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El reclamo por una auditoría de la deuda no se basa en meras expresiones, organizaciones profesionales, académicas, el pueblo en general de una forma u otra se ha manifestado en su favor. Esta postura fue confirmada por la encuesta Trayecto Dignidad, la cual reveló que un 86% de la población está de acuerdo con una auditoría de la deuda.
Estos resultados son significativos si se considera primero la poca atención que le prestó la pasada administración gubernamental al tema, y a la misma Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), así como la acción tajante de su eliminación por la actual administración.
Para el profesor de Derecho, Juan Correa Luna, coordinador del grupo, Somos Dign@s, responsable de la encuesta nacional, bajo el nombre de Trayecto Dignidad, estos resultados le son sorprendentes precisamente por la campaña de desinformación que lanzó el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, contra la auditoría, por lo que su impresión era que la auditoría no tenía tantos adeptos. “Cuando ví ese resultado tan alto, monumental me parece que el gobierno ha fracasado en su intento contra la auditoría creo que en la medida en que vayan pasando los días la exigencia por una auditoria será mayor”. Es revelador, además, el que el 39% de los encuestados piensa que la JCF no auditara la deuda, mientras un 37% dijo creer que sí la auditara. “En lo que el pueblo está claro es que debe auditarse la deuda”, destacó, Correa Luna.
El propósito de la encuesta, Trayecto dignidad estuvo dirigido a auscultar los conocimientos y perspectivas de los y las puertorriqueños(as) sobre el derecho a la autodeterminación, el colonialismo y la Junta de Control Fiscal (JCF). La encuesta se llevó a cabo (entre el 25 y 26 de marzo) alrededor de la Isla entre plazas públicas, centros comerciales y otros lugares públicos, se logró entrevistar a 1,126 personas.
La impresión de que hasta el momento la ciudadanía parece estar indiferente frente a las medidas que ha impuesto la JCF, contrastan con los resultados de la encuesta. Correa Luna señaló que cuando se consulta al pueblo en las plazas públcias y centros comerciales los resultados de la encuesta revelan que la gente entiende que las medidas de la JCF van a empeorar la situación y que van a crear mayores problemas. La encuesta arrojó que: el 69.8% de los encuestados dijo creer que las medidas de la JCF aumentaran el desempleo; el 55% que se agravara la corrupción; el 52.6% que se violan los derechos humanos y un 50.4% que se agravara la crisis económica.
El profesor de Derecho quien ha participado en las tres encuestas nacionales anteriores que ha realizado el proyecto Somos Dign@s agregó que lo interesante de estos resultados es que la impresión general coincide con los señalamientos que han hecho economistas tanto del país como del exterior de que las medidas de la JCF son del todo contraproducentes y lo que harán será hundir más al país en la recesión.
La encuesta también recogió el sentir respecto a los recortes en salud, el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos y a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Una vez más los resultados fueron consistentes con el sentir de rechazo a las medidas. El 91% se expresó en desacuerdo con los recortes a salud, un 5% de acuerdo y el 4% dijo no estar seguro. Sobre el recorte al Sistema de Retiro el 91% se expresó en desacuerdo, el 6% en acuerdo y el 4% en desacuerdo. En el caso de la UPR el 86% rechazó los recortes, un 9% dijo estar de acuerdo y el 5% dijo no estar seguro.
Otro aspecto que auscultó la encuesta fue si se estaba de acuerdo o no con una reestructuración del gobierno. Aquí el 47% dijo estar de acuerdo, un 45% no estuvo de acuerdo y un 8% dijo no estar seguro. Respecto a este particular, Correa Luna hizo la observación de que pese a que las personas entienden que el gobierno debe someterse a unos recortes no ven el víncluo de que esos recortes tendrían unas consecuencias en los servicios al pueblo. “Esa fue la única partida de recortes en que estaban dispuestos a reconocer como favorable pero como castigo no veían el vínculo”, comentó.
