Por Luis Pedraza Leduc/Especial para CLARIDAD
Los justos reclamos en defensa de las pensiones y otros derechos negociados en los convenios colectivos del sector público han obtenido cierta receptividad en líderes y sectores de los dos partidos que han gobernado y por lo tanto son responsables de las mismas medidas que hoy aparentemente están dispuestos a enmendar. En la Universidad de Puerto Rico, el presidente Jorge Haddock, descubre que los recortes en el presupuesto no son manejables, excepto si se cierran recintos o se toman otras medidas de austeridad.
Los reclamos de las comunidades afectadas por quema de carbón y emisiones de cenizas, así como las exigencias por un servicio de transportación marítima de excelencia para Vieques y Culebra, encuentran ser escuchadas por la Gobernadora, solo eso, escuchadas.
A un año de las próximas elecciones, los aspirantes e incumbentes a cargos públicos simpatizan con las justas causas que ayer le eran indiferentes. Buscan responsabilizar a otros por lo que ellos han hecho por las pasadas décadas que han gobernado. Su apertura a escuchar y hasta actuar, se estrella con el historial (limitado por razones de espacio) de estos a privatizaciones de servicios públicos, despidos de trabajadores, casos de corrupción, legislación para eliminar derechos laborales, impuestos al consumo, cierre de escuelas, desregulación del mercado, el abandono al ambiente, y sobre todo, su alineamiento a la letra de la ley PROMESA, el Congreso y las directrices de los asesores privados que nos imponen pagar.
Ante esta realidad, nadie debe llamarse a engaño. Más allá de los cantos de sirena electorales, la agenda de los sindicalistas comprometidos por una transformación social en favor de la clase trabajadora tiene que asumir la agenda de una constante denuncia de las acciones del capital. Tenemos que luchar de manera abierta en contra de las políticas neoliberales (sociales, económicas, ideológicas y políticas), en contra de los intereses de los emporios financieros y de las estructuras del capitalismo internacional. Poder explicar y describir de manera comprensible porque ocurrió el verano 2019 en nuestro país, qué relación tiene con el paquetazo en Ecuador, la corrupción en el Perú, los procesos electorales en Bolivia, Argentina y Brasil, el bloqueo a Venezuela y Cuba, y sobre todo, porque no reconocemos las luchas en la calle del pueblo haitiano como las sentimos hacia el pueblo chileno. Explicar el qué, cómo y para qué se suceden los eventos se impone.
Las preferencias y objetivos electorales de los sectores más alertas y progresistas no deben confundir a nadie. Tampoco los cantos de sirena de los colonialistas. Todo lo contrario, el momento exige desmontar la realidad, explotación y dominio de los grandes intereses económicos sobre la clase trabajadora y el pueblo. Solo así identificaremos las acciones correctas a seguir.
La educación y formación sindical debe ser prioridad hacia nuestras matrículas. Practicar la Solidaridad debe ser la guía en todas nuestras acciones públicas e internas. Con desprendimientos, no pensando en el logro inmediato a recibir, sino en el logro a mediano y largo plazo a construir.
Específicamente, debemos salir a la calle a exigir la restitución de nuestros derechos sindicales y laborales. Los tribunales no nos darán la razón a menos que la lucha obligue a reconocer lo que por siglos otros lucharon y obtuvieron para nosotros. Hay que revertir las limitaciones impuestas por la ley PROMESA y todas las leyes aprobadas al amparo de esta en el 2017. Exigir el respeto a la negociación colectiva y los convenios negociados se impone. Las acciones dirigidas en este sentido, deben lograr movilizaciones e importantes victorias colectivas, con el esfuerzo de todos, que nos impartan confianza y fe en la lucha sindical y política.
A un lado deben quedar las promesas o acuerdos con políticos o aquellos llamados acuerdos promovidos por la Junta de Control Fiscal. Estos solo serán válidos en la medida que surjan de la lucha, pero si por el contrario, surgen para evitar la lucha o desmovilizar a quienes están en la calle, entonces debemos levantar bandera y revisar cuidadosamente las consecuencias.
No podemos legitimar ni el Plan Fiscal de la JCF, ni los acuerdos para pagar o reestructurar la ilegal deuda, llámese COFINA, Plan de Ajuste de Obligaciones Generales o reestructuración de la deuda de la AEE. Estos acuerdos son la gran estafa a nuestro pueblo.
Estafa que comienza con la creencia de que la deuda es nuestra y debemos pagarla. Luego nos presentan alegados acuerdos que no pagan o saldan deuda alguna. Por el contrario, los llamados acuerdos solo refinancian la ilegal deuda, comprometiendo la vida de las futuras generaciones con un condena de deuda asegurada por más de cuarenta, 40, años.
Y no menos importante, ya que es la esencia del problema para Puerto Rico, no podemos olvidar que todo lo que nos ocurre en nuestro país surge de la naturaleza colonial de un sistema impuesto por la fuerza militar de Estados Unidos y articulado legalmente por el Congreso y el Tribunal Federal.
La abogada que honrosamente defendió la posición de la UTIER sobre la ilegalidad de los nombramientos de los miembros de la JCF en el Tribunal Federal el pasado 16 de octubre hizo énfasis en la urgencia de revisar los Casos Insulares que permiten el colonialismo en Puerto Rico. La respuesta del Tribunal Federal fue elocuente, “no vemos la pertinencia”. Es obvio, que ellos quieren seguir cobrando deuda, ese es el negocio del capital y la colonia sirve para ello.
La abogada Jessica Méndez Colberg, ha hecho su parte dignamente. Nos toca a los dirigentes sindicales comprometidos echar el resto.
