Por Manuel de J. González/CLARIDAD

A Carmen Yulín Cruz le resultará más difícil la victoria en la primaria dentro del Partido Popular (PPD), en una confrontación entre dos o tres candidatos, que en la contienda por la gobernación. Lo anterior no quiere decir que si gana la primera prueba tiene asegurada la segunda, sino que en el difícil camino que le espera el primer reto es donde lo tiene más complicado. Y si gana la primaria porque la oposición se fragmenta entre tres o cuatro candidatos, entonces se enfrentaría a una campaña electoral con buena parte de su partido en contra. 

Decir que la actual alcaldesa de San Juan puede prevalecer en la lucha interna que enfrenta sería creer que el PPD tiene capacidad de renovación, tanto en su estructura como en su ideología, algo que ya no es posible. Porque al abrazar los lineamientos programáticos que Carmen Yulín esbozó al anunciar su candidatura en Caguas, y abrirse a los sectores ideológicos que estuvieron representados en su audiencia, el viejo partido se estaría convirtiendo en una fuerza nueva, una especie de frente amplio contra el colonialismo, por el buen gobierno y la justicia social, algo demasiado lejano a lo que ha sido en las últimas décadas. 

Después de muchos años en el PPD y de unas
cuantas derrotas en sus cuerpos de dirección, la alcaldesa de San Juan debiera saber que hay estructuras que, debido a su avanzado estado de deterioro, no se pueden renovar. Ella, con
conocimiento de causa, ha decidido intentarlo. 

Buena suerte.

Quienes hemos estado atentos a la realidad política puertorriqueña de, al menos, los últimos veinte años no creemos que el PPD pueda transformarse en esa fuerza nueva que la alcaldesa propone. 

Si los fundadores del PPD estuvieran vivos hubieran visto como el muñeco que elaboraron a partir de 1944 (cuando renunciaron a la independencia para buscar esa otra cosa) fue desnudándose poco a poco en los últimos años hasta quedar en el puro hueso colonial. Uno de esos jalones llegó con la ley PROMESA, aprobada por el Congreso al amparo de los poderes omnímodos de la Cláusula Territorial, que desmanteló toda ilusión de gobierno propio. A ese tirón se añadió la decisión del Tribunal Supremo federal en Sánchez Valle, que a la altura del nuevo milenio reafirmó esos poderes diciendo que nada ha cambiado desde los casos insulares en tiempos de la Ley Foraker. Ante esa dramática realidad tal vez alguno de aquellos fundadores hubiese aceptado lo evidente recurriendo a aquel “refugio de nuestro derecho y nuestro honor” del que una vez habló Muñoz Rivera, pero el actual liderato del PPD, llegado el momento, esquivó esa reserva digna. Todos ellos, con mínimas excepciones, siguen creyendo en el Santa Clos que llaman ELA, repitiendo frasecitas huecas como “autonomía fiscal” y “gobierno propio”. Lo que resulta evidente para la mayoría a ellos no les hace mella. 

En ese estado de negación frente a lo obvio continúa prácticamente todo el liderato del PPD: los que integran y controlan las delegaciones de Cámara y Senado, la gran mayoría de la Junta de Gobierno, los que controlan la maquinaria electoral, la mayoría de los alcaldes y buena parte de la estructura partidaria. Por la misma línea caminan los llamados líderes “históricos” – Victoria Muñoz, Héctor Luis Acevedo, Hernández Colón, etc. – quienes conservan bastante influencia sobre lo que decide el partido. El colonialismo, defendido sin asomo de pudor por todo ese liderato, el histórico y el presente, está entronizado en el PPD. 

Para triunfar Carmen Yulín tendría que superar a toda esa nomenclatura que controla las instancias de poder. En el proceso cambiaría la colectividad de arriba abajo, construyendo de paso otro partido totalmente distinto al que existe. Sólo ante ese escenario el programa que esbozó en Caguas podría convertirse en el del partido de Puerta de Tierra. 

