CLARIDAD
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“¡Ni una antena más!” Eso es lo que reclama el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas (FCCPA). Es que no son una, ni dos, son 15 las comunidades -en un momento fueron 35- que al presente luchan contra un gigante de más de 180 pies que parece tener a todo el gobierno a su favor incluyendo a la fuerza de la Policía.
La primera comunidad en organizarse para combatir la instalación de una antena de comunicaciones fue el barrio Altosanto Sonador, en San Sebastián, indicó el portavoz del Frente, Wilson Rivera, junto a otros miembros del Frente de comunidades de Las Piedras y Salinas.
Aunque Rivera no es residente de Altosanto Sanador, un amigo vecino le solicitó su ayuda, por sus conocimientos como sociólogo. El portavoz del Frente indicó que el caso de San Sebastián es importante debido a que, aunque llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) y la comunidad lo ganó, la empresa buscó la manera de burlar la determinación y salirse con la suya de levantar la torre. La empresa en este caso era la QMC. “Esta compañía es una poderosa no solo en el aspecto económico, pertenece a Rafael Somoza, pariente de la familia Somoza nicaragüense y del Guillermo Somoza que fue secretario de Justicia en Puerto Rico. La esposa es Oronoz, hermana de la presidenta del Tribunal Supremo, estamos hablando de una empresa realmente poderosa en términos económicos y políticos”.
Denunció que en OGP “fraguaron” una estrategia de que QMC enmendó el proyecto bajándole 10 pies a la torre por lo que se aprobó el proyecto. Reparó que en términos legales esto no procedía, ya que se supone que al cambiar un proyecto el proponente tiene que reiniciar los procesos de permiso y QMC no lo hizo.
“OGP entonces se lo reconoció y la antena está allí pero el proceso nos enseñó mucho. Nos enseñó que las comunidades en Puerto Rico estamos marginadas, estamos invisibilizadas y estamos frente a un monstruo que lo avala el gobierno de Puerto Rico.”
Los miembros del Frente denunciaron además que la compañía Innovatel, que preside Manuel Avilés Avilés, es la dueña de la torre de Salinas y Aguada y es la compañía que más abusos ha cometido contra las comunidades. Rivera indicó que Innovatel tiene registrada cinco empresas en la isla y es parte de una empresa regional que tiene propiedades en otros países de Latinoamérica y EE UU. Más aún denunciaron que uno de sus consultores especialistas, José Díaz Díaz, fue nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi como miembro de la JP. “Nosotros protestamos ese nombramiento”, expresó Rivera.
A partir de la experiencia en San Sebastián comenzaron a recibir llamadas de otras comunidades y el Frente quedó organizado en el 2009. Contó que en otros casos como en la comunidad Atalaya de Aguada, fueron al tribunal y se ganó y no hubo marcha atrás. Otra comunidad que ha logrado acudir el tribunal es comunidad rural La Guaba, en Bayamón, en donde el proyecto al presente está paralizado.
Rivera confirmó que en todas las comunidades que se han manifestado contra estas construcciones ha incursionado la Policía e incluso ha habido arrestos. En San Sebastián, recordó, la Policía arrestó a 21 personas, él y otros cuatro compañeros fueron arrestados en Goyito Muniz de Aguada. De esta última reconoció que “hay una comunidad realmente fuerte y dispuesta a luchar”.
Las comunidades se han dado cuenta en el proceso que no tienen ningún acceso a la justicia. Aunque al principio la Ley 89 del 2000, que es la que se supone regule la colocación de estas instalaciones, disponía la celebración de una vista pública compulsoria, este requisito fue eliminado. Como ya no hay vista pública las comunidades tienen que ir directamente al tribunal.
“Hay comunidades que no podemos ir a los tribunales por la cuestión económica, las empresas pagan $200 y hasta $300 la hora a sus abogados. Nosotros tenemos que ir a un abogado que sea una persona consciente y nos facilite el servicio. En el caso de San Sebastián se fueron $50 mil para ir al TS. No todo el mundo puede conseguir esa cantidad. En el caso de Aguada se fueron $30 mil”.
Ante la impotencia, luego de estar reuniéndose cada mes y compartiendo información, desde el 2015 las comunidades que integran el Frente tienen redactado un proyecto dirigido a que la comunidad tenga una mayor participación en el proceso, que haya una vista compulsoria y disposiciones más rigurosas. Tanto en el 2015 como en el 2018 la medida fue presentada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y en ambos cuatrienios fue engavetado.
“No tenemos la influencia de QMC, es David contra Goliat”, comentó Rivera. El Frente volvió a la carga en este cuatrienio y en días recientes la medida -PS 319 y PC 663- fue radicada mediante petición ciudadana con el aval otra vez por la delegación del PIP, la delegación del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), y el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa.
El proyecto busca abolir la Ley 89, “esa ley la redactaron los cabilderos de las empresas”. Un aspecto significativo que contiene es que se aumente la distancia de la colocación de las antenas de las residencias. En la práctica con la actual ley no hay ninguna disposición. Según la ley la ubicación de una torre debe tener una distancia no menor de la altura de la torre y más de un 10% adicional a la residencia más cercana. Pero la misma ley dice que no hay que cumplir con esta disposición si alrededor hay desarrollos previos. Las comunidades proponen una distancia de entre 300 a 500 metros de distancia.
Las comunidades se cuestionan si en realidad el archipiélago de Puerto Rico requiere tantas antenas, al presente hay dos mil torres de comunicaciones lo que representa 20 mil antenas. “Estamos saturados, no hay necesidad” subrayó el portavoz del Frente.
Las comunidades que al presente integran el Frente y han suscrito el proyecto son: Goyito Muñiz, de Aguada; Las Margaritas, Salinas; Montones, Las Piedras; Jaguas, Gurabo; Cañaboncito, Caguas; UPR, Carolina; Coabey, Jayuya.
Le acompañan; la Comunidad de la carretera 686, en Vega Baja; Guava, Bayamón; Juana Díaz; Las Marías, Barceloneta; Barrio Corchado, Isabela y Río Abajo en Arecibo.
