Se reanuda la vista judicial de Mariana Nogales Molinelli

Mariana Nogales. Foto: Alina Luciano/CLARIDAD

 

 

CLARIDAD

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El miércoles 10 de mayo se espera que se reanude la vista judicial presentada por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) contra la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli. Para el licenciado Manuel Rodríguez Banchs, activista por los derechos humanos, si algo confirmó la vista judicial de determinación de causa, la cual quedó suspendida el pasado miércoles a petición de la defensa, es de que el caso se trata de un proceso político.

La OPFI presentó 24 denuncias contra Nogales Molinelli; 17 contra su madre, Rita Molinelli Freytes, y 10 contra la corporación Ocean Front Villas. “Es la utilización de la Oficina del FEI para atacar a  Mariana Nogales, que ha sido una figura que desde que llegó a la  Asamblea Legislativa ha estado fiscalizando y ha sido portavoz de distintas luchas en el país”.

Desde el 2020, Nogales Molinelli ha estado activa en la Legislatura denunciando situaciones de   construcción en la zona marítimo terrestre (ZMT), como en Sol y Playa, en Rincón; en las cuevas de Aguadilla; en Bahía de Jobos, en Guayama, y más recientemente, advirtiendo sobre las repercusiones de la pretensión de extender la carretera número 10 de Utuado a Ponce.

La génesis de las acusaciones

 Rodríguez Banchs señaló que es importante recordar que las acusaciones contra Nogales Molinelli se originan por unas denuncias falsas que hizo el representante Gregorio Matías (del Partido Nuevo Progresista) sobre un audio en el que se escuchaba, supuestamente, a Mariana insultando a la Policía en el complejo Sol y Playa en Rincón y por el que se le atribuía estar incitando a la violencia contra la Policía. La difusión y discusión del audio en algunos medios radiales se extendió de julio a agosto, hasta  que se evidenció que era falso.

“Ese día, Marina estaba en otra lucha del tema de erosión costera”.  Estas controversias se remontan al verano del 2021. Ese discurso cambia después para atribuir a Nogales Molinelli la propiedad de varios  inmuebles en la ZMT. Los ataques continúan y, en septiembre del 2021, el senador Thomas Rivera Schatz (del PNP)  hace el referido a la OPFEI.

En medio de esas atribuciones por parte de los legisladores del PNP, Nogales Molinelli hace público su informe financiero, donde incuye sus propiedades, para demostrar que no había ninguna que estuviera en la ZMT. En ese momento, también se percata de que no había marcado en su informe de Ética si había sido empleada gubernamental o si había participado como directora de alguna corporación. Las corporaciones en las que participó la representante fueron la Coalición Contra la Pena de Muerte y la Brigada Legal Solidaria, ambas organizaciones ciudadanas voluntarias.

Cuando la representante del MVC intentó enmendar y corregir su informe, como lo hicieron otros 38 legisladores (en el mismo periodo), en un principio, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)  le respondió que le iban a rehabilitar la plataforma (corrección que se hace de manera virtual) para que pudiera enmendar e incluir la información omitida. De ordinario, la OEG revisa los informes presentados por los legisladores y si hay alguna incongruencia se hace el acercamiento a los legisladores para que los corrijan y, una vez que están completos, la OEG lo remite a la Oficina de Ética de la Cámara.

Posteriormente, Nogales Molinelli recibe otra comunicación en la cual le indican que no podían rehabilitar la plataforma porque su informe había sido remitido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Enterada de que su informe había sido remitido a la CE de la Cámara por no habérsele encontrado ningún problema, en una conferencia de prensa, Nogales informa de su autoreferido  a la CE de la Cámara para añadir la información. Ante  la divulgación voluntaria de Nogales Molinelli, el senador  Rivera Schatz le hace un referido al Departamento de Justicia, alegando que al no incluir esa información pudo  haber cometido algún delito.

El licenciado Rodríguez Banchs expresó que la querella “más ridícula”  contra la representante es la que hizo el encargado de la OEG, en la que le imputa haber falsificado un documento al intentar enmendar su informe. Esta imputación  la hizo la OEG  luego de haberle dicho lo contrario y referir su informe a la Cámara. De hecho, la Comisión de Ética de la Cámara desestimó esta imputación.

“El Secretario de Justicia, que ha resultado ser desde mi punto de vista otro politiquero más, no le ha reconocido standing a nadie de referidos muy serios, como puede ser el caso de asfalto en el municipio de San Juan; sin embargo,  le reconoce legitimación activa a Rivera Schatz y Gregorio Matías y a la Oficina de Ética y da paso a una investigación que termina con el referido al panel del FEI para que investigue posible violaciones o delitos”, denunció Rodríguez Banchs.

La vista

 A la luz de los hechos anteriores, de la prueba presentada durante la vista para determinar causa probable para arresto contra la representante, se puede ver que el caso fue una expedición de pesca, a juicio de Rodríguez Banchs. Los fiscales tenían cinco años de planillas contributivas, tanto de Nogales Molinelli, de su madre Rita Molinelli como de la corporación, y alegan que estas no incluyeron ingresos en sus planillas. Esto es un trámite cuestionable porque cuando  el Departamento de Hacienda (DH) descubre que un contribuyente tiene incongruencias en sus planillas, lo resuelve de manera administrativa, un proceso que  se ve todos los días.