Pero la lucha para renovar la estructura y el liderato no sería la única que tendría que dar. Además de ser un partido abiertamente colonialista, sin ninguna hoja de parra que le tape, el PPD, igual que el PNP, es desde hace décadas un campo fértil donde florece tanto la corrupción descarnada como la que se encubre entre asesores, contratistas y cabilderos. De lo primero vimos en el cuatrienio pasado los casos de Anaudi Hernández y el de la ganga que operaba desde el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) protegida por el jefe de la agencia. Tanto Anaudi como la ganga del DRD comenzaron en el partido, ayudando a montar y financiar la campaña, y desde allí saltaron a la administración a pasar la factura por la victoria. Como ellos hay muchos que no han sido descubiertos. 

Todo un pequeño ejército de inversionistas políticos se ha entronizado en el binomio partidista que se ha repartido el poder colonial a lo largo del tiempo. Es parte de lo que hemos importado de Estados Unidos donde el el “inversionismo político” ya es parte de su cultura. Recientemente en el PPD se produjo un intento por detenerlos protagonizado por el exgobernador Acevedo Vilá, que quedó en nada cuando la Junta de Gobierno, de forma abrumadora, apoyó al presidente en funciones y sus prácticas organizativas. 

En ese PPD, que según Acevedo Vilá carga con la “mugre” que representan los inversionistas políticos y los cabilderos, es donde Carmen Yulín ha decidido quedarse para buscar la candidatura a la gobernación. Para logarlo tendrá que “limpiar la mugre con manguera de presión”, como decía Acevedo. Ojalá lo logre, pero me huele que igual como ocurrió con el intento del exgobernador, ya es un poco tarde para pasar manguera. 

Después de muchos años en el PPD y de unas cuantas derrotas en sus cuerpos de dirección, la alcaldesa de San Juan debiera saber que hay estructuras que, debido a su avanzado estado de deterioro, no se pueden renovar. Ella, con conocimiento de causa, ha decidido intentarlo. Buena suerte.

Por Gabriela Ortiz Díaz

Especial para Claridad

Con motivo de la celebración de una jornada de actividades que pretende educar – y acercar – al pueblo puertorriqueño sobre la situación política que enfrenta Haití en la actualidad, la destacada periodista haitiana Lilianne Pierre-Paul estuvo presente en varios foros en Puerto Rico durante la semana pasada. La jornada, organizada por el Comité Solidaridad con el pueblo de Haití y otras agrupaciones y entidades, se extenderá hasta el próximo 28 de abril de 2019. 

Antes de que Pierre-Paul comenzara su itinerario de conversatorios y entrevistas, CLARIDAD tuvo un encuentro con ella para profundizar en esos problemas sociopolíticos y económicos que atraviesa Haití y que son la razón de ser de las recientes revueltas sociales que han tenido presencia en la prensa internacional. 

Según el recuento ofrecido por la veterana periodista, las manifestaciones del pueblo haitiano tomaron otra dimensión contestataria a partir de julio pasado, mes en el que se inició un movimiento popular contra el actual gobierno del presidente Jovenel Moïse. “La gente exige la caída del presidente. Esta crisis es la consecuencia de una decisión del gobierno del aumento del precio del petróleo. La vida está muy cara. La gente no puede acumular más el desastre de este gobierno. No hay trabajo, ninguna política pública para el desarrollo del país, no hay inversiones extranjeras ni nacionales”, puntualizó Pierre-Paul con un español pausado y con temor de que no se entendieran sus ideas. 

De hecho, esta periodista por más de 30 años, diariamente, comunica e informa al pueblo haitiano en creole desde la emisora que creó en los ’90: Radio Kiskeya. Debido a ese acto de defensa de su lengua nativa sobre el francés, fue despreciada por los grandes dueños de medios. El programa radial que conduce es escuchado por miles de personas, sobre todo las más pobres del país. 

A modo de repasar las jornadas de protestas de estos últimos meses, indicó que otra manifestación ocurrió el 17 de octubre de 2018, día en que de paso conmemoraron el 213 aniversario de la muerte del “padre de la patria”, Jean-Jacques Dessalines. Asimismo, fueron días de revueltas los pasados 18 de noviembre (día en que anualmente conmemoran en Haití la última batalla sobre las fuerzas francesas de Napoleón por la liberación de la isla), y 7 de febrero (fecha de recordación de la caída de la dictadura de François Duvalier en 1986). 

Para Lilianne, la prensa internacional resalta las manifestaciones violentas del pueblo, pero no cubre nada de las prácticas violentas del cuerpo policiaco y del gobierno de Moïse, que se han apuntado, según afirmó, más de 60 muertes y 250 heridos en estos últimos tiempos. “La gran prensa internacional es la defensora del sistema”, dijo. 

