Por la Redacción de CLARIDAD
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Capítulo de Puerto Rico, manifestó su oposición a la posible reactivación del centro de detención en Aguadilla como parte de una estrategia federal para acelerar procesos de deportación, ante declaraciones de la agente especial del HSI, siglas en inglés de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, en Puerto Rico, Rebecca González.
En comunicado de prensa, este martes, la ACLU expresó que rechazaba de forma enfática el planteamiento de la agente especial del HSI por considerarlo una grave afrenta a la dignidad humana y una amenaza directa a los derechos de las personas migrantes en Puerto Rico y el Caribe. ACLU apuntó que reabrir un centro de detención masivo en nuestra región representa un retroceso moral, legal y humanitario. “Lo que se busca con esta actuación es legitimar la iniciativa del presidente Trump de criminalizar a las personas migrantes en violación a la Constitución de los Estados Unidos y de los tratados internacionales que los protegen”.
La directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez, señaló que las condiciones de detención, por más que se proclamen “protegidas por directrices constitucionales”, no pueden garantizar ni la seguridad ni el bienestar de quienes son forzados a permanecer tras barrotes mientras enfrentan procesos migratorios complejos. Para ella, la detención no es ni debe ser el estándar para gestionar la movilidad humana.
“Nos alarma profundamente que se hable de ‘auto deportación’ como una política promovida con incentivos monetarios. Llamar ‘voluntario’ a un proceso impulsado por miedo, precariedad y falta de opciones legales reales es cruel. También repudiamos la narrativa que insinúa que la deportación es una respuesta justa, cuando lo que enfrentan muchas de estas personas es la persecución, la pobreza extrema o la violencia estructural en sus países de origen.
”A su vez, denunciamos la intención de acelerar procesos judiciales migratorios a costa de derechos constitucionales sin importar su estatus migratorio. Toda persona tiene derecho al debido proceso, al acceso a representación legal local y a que su caso sea atendido con la rigurosidad que merece, no con la premura de una cuota no reconocida oficialmente pero claramente ejecutada.
”Puerto Rico no debe convertirse en un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina. Lo que necesitamos son designaciones de espacios sensibles, políticas de acogida, inversión en procesos de regularización, y el respeto irrestricto a los derechos humanos, no cárceles”.
Hasta el presente, según informes del ICE-HSI a la prensa en lo que va de año, en Puerto Rico se han detenido 364 personas, 245 de República Dominicana, 31 de Haití, 16, de Venezuela, 12 de México, 9 de Brasil y 6 de China.
