CLARIDAD
Las diversas organizaciones que representan a los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se proponen mantenerse manifestando en las inmediaciones de la Administración Central en el Jardín Botánico hasta lograr que la presidencia y la Junta de Gobierno deroguen la Certificación 1 del 2023-2024, que crea un plan de ahorro 401-K para nuevos empleados de la UPR.
El lunes en la mañana, miembros de diversas organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad, impidieron el acceso a las oficinas de Recursos Humanos de la Presidencia y la Junta de Gobierno. Según denunciaron, la Certificación 1 del 2023-2024, que crea el plan de ahorros, fue aprobada durante la última semana de julio, en la que se había decretado un receso de labores. La administración universitaria ha reconocido que la aprobación de la certificación es a pedido de la Junta de Control Fiscal (JCF), a cambio de aprobar la cantidad de $20 millones a su presupuesto.
En entrevista, el profesor Waldemiro Vélez Cardona, miembro de la Junta de Retiro del actual Sistema de Retiro de la UPR, indicó que la certificación emitida por la Junta de Gobierno dice que por recomendación del presidente, Dr. Luis A Ferrao, se cierra el sistema de retiro actual a nuevos participantes. No obstante, considera importante aclarar que no es que el sistema que tienen ahora ya no exista o que no va a funcionar. “Nada de eso es correcto, el sistema actual va a seguir funcionando y va a seguir atendiendo tanto a los jubilados como a los que están activos en ese plan. Hasta ahora, todo el que ha trabajado en la Universidad y ha pagado retiro está en el plan de retiro nuestro. No hay nadie en el nuevo plan 401K”.
De la administración universitaria insistir en mantener la certificación la UPR tendría dos sistemas de retiro a la vez. Vélez Cardona señaló que al presente la Junta del Sistema de Retiro tiene un caso en el tribunal, dado a que la ley 7 de 1942 de la UPR ordena a la Universidad tener un sistema de retiro, por lo que tener dos de manera arbitraria es una violación de la ley.
“La ley es la 7 de 1942. Una de las primeras reformas universitarias más importantes establece que la universidad tendrá un sistema de retiro”. El Título II de la ley PROMESA le ordena a la Junta de Control Fiscal (JCF), a asegurar que los sistemas de retiro estén debidamente financiados. “Eso es parte de la responsabilidad de la JCF, no es para destruir unos y crear otros”.
El profesor de Economía fue crítico al señalar que los sistemas de retiro de aportaciones definidas son un problema porque nadie sabe lo que tiene ni lo que va a recibir cuando se vaya a jubilar. “En un plan de beneficios definidos que las personas saben según los años de servicio lo que han pagado saben lo que van a recibir de retiro. No hay esa incertidumbre en esa etapa tarde de la vida porque uno no va a saber cuánto dinero va a tener. Eso es terrible, es casi invitar a la gente a tener problemas mentales. Eso es absurdo”.
Agregó que la UPR plantea que su aportación patronal al 401-k sería de 4.5 %. “Eso es lo que le van a dar al empleado. Es una barbaridad, una falta de respeto tremenda”. La aportación del empleado sería la misma. Vélez Cardona reparó en que aunque la personas pueden poner lo que quieran, la gente que está empezando a trabajar en la Universidad, docentes y no docentes, no sabe de dónde va a sacar dinero para poner en inversiones que son riesgosas.
“Tanto el Presidente como la Junta de Gobierno están siguiendo órdenes de la JCF. Los 20 millones, el chantaje. Eso le hace pensar a alguna gente que esos $20 millones vienen de Nueva York. Esos son 20 millones que le tocan a la Universidad por la fórmula y algunos más que no nos han dado. La Junta no nos va a dar $20 millones, la Junta lo que hace es quitarnos. La Junta no nos da nada”.
En entrevista por separado, la presidenta de la HEEND, Janell Santana Andino, reiteró a CLARIDAD que las organizaciones se mantenían manifestando frente a la administración central y que el martes el presidente y su grupo de trabajo se fueron a trabajar a otra área que no era la presidencia. Repasó que los comentarios del 401- k que se remontan a la época en que la licenciada Zoraida Buxó era vicepresidenta de la Junta de Gobierno.
La presidenta de la HEEND también reparó en que una certificación similar fue puesta en pausa debido al caso que se mantiene en el tribunal. Detalló que la nueva certificación1324 dice que toda aquella persona que se contratará a partir del 1.0 de agosto 2023 va a tener un “plan de ahorro”, que es como le llama la UPR.
Santana Andino denunció que aunque la certificación dice que es a aquellas personas nuevas que se contraten, la Oficina de Recursos Humanos y el director ejecutivo de la Administración Central han dado la interpretación y están orientando a todas aquellas personas que hayan estado cotizando para el retiro anteriormente, no importa si la cantidad de tiempo es 10, 15, 20 años, a que si por alguna razón estuvieron 15 días fuera en lo que renovaban su contrato, también las van a sacar del sistema de retiro definido y las van a colocar en el 401-k.
“O sea, que de alguna manera lo que van hacer es que cuando vengan los próximos nuevos nombramientos dejan a la persona dos semanas sin cobrar y le van a decir que va a un sistema de ahorro, aun cuando la persona haya cotizado al sistema de retiro que se tiene ahora”, declaró.
Denunció en tono enfático que esto va a provocar un efecto en cadena y manifestó que saben que la intención de la administración es tratar de implementar este plan a largo plazo para todos los empleados de la Universidad. Prosiguió con que si se cierra el sistema de retiro que se tiene actualmente es obvio que la cantidad de participantes va a bajar y la deuda actuarial que tiene ahora mismo la Administración con el sistema de retiro va a ser mayor. Reveló que hace dos años que por exigencia de la JCF la UPR no ha pagado su aportación al retiro.
La líder sindical cuestionó cuál es el ahorro que aduce la Administración Universitaria va a tener con el nuevo plan, sobre lo que se han negado a presentar datos. Incluso, en la reunión del lunes (7 de agosto) que lograron tener con el presidente y su equipo de trabajo, el mismo Dr. Ferrao les dijo que tomó esa determinación porque la JCF le dijo que si no lo hacía no le daba los $20 millones del presupuesto del año pasado.
“A los chantajes de la JCF, la UPR simplemente baja la cabeza y los acata y prefiere ir en contra de los trabajadores y trabajadoras universitarios por $20 millones de dólares que le van a costar al final mucho más que eso”.
Además de las organizaciones citadas, los otros grupos que participan del movimiento en demanda de la derogación de la certificación están la Asociación de Jubilados de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, la Federación Laboralista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de Supervisores y Gerenciales de la Universidad de Puerto Rico, el Comité de Diálogo Institucional y la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.