Precisamente, Pierre-Paul aseguró que este actual ciclo de protestas no se debe sólo a la intención de la caída del gobierno en el poder, sino a la idea de erradicar el sistema capitalista que impera en Haití y en el mundo porque “aumenta la pobreza y el subdesarrollo, el analfabetismo; porque es una destrucción masiva de los potenciales del país”, reconoció. 

“Cambiar el sistema es una necesidad para sobrevivir porque no podemos caminar con eso, no podemos más. Un 80 por ciento de la población no puede pagar la salud, la educación”, continuó quien tuvo que vivir en el exilio por amenazas de muerte debido a que siempre ha utilizado su profesión para denunciar los problemas sociales, y de corrupción y las injusticias de su país. 

Ante los ojos del mundo, esta nación caribeña es siempre victima de desastres naturales, de mala gobernanza, de malversación de fondos. Sin embargo, también es cierto que es el único país del Caribe que hace más de dos siglos se independizó de Francia. A juzgar por Lilianne, la gran mayoría de la prensa internacional no profundiza en la situación de Haití porque, desde la óptica de los intereses a los que responde la industria mediática, la historia de este país es “un mal ejemplo que los otros pueblos de la región no deben seguir”. 

“El sistema capitalista, neoliberalista e imperialista ha castigado a Haití por ser ejemplo de liberación […]La abolición haitiana fue contra la esclavitud, contra la dominación de los europeos en el Caribe y América Latina y contra el racismo”, explicó la periodista radial. 

Aunque el pueblo haitiano es consciente de que las revueltas afectan la economía del país “porque la gente trabaja en las calles”, también sabe que es necesario combatir contra el sistema, “que no tiene ninguna compasión con la mayoría que vive en la pobreza, que tiene hambre, que no tiene salud, educación, agua, luz, vivienda”. 

Haití y Venezuela en la actualidad 

“El gobierno de Haití está a favor del gobierno norteamericano y de Trump. Haití y el pueblo venezolano tienen más de dos siglos de asociación. [Sin embargo], desde el gobierno actual de Haití se apoya a Estados Unidos y al imperialismo, y no a Venezuela. Es una desilusión para el pueblo haitiano”, comento Pierre- Paul sobre la relación que sostiene con Venezuela en la actualidad. 

Además, reconoció que el único que se beneficia de la alianza con Estados Unidos es Jovenel Moïse porque, continuar con el apoyo de la empajada norteamericana y de Trump, le asegura la permanencia en el Palacio Nacional. “Moise hace la política de los Estados Unidos en Haití […]Por los últimos diez años, los gobiernos han defendido más a Estados Unidos [que lo que han atendido] las situaciones de Haití”. 

Propuestas del pueblo para revertir el régimen

Diálogo amplio entre todas las clases y sectores. Tanto en el interior, como en la diáspora “porque hay haitianos en Estados Unidos, Canadá, Europa y en países de América Latina”. 

Conferencia nacional para la redefinición de la Constitución de Haití, y para abogar por la integración de la diáspora y de todas las partes del territorio haitiano. 

Debate público sobre qué hacer para movilizar las energías positivas del pueblo, y los inventos de todos los sectores para cambiar definitivamente la situación del país, “que no es fácil porque las tendencias de izquierdas y derechas al interior mismo de la oposición no tienen una visión unitaria de la situación”, 

Concertación para reforzar la legitimidad de las futuras autoridades, “que deben salir después de una consulta popular a través de las elecciones”.

En fin, Lilianne Pierre-Paul culminó la entrevista comentando la imagen que le gustaría que el pueblo de Puerto Rico tenga de su país: “Haití es un país que puede llorar y bailar al mismo tiempo. Tiene un corazón grande, generoso. Da su apoyo a cualquier persona. Pero es muy dura la vida cotidiana: no hay trabajo, no hay dinero, no hay comida, no hay agua, no hay electricidad para la mayoría. [Sin embargo], siempre existe la esperanza de un cambio, un sueño de una vida mejor”. 

