saqueado y dilapidado en proyectos faraónicos, componendas políticas y corrupción. De seguir con los mismos gobiernos en Puerto Rico y en Washington, Puerto Rico nunca sacará los pies del plato. La evidencia del mal gobierno está a la vista: nuestro país está destruido y en un callejón sin salida.
