Ya casi nadie tiene duda en Puerto Rico que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE) ha resultado un rotundo fracaso. Destruir la AEE para sustituirla por varias empresas privadas (LUMAEnergy, New Fortress y GeneraPR) y luego dejar a estas empresas operar por la libre, sin la debida supervisión, reglamentación y rendición de cuentas, ha sido quizás el peor legado que puede dejar a nuestro pueblo el bipartidismo incompetente y corrupto de los gobiernos y partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).
Estaba claro desde hacía tiempo que la AEE tenía que ser reformada. Había caído presa del patrón de politización extrema y corrupción que ha ido carcomiendo desde adentro a los gobiernos coloniales de Puerto Rico durante los últimos 60 años. Pero la solución que se ha buscado como remedio ha sido peor que la enfermedad. Ni en los peores momentos de la AEE, Puerto Rico vivió la precariedad energética que se vive en estos momentos. Decir que no se puede confiar en nuestro sistema eléctrico no describe totalmente la magnitud del problema.
Al cierre de estas líneas, quedan todavía miles de abonados sin luz, luego de más de dos semanas de continuos apagones e interrupciones del servicio eléctrico, a todo lo largo y ancho de Puerto Rico. Aún nadie ha informado cómo ni cuándo se restaurará el servicio eléctrico a las poblaciones de Aibonito, Coamo y Santa Isabel que colapsó la semana pasada por un sopetazo que dejó sin luz a varios pueblos, barrios y sectores en varias regiones del país, causando múltiples problemas y ansiedad generalizada en la población.
LUMA Energy, subsidiaria de la unión entre la empresa estadounidense Quanta Services y la canadiense ATCO Energy, es la encargada de la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico desde 2021, con un contrato de 15 años, y es la principal responsable de la actual debacle eléctrica. Por eso, su gestión ha estado impugnada ante la opinión pública de todo el País, no solo desde su origen, producto de un contrato nebuloso, poco beneficioso e impuesto al pueblo de Puerto Rico, sino por su historial de prepotencia, impericia y falta de compromiso hacia la tarea que les fue asignada.
No se trata solo de los continuos y prolongados apagones que martirizan a vastos sectores de nuestro pueblo. Es que LUMA sigue operando con una fuerza de trabajo principalmente importada y que no conoce como está conformado el sistema eléctrico de Puerto Rico, y mucho menos nuestra topografía ni las particularidades y dificultades de un sistema eléctrico que atraviesa nuestra isla por las montañas. Han tenido tres años para aprender y entender, pero no lo han hecho.
Con LUMA estamos peor que nunca en la estabilidad de nuestro sistema eléctrico. Decenas de miles de abonados quedan sin luz en sus casas, a cualquier hora y con cualquier pretexto banal. Las pérdidas económicas en las operaciones y estabilidad de comercios e industrias son incalculables. Los enseres electrodomésticos arruinados y las miles de libras de alimentos que se dañan en cada apagón, además de la congestión del tránsito vehicular, las interrupciones en servicios como citas y tratamientos médicos, trámites gubernamentales, clases en las escuelas y actividades en instalaciones deportivas y campamentos, en medio del calor sofocante del verano, convierten la vida en Puerto Rico en un desafío diario.
Pero LUMA no opera sola. La otra cara de la dupleta es GeneraPR, la advenediza compañía privada de que desde 2022 fue creada y contratada para atender y resolver el deterioro y desgaste de las plantas generatrices de energía y reorganizar el proceso de generar la electricidad. En su año de gestión, GeneraPR- que es una subsidiaria de New Fortress Energy, la compañía que desde 2021 opera un terminal de gas licuado ( metano) en la Bahía de San Juan- tampoco ha logrado mucho, que no sea mover su mollero político, económico e influencias para que, en lugar del petróleo, sea el gas natural la fuente principal de la «renovada» reconstrucción eléctrica en Puerto Rico.
De trasfondo hay una agenda que quedó muy clara desde la propia redacción y origen de la Ley PROMESA y el surgimiento de la Junta de Control Fiscal (JCF): el interés de la industria del gas natural de Estados Unidos por controlar el mercado de la energía en Puerto Rico. Recordemos que el principal redactor de la Ley PROMESA en 2016 fue el abogado Bill Cooper, principal asesor del Congresista Rob Bishop, de Utah, entonces presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos y gestor de la infame y colonial ley de restructuracion de la deuda pública de Puerto Rico que nos fue impuesta.
Antes de trabajar para Bishop, Cooper había sido director ejecutivo, portavoz y cabildero de la industria de gas licuado de Estados Unidos. Por eso Bishop lo impulsó para que fuera el primer Director Ejecutivo de la JCF. Pero cuando Donald Trump ganó la presidencia, Bill Cooper pasó a ser el jefe de la Oficina Legal del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ahora funge como director de la Oficina Legal de Golden Pass, LNG, uno de los mayores terminales de producción y exportación de gas natural licuado en Estados Unidos y el mundo.
A este historial se suma que en el 2023 Estados Unidos se convirtió en el principal exportador mundial de gas natural licuado, superando por primera vez a sus principales competidores, Qatar y Australia. No es de extrañar entonces que pretendan hacer realidad la intención original de Bishop y Cooper, creadores de la Ley PROMESA, y amigos y beneficiarios de la industria del gas natural.
Ya New Fortress Energy le.comunicó a sus inversionistas en una reunión reciente su intención de triplicar el uso de gas natural licuado ( metano) en Puerto Rico, y convertir dicho combustible en la principal fuente de energía para la Isla. Expresó que para ello cuenta con el aval del gobierno de Puerto Rico.
De ese modo, Luma Energy, New Fortress y Genera PR integrarán el conjunto de empresas con las que la industria de gas natural impulsará que nuestro pueblo se desvíe del rumbo ya emprendido hacia el 100 por ciento de energía de fuentes renovables para 2050. Intentarán seguir manteniendo a nuestro pueblo en perpetua dependencia del gas natural licuado ( metano), otro combustible fósil, importado y muy dañino al ambiente.
El pueblo puertorriqueño está advertido. En nuestras manos está defender el rumbo proyectado para seguir adelantando la agenda de alcanzar el 100 por ciento de nuestra energía de fuentes renovables dentro de 26 años. Ese es el único camino hacia un destino propio de independencia energética y sostenibilidad.