Por Cándida Cotto/claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

La carbonera Applied Energy Systems (AES) continúa contaminando todo el ambiente, incluidas las aguas de los acuíferos del área sur, frente a la postura benevolente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ante la situación un nuevo estudio conducido por el doctor en química Osvaldo Rosario López busca identificar todos los lugares en el sur donde se han tirado cenizas y donde hay pozos perforados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para identificar si las cenizas están llegando al agua que nutre estos pozos. Entrevistado por CLARIDAD, Rosario López, indicó que los resultados de los estudios químicos de los últimos dos años han demostrado que las cenizas que genera la AES ya han percolado hasta el acuífero en las inmediaciones de donde opera la planta en Guayama. La concentración de los tóxicos de cenizas ya excede los niveles máximos permitidos para que esa agua pueda ser potable, por lo que de ese acuífero no se puede sacar agua.

“Las cenizas están llenas de sustancias tóxicas dañinas a la salud, no importa donde se tiren. Sin embargo, hay una dimensión todavía más dañina de esas sustancias: si están sobre el terreno, es inevitable que cuando les cae lluvia, parte de ellas se disuelvan y transporten ese veneno adonde quiera que vaya el agua. Esa es una dimensión bien peligrosa, el agua va hacer varias cosas: penetrar en el terreno y, eventualmente, de haber un acuífero, va a llevar los tóxicos a contaminar el acuífero; si no, además de arrastrar cenizas en las correntías de la superficie, lo que tiene disuelto va a contaminar quebradas, lagos y playas. Habíamos advertido a las agencias regulatorias de que eso era algo que iba a pasar en Puerto Rico si se permitía tirar las cenizas como estaba haciendo AES”. 

Rosario López planteó que la preocupación con el acuífero del sur es que es extenso y es la única fuente de agua para los pueblos de Arroyo, Santa Isabel y Salinas. El hecho de que a AES se le haya permitido disponer de manera indiscriminada de casi dos millones de toneladas de cenizas en el área sur para uso de relleno para urbanizaciones, carreteras, centros comerciales y caminos, por más de 10 años, implica que donde quiera que se hayan depositado cenizas hay potencial de contaminar el acuífero. Por ende, peligra la calidad del agua de todo ese acuífero.

El estudio que conduce el doctor Rosario cuenta con la colaboración del Colegio de Químicos de Puerto Rico, las organizaciones comunitarias de la zona, el US Geological Service y la organización Earth Justice,“estudios que deberían estar haciendo el Gobierno y otras agencias ambientales”. Manifestó que la AAA sí analiza el agua de estos pozos, pero no para las sustancias en específico que tienen las cenizas. Añadió que la planta AES genera contaminación de otras formas, como por la chimenea, por donde salen grandes cantidades de contaminantes. “Hay muchas quejas por ejemplo de malos olores, por lo que hemos adiestrado vecinos para tomar muestras de aire cuando perciban esos malos olores”. Precisó que es necesario recoger esta data ya que mientras no se divulguen esos datos, no existe el problema para las agencias.

Otra actividad que puede verse afectada por las cenizas que genera la quema de carbón es la agricultura. El químico afirmó que hay evidencia de que donde hay cenizas tiradas no crece nada. Las cenizas son venenosas para las plantas y que las plantas tienen la capacidad de absorber e incorporar las sustancias tóxicas a sus organismos, por lo que ellas y sus frutos pueden estar contaminados. Este calificó de una locura decir que las cenizas sirven para la agricultura.

Los trabajadores también van a estar expuestos a los contaminantes. Rosario López no pasó por alto que este es un estudio que podría hacerse en el futuro. Recordó que la Escuela de Salud Ambiental del RCM ha hecho estudios de salud de las comunidades cerca de la planta, que han evidenciado condiciones respiratorias y de la piel en la población. Expresó que todo esto se le ha presentado al Gobierno, “pero desafortunadamente la Autoridad de Energía Eléctrica depende de la producción de esta planta. Aun cuando la AES les vende barato, Energía Eléctrica no nos pasa el ahorro de AES”, denunció.

En veremos reglamento 

sobre las cenizas

Mientras, la JCA parece darle largas a la aprobación de un reglamento para su disposición. Luego de unas vistas en el mes de diciembre, todavía a estas alturas esa agencia no ha terminado de redactar el reglamento. Aunque, a juicio de Rosario López, con el conocimiento que se tiene, no hay la posibilidad de un reglamento que proteja la salud. Por el contrario, adelantó que si el gobierno insiste en un reglamento, la situación terminará en las cortes. “Los gobiernos a través de los años han sido cómplices de lo que ha pasado y de lo que podría pasar como consecuencia de estas prácticas. Lo que han hecho es defender a AES en lugar de velar por la salud de las personas y del ambiente; pero ya no puede seguir ignorando estos datos”.

