CLARIDAD
Un estudio sobre la vivienda en Puerto Rico reveló que a pesar de que el país cuenta con más de 127,000 unidades de alquiler subsidiado, estas ayudas a duras penas alcanzan para cubrir el 20 % de la población elegible y el 50 % de los inquilinos elegibles.
El Estudio sobre la vivienda de alquiler subsidiada en Puerto Rico reveló, además, que esta cobertura de unidades subsidiadas por hogares elegibles es sumamente desigual a través de los municipios. En entrevista, el profesor Raúl Santiago Bertolomei, uno de los investigadores, explicó que esa desigualdad de vivienda disponible entre municipios responde en parte a que los municipios que tienen menos inquilinos van a tener menos gente participando como arrendadores. Esto, a su vez, responde a que como los límites de ingresos se calculan a base de mediana de ingreso legal, esas áreas son acordes a la región metropolitana, según las define la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y no se calcula para cada municipio de manera individual.
Por ejemplo, el área de San Juan tiene más de 28 municipios, pero no importa si la persona vive en Dorado o Guaynabo, se le aplican los mismos límites de ingresos que si viviera en Naranjito o Corozal. Esto provoca que cuando los precios de alquileres de mercado y los alquileres de mercado justo (Fair Market Rents) que calcula el Departamento de Vivienda de EE. UU. (HUD, en inglés) se hace muy o más grande, hay menos arrendadores participando.
Los programas federales de vivienda de alquiler subsidiada que se rigen por los límites de ingreso establecidos por HUD incluyen vivienda pública, los vales de Sección 8, el programa HOME, los fondos CDBG, Sección 202, Sección 811 y los Créditos Contributivos para la Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC, en inglés), entre otros.
El propósito del estudio fue conocer las consecuencias de aumentar los límites de ingresos bajo distintos escenarios y presentar recomendaciones sobre cómo aumentar la oferta de vivienda asequible en Puerto Rico. El profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico expuso que si se aumentan los límites de ingreso, aumenta la población que es elegible, pero eso no aumenta el número de unidades disponibles.
La situación, describió, es que si los límites como están, con la situación precaria que vive la gente en vivienda pública y Sección 8 de miedo a que los desahucien, por cada hogar que recibe la ayuda, hay cuatro más que podrían ser elegibles, pero no la van a poder recibir. Ya la lista de espera supera 30 mil hogares, alrededor de 45 mil personas. Si se aumentan los límites de ingreso, se tiene más gente elegible, pero pueden pasar dos cosas: una, como no está aumentado el número de unidades subsidiadas, va a haber más gente en fila; lo otro, que los que tienen un ingreso un poco más alto dejen sin alternativa asequible a los que tienen ingresos más bajos.
Al respecto, se encontró que el aumentar los límites de ingreso a 120 % de la mediana de ingreso de área, según la calcula HUD, aunque aumentaría en un 19 % la población elegible a ayudas, el aumento se daría mayormente en municipios con pocas unidades de vivienda subsidiada. Redelimitar las áreas de referencia que utiliza HUD para calcular las medianas de ingreso de área que determinan los límites de ingreso para que sean geografías más pequeñas conllevaría una reducción de un 5 % de la población elegible.
El tercer escenario que se identificó fue que el aplicar a Puerto Rico la regla federal que estipula que los límites de ingreso se ajustan al mayor entre el umbral de pobreza y la mediana de ingreso de área, según lo calcula HUD, aumentaría en un 2 % la población elegible. Al presente, Puerto Rico está excluido de esa regla federal. El aumento se daría mayormente en municipios que tienen la mayor cantidad de unidades de vivienda subsidiada.
Los resultados del estudio responden a la realidad de lo que son los ingresos de las familias. En este se recoge que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico creció de $19,3705 en 2010 a $21,058 en 2020. Esto representa un aumento promedio anual de 0.84 %. En cuanto a los niveles de pobreza en Puerto Rico, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2020 el 43.4 % de la población general vivía por debajo del nivel de pobreza.
En estas circunstancias, la investigación destaca que entre el 49 % y el 88 % de la población inquilina con ingresos por debajo de los límites establecidos por HUD gasta más de una tercera parte de su ingreso en alquiler, mientras que entre el 11 % y el 68 % de dicha población gasta más de la mitad de su ingreso en alquiler.
Otro dato revelador es que el grupo de hogares con los ingresos más bajos dentro de los límites establecidos por HUD tienden a ser jóvenes, liderados por mujeres solteras con niños y enfrentan una alta carga de alquiler.
Además, la población que habita en unidades subsidiadas por vivienda pública o Sección 8 tienden a tener ingresos marcadamente más bajos que la población que habita unidades subsidiadas por el Programa de Créditos Contributivos (LIHTC, en inglés).
El Programa de Créditos Contributivo (LIHTC)
Una persona que viva en vivienda pública o bajo Sección 8, si aumenta su umbral de ingresos, se le elimina la asistencia. Santiago Bartolomei, sí hay algunas personas que se quedan por generaciones en vivienda pública, pero esto es mucho menos común de lo que la gente cree. Por lo general, en vivienda pública hay mucho movimiento, ya sea por movilidad o por desahucios. “El desahuciador más grande es el Departamento de la Vivienda”.
Sobre LIHTC, en el estudio se encontró que la gente se queda mucho más tiempo, hay menos intercambio. No obstante, este programa, que es el único que está ofreciendo HUD para nueva vivienda, ofrece créditos contributivos por 30 años. Después de eso, el desarrollador puede volver a renovar los créditos contributivos por 30 años más o colocar las unidades a precios de mercado. Esto son los proyectos que sustituyeron el residencial Las Gladiolas, en Hato Rey; el de Puerta de Tierra; Gautier Benítez, en Caguas, y es el nuevo Río Piedras Village.
Fue este programa lo que originó el interés por el citado estudio. Según Santiago Bartolomei, la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) se enteró de que en las Isla Vírgenes HUD aprobó un aumento en los límites de ingresos, gracias a un estudio de su Universidad. La ACH interesaba que la UPR hiciera un estudio similar que demuestre por qué hay que subir los límites de ingresos, que les ayudara a conseguir financiamiento para sus proyectos.
La postura de la UPR fue que ellos no hacen estudios por encargo, que hacen estudios de investigación y que, dependiendo de lo que arrojen, hacen sus recomendaciones. Aun así, el Departamento de la Vivienda Pública (DVP) se interesó por el estudio y se lo encomendó a la UPR.
La premisa del DVP fue ver el efecto de aumentar los límites de ingreso para determinar la elegibilidad de programas subsidiados. Entre los descubrimientos de la investigación se encontró que HUD aprobó un aumento en el ingreso en Islas Vírgenes porque, a diferencia de Puerto Rico, en que el Negociado del Censo realiza un censo de la comunidad todos los años, en Islas Vírgenes se hace un censo decenal. Al paso del huracán María (2017), para poder pedir a HUD que aprobara un aumento de límites de ingresos para sus programas de vivienda, aplicaron datos del 2010. En el caso de Puerto Rico, se utilizaron datos más recientes, con lo que el estudio evidenció los resultados ya expuestos. Los resultados del estudio reafirman el hecho de que en Puerto Rico el problema son los ingresos, que continúan siendo bajos.