Los derechos civiles
Otro aspecto recogido por el Trayecto Dignidad, fue cuánto conocimiento tienen los ciudadanos sobre los derechos civiles. Correa Luna indicó que los resultados de 2017 fueron consistentes con los resultados de la encuesta del 2011. En ambos momentos el 53% de los encuestados no pudo identificar ni un solo derecho civil, incluso personas con altos niveles de educación.
Sin ocultar su sorpresa comentó que estos resultados contrastan con una encuesta realizada en la isla en el 1959 en la que se midió este conocimiento y el 47% de los encuestados sí pudo identificar al menos un derecho civil. Igualmente las personas no lograron identificar la diferencia entre los derechos civiles los cuales son garantizados por leyes y por la constitución y los derechos humanos, los cuales son garantizados por el derecho internacional.
A la interrogante de por qué más personas no traducían su postura de rechazo a las medidas de la JCF y de apoyo a una auditoría, Correa Luna, quien fue uno de los que estuvo tratando de cabildear en el Capitolio a favor de la auditoría, expresó que las respuestas de las personas evidencian sentimientos de temor a manifestarse en contra. “La respuesta es que hay miedo que son bien fundamentados en la experiencia histórica. Primero ir a una manifestación pública con la historia de represión típica de las colonias, con las consecuenias de persecusión… es la historia de Puerto Rico desde España hasta Estados Unidos. Son respuestas típicas de las mismas personas, del temor que se infunde en la colonia, todos esos proyectos que se han convertido en ley lo que han hecho es penalizar la protesta, es continuar la historia de represión”, concluyó.
La auditoría ciudadana va
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) anunció que se mantendrá firme en su reclamo por lo que continuará trabajando en una auditoria integral de la deuda pública.
En conferencia de prensa portavoces del Frente dieron a conocer que aunque el gobierno se niegue a auditar la deuda, el colectivo estará trabajando para dar continuidad a la auditoría integral que mandaba la Ley 95 del 2015, pero esta vez de una forma netamente ciudadana, transparente y participativa. Según se informó ya se comenzaron los acercamientos a los excomisionados del interés público para evaluar las alternativas que permitan continuar con la auditoría, además de invitar a todos los sectores que se quieran unir al proceso. “No podemos permitir que nos dirijan a ciegas”, índice Justo Méndez, uno de los portavoces del colectivo.
Eva Prados, otra de las portavoces del Frente trajo de ejemplo que las auditorías ciudadanas de deudas públicas se han realizado en países como Ecuador, Brasil y Argentina, han dado resultados concretos. “En el Frente insistimos por una auditoría integral de la deuda, no una simple auditoría financiera, como interesa realizar la Junta de Control Fiscal o se pretende con la oficina del Contralor Federal”, explicó Prados. El alcance de la auditoría propuesta por la eliminada Ley 97 del 2015, incluía examinar y evaluar el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación de cuarenta (40) años de emisiones de deuda pública.
“Haremos una auditoría integral y ciudadana, con expertos externos, sin ningún conflicto de interés, para evaluar el desempeño y legalidad en la emisión y uso de todos esos fondos”, dijo la también abogada. Asimismo, adelantó que recabarán los fondos que sean necesarios para que la firma de peritos que había sido contratada por la Comisión pueda hacer la auditoría integral. Los fondos destinados para dicha auditoría se mantenían separados para su futura utilización y la Comisión ya había llegado a acuerdos con la firma Macías, Gini & O’Connell, uno de los bufetes expertos en procesos de auditoría pública de Estados Unidos.
Se supone que esos fondos fueron transferidos a la UPR, por la Legisaltura al eliminarse la Comisión.
“Como pueblo no podemos permitir el despilfarro de fondos públicos pagando deuda sin que sea evaluada. Pero si ellos no lo hacen, nosotros lo haremos”, concluyó Prados.
El Frente también se expresó y se unió en respaldo al movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a la Marcha por la Auditoría y la Educación Pública, que se celebró este domingo en horas de la mañana y que partió del Parque Luis Muñoz Rivera hacia el Capitolio.