Por otra parte el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas Víctor Alvarado Guzmán confirmó que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Tania Vázquez Rivera ha dicho sobre la demora del reglamento que estaría reunida con sus técnicos para ver en qué etapa estaban las enmiendas que se le iban hacer. Alvarado Guzmán recordó que durante las vistas todos los deponentes levantaron dudas respecto al reglamento y que la misma AES ha reconocido que es la responsable de la contaminación del acuífero de Guayama, pero esa realidad no está reconocida en el reglamento. “No se sabe si van a insistir a depositar las cenizas en Puerto Rico”.

El activista ambiental también planteó que no hay reglamento que pueda evitar la contaminación. No obstante, si no se aprueba el reglamento, AES solo podría llevar las cenizas a los vertederos en Puerto Rico o sacarlas del país. Indicó que entre el 2010 y 2017 hubo 52 municipios que aprobaron ordenanzas municipales para prohibir el uso de las cenizas y que ahora mismo hay alrededor de 11 municipios que han aprobado resoluciones oponiéndose al reglamento. Además, censuró unas supuestas negociaciones del gobernador y la AEE para que AES saque las cenizas de la isla y se convierta en una planta de gas natural. “Eso nos preocupa porque sabemos que AES había estado insistiendo en convertirse en gas natural en lugar de competir con otras empresas. A nivel mundial la compañía trabaja el gas natural, está reduciendo el uso del carbón y se está moviendo a energía renovable. Aunque entendemos que es un adelanto que estén sacando las cenizas, nos preocupa el que la planta también contamina”.

Además del Comité de Diálogo, las organizaciones que le hacen frente a AES le reclamaron al gobernador que establezca una emergencia de salud debido a la contaminación generada por la planta de carbón. Las organizaciones son: el Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas , el Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa , la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sureste , el Frente de Afirmación del Sureste y la Comunidad Guayamesa Unida por tu Salud. El reclamo fue hecho en una manifestación frente a la Fortaleza en el mes de febrero, donde se hizo entrega de una carta en la que exponían sus argumentos. La carta fue recibida por un ayudante del Secretario de la Gobernación. 

Las agrupaciones también remitieron una carta a Kristina M. Johnson, presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York y miembro de la Junta de Directores de AES, en la que le exponen la situación que genera la operación de la carbonera y la invitan a visitar la comunidad de Guayama. Hasta el presente las organizaciones no han recibido ninguna respuesta, ni de parte de la Fortaleza ni de Johnson.

Entretanto, los días siguen pasando y AES continúa depositando cenizas en la isla. El portavoz Alvarado Guzmán indicó a CLARIDAD que AES había sacado 160 mil libras de toneladas de cenizas desde el 2017. Aun cuando en el 2018 no se tiraron cenizas en los vertederos luego del huracán, en ese mismo tiempo produjo cerca de 190 mil toneladas. Ahora dicen que van a sacar cenizas, pero que van a dejar 250 mil toneladas en la montaña que tienen en la planta en Guayama de manera permanente. “El problema no es que se vean o no desde fuera de su planta, el problema es que esas cenizas están contaminando el agua. Hay que exigir, no solo que se cubran las cenizas mientras son removidas en su totalidad, sino que se monitoreen los otros 14 municipios donde se han depositado más de 2 millones de toneladas de cenizas”.

En un estudio reciente del Environmental Integrity Project, de 265 carboneras en Estados Unidos y sus territorios, se evidenció que el 91% contamina el agua subterránea con una o más substancias tóxicas de cenizas en niveles que exceden los estándares de seguridad. AES Puerto Rico es una de ellas.

Cándida Cotto Hernández/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyó a Puerto Rico en el Informe anual respecto a la situación de la libertad de expresión en el continente en 2018. La inclusión de Puerto Rico fue dada a conocer por la organización Kilómetro Cero, la cual sometió un informe a la CIDH sobre los sucesos que denunciaron han deteriorado las garantías a la libertad de expresión en el País durante los últimos años, situación descrita como “crítica”.