Otro elemento importante de la vista es que surgió el dato de que el OPFI obtuvo una orden de registro contra unas cuentas bancarias que fue expedida por la juez Iraida Rodríguez Castro, la misma  que atendió la vista. A su vez, la petición presentada por el OPFI estuvo basada en un testimonio bajo juramento de una persona que resume los contenidos de las planillas contributivas, planillas que según dice la defensa fueron obtenidas de manera ilegal porque las planillas en Puerto Rico están cobijadas por el derecho a la intimidad y para obtener copias es necesario hacer  una de dos cosas: obtener una orden judicial o enviar un subpoena al DH, y en ambos casos hay que notificar al contribuyente sobre esa petición de información para que la persona pueda estar preparada y defenderse eventualmente. Este procedimiento  tampoco ocurrió en este caso.

Rodríguez Banchs señaló que  mucho  más grave aun es el hecho de que  la OPFI guardara silencio al conocer en la mañana que la jueza que iba a ver la vista fue la que expidió la orden de allanamiento de las planillas. Lo lógico, lo justo y lo ético que debió ocurrir era que los fiscales le informaran a la defensa de  los imputados que fue ella quien atendió la orden. Si la posición de los defensores es que no había problema, lo hubiesen expresado y lo habrían dejado saber al tribunal. “Así que quien provocó la posposición de la vista por estar haciendo las cosas de manera oculta y no transparente fue el propio OFEI”.

Un aspecto importante a considerar es que no fue hasta el momento de la vista que se dio a conocer cuáles eran los delitos imputados. Observó que hasta en una citación por una infracción de tránsito se le dice a la persona  cuál es la ley violada y los delitos imputados.

En la vista se  divulgó, además, que  hay dos declaraciones juradas, como parte de la prueba del OPFI, que fueron tomadas una el 24 de abril de este año y otra el día 28. A esto hay que relacionarque la directora de la OPFI, Nydia Cotto Vives, hizo expresiones a la prensa de que dicho caso se iba a someter el 20 de abril y que por conflicto de uno de los abogados de la defensa no se pudo hacer ese día.

“Eso quiere decir que este caso da la impresión de que se ha estado recibiendo presión para que los fiscales lo sometan, que es un caso que en lugar de presentarse luego de una investigación, nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Rivera Schatz  dice que investiga a ver si hay alguna violación, sugiere que tiene que ver con asuntos contributivos. Lo que ha hecho el FEI es primero hacer la hipótesis para luego hacer esa investigación y justificar las acusaciones. Aquí fue al revés, se determina cuáles son los delitos por los que se quiere acusar a Nogales y a los otros, para entonces justificar una investigación amañada. Por lo que pudimos ver en la vista, va a ser una vez más una demostración de que el FEI no es otra cosa que un instrumento político de persecutorio al adversario”.

Rodríguez Banchs recalcó que no hay razón  para intervenir las planillas, que es por eso que la OPFI no lo notifica. Si hubiese divulgado la solicitud de las órdenes de allanamiento que alega tener, en el momento en que las solicitaron la defensa hubiese presentado sus argumentos y acudido a un juez, porque no se puede buscar las planillas para ver dónde hay violaciones. El proceso es al revés. Para poder buscar las planillas tiene que haber una base, causa probable de que hay una imputación que permite que se viole el derecho a la intimidad y se divulguen las planillas de alguien.

“Todo esto confirma que esto una persecutoria política porque Marina ha estado dando en el clavo, ha sido efectiva en la denuncia, en ser portavoz de las luchas importantes que se están dando en este país para proteger los recursos naturales, contra el desplazamiento y los derechos de la clase trabajadora. Y son precisamente los intereses que se ven amenazados quienes están  impulsando todo esto, y detrás está Rivera Shatz”, manifestó.

Una vez  que la jueza administradora del Tribunal Superior de San Juan determine si la jueza Rodríguez Castro debe inhibirse o no de atender el caso, se reanudará la vista en la que se presume que ya no debe haber razón alguna para que la prueba presentada cambie, aunque a Rodríguez Banchs no le sorprendería si la fiscalía  intentara hacerlo, dijo.

Los fiscales del caso son Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón, Leticia Pabón y Zulma Fuster, todos vinculados al PNP. En particular, la fiscal Fuster es esposa del exlegislador del PNP, Leo Díaz, y fue una de las que llevó el caso contra el exrector del recinto de Río Piedras de la UPR, Carlos Severino Valdez, y el presidente,  Urayoán Walker, quienes fueron declarados inocentes por un jurado.

“No creo que el FEI tenga probabilidades de prevalecer en este caso y lo que va a resultar es en una Mariana más fortalecida, como las luchas que ella representa”, concluyó Rodríguez Banchs.

 

 

 

 

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