En comunicado de prensa, Kilómetro Cero cita del informe de la CIDH: “En Puerto Rico, de acuerdo con la información remitida por la organización Kilómetro Cero a la Relatoría Especial, durante 2018 se reportaron un gran número de eventos de protesta social y varios hechos violentos y de represión en el contexto de esas protestas. Según lo informado, la respuesta del Estado ha sido la misma: criminalización y fuerza bruta. Las tácticas violatorias de derechos humanos por parte de la policía continuaron e incluso empeoraron durante 2018”.

“En Puerto Rico, de acuerdo con la información remitida por la organización Kilómetro Cero a la Relatoría Especial, durante 2018 se reportaron un gran número de eventos de protesta social y varios hechos violentos y de represión en el contexto de esas protestas. Según lo informado, la respuesta del
Estado ha sido la misma: criminalización y fuerza bruta. Las tácticas violatorias de derechos humanos por parte de la policía continuaron e incluso empeoraron durante 2018”.

Entre los abusos por parte de la policía contra las organizaciones cívicas, feministas, magisteriales, profesionales, sindicales y universitarias que han convocado a manifestaciones, el documento recoge el cierre del paso a marchas pacíficas por espacios públicos, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, el uso de fuerza bruta contra manifestantes, arrestos ilegales y la persecución a jóvenes hasta sus hospedajes para arrestarlos.

La directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, expresó su satisfacción porque la CIDH haya incluido la situación de Puerto Rico en el informe, ya que denunció que la norma es invisibilizar a la isla, debido a la ausencia oficial de nuestro país en ese y otros cuerpos internacionales. “En Puerto Rico vivimos acorralados en una crisis antidemocrática, sin igual en todo el continente americano”. Adelantó que si en el país no se toman medidas para garantizar el derecho a la libertad de expresión, “desde la ciudadanía continuaremos llevando nuestras denuncias y exigencias a otros foros superiores”.

El informe de la CIDH también hace alusión a las agresiones contra la prensa y al uso de la fuerza. “En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que los derechos de reunión y libertad de expresión ‘son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos’”.

El informe anual de la Relatoría de Libertad de Expresión es parte del informe anual presentado por la Comisión a los Estados miembros de la CIDH. En el informe que Kilómetro Cero envió al relator de expresión de la CIDH Edison Lanza, participaron también las licenciadas Yanira Reyes, de Inter Mujeres; Mariana Nogales y Nicole Curet, de Brigada Legal Solidaria, y Natalia Ramírez, de Espacios Abiertos.

Por otra parte, Kilómetro Cero espera por que la Policía de Puerto Rico (PPR) y el Registro Demográfico respondan a un emplazamiento emitido por el juez Anthony Cuevas, de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de San Juan, para que expliquen por qué no entregan información pública sobre el uso de fuerza del Estado y de sus víctimas, solicitada durante meses. Mari Narváez indicó a preguntas de este semanario que esta información es para documentar el uso de la fuerza que está haciendo la policía. En particular reveló que la Policía no ha publicado ninguna información sobre el uso de la fuerza desplegada en seis manifestaciones. 

Las manifestaciones en cuestión son: el 1 de mayo de 2017 y 2018; la manifestación del 31 de agosto de 2016, frente al Hotel Condado en el Puente Dos Hermanos; la del 18 de abril de 2017, frente al Capitolio; la del 3 de abril de 2017, frente al Capitolio; y la del 20 de febrero de 2018, en Hato Rey. En esta última, la policía agredió los manifestantes hasta con una guagua. Apuntó que es sabido que la prensa documentó estos acontecimientos, pero la Policía no ha documentado el uso de la fuerza que desplegó contra las manifestaciones. La información respecto a estas manifestaciones servirá para actualizar el informe sometido a la CIDH. Kilómetro 0 ha solicitado además participar en una próxima audiencia regional a celebrarse en Jamaica, en la que abordará la violencia de género. 

La información es importante para seguir actualizando el análisis de cómo la policía está usando la fuerza contra la ciudadanía y poder exigir rendición de cuentas. Reparó que se ha observado que las personas que mueren a manos de la policía son mayormente personas desarmadas o vulnerables, como pacientes de salud mental y personas sin hogar.