CLARIDAD
¿Cuánto aportará a la encomienda que le dio el presidente, Joe Biden, a la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, de dar seguimiento a la modernización del sistema eléctrico de Puerto Rico? Eso está por verse afirmó en entrevista a CLARIDAD la licenciada Ruth Santiago.
Santiago es miembro del Comité Asesor de Justicia Ambiental del Presidente y del movimiento Queremos Sol y fue una de las líderes comunitarias que participó en la reunión que sostuvo el presidente de Estados Unidos —en su visita de un par de horas en la isla— con representantes de seis grupos comunitarios. Su participación fue como representante de la organización Iniciativa Comunitaria de Ecodesarrollo Bahía de Jobos (IDEBAJO). Las otras organizaciones participantes fueron el Centro Sor Isolina Ferré, donde se celebró la reunión; la Federación Hispana; FURIA; PECES y Neighbord Housing Service.
La líder comunitaria reconoció que el presidente hizo el anuncio del nombramiento antes de la reunión y posteriormente lo repitió ante los grupos comunitarios. Su apreciación responde, expuso, a que en febrero de este año se firmó un memorando de entendimiento entre las agencias federales de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) HUD (Departamento de Vivienda de EE. UU.) y el Gobierno de Puerto Rico que ha resultado en el Estudio Puerto Rico 100, que es como supuestamente los laboratorios nacionales del Departamento de Energía Federal van a trazar unas rutas para que Puerto Rico llegue al 100 % de energía renovable para el año 2050, como requiere la ley. Dio a conocer que ya esos laboratorios están envueltos en esa tarea y hay indicios de que hace dos meses uno de los laboratorios dijo que la isla tiene potencial 20 mil megavatios (mgv) de energía solar en techos. Lo contrastó con que la demanda en la isla, como mucho, es de alrededor de 3 mil mgv.
“Eso concuerda con lo que planteamos desde la sociedad civil de que esa transformación es necesaria y urgente para proveer seguridad energética a las comunidades, población, instituciones, escuelas, negocios y las facilidades de suministro de agua”. Apuntó que lo que está por verse realmente es quién estará controlando el flujo de fondos, si será FEMA, a menos que lo que el presidente está diciendo es que será Granholm, quien dicte las pautas.
Sobre la reunión dijo que de parte de IDEBAJO le presentaron al presidente una carta abierta en donde se expone la situación de que con una tormenta tropical que afectó solo a la parte suroeste de Puerto Rico se cayó todo el sistema. Que eso apunta a que no hay un manejo del sistema que permita la continuidad del servicio y que eso es atribuible a la empresa LUMA por no tener la fuerza laboral suficiente y conocedora de un sistema tan complicado como el que tenemos. Además expusieron el asunto de que no nos hace viable como país el tener una compañía controlando el sistema eléctrico y que lo hace falta es una transformación”.
Santiago, quien tuvo el arrojo de posar en una foto junto al presidente Biden y el gobernador Pedro Pierluisi con un cartel que leía “Fuera LUMA, queremos sol”, reparó en que había que transformar de manera radical nuestro sistema eléctrico y cómo el país se relaciona con el asunto de la energía, que tanto impacta a las comunidades. Trajo a la atención el trabajo que hace IDEBAJO en las comunidades del suroeste, impactadas por la contaminación que generan las operaciones de las generadoras de energía, como la carbonera AES, el complejo Aguirre y la Central Costa Azul.
Preguntamos a Santiago si la propuesta de Queremos Sol contrasta con la política energética del gobernador Pierluisi que se ha visto hasta ahora y si, como miembro del Comité de Asesor de Cambio Climático de Casa Blanca, ve que el presidente se llevó una impresión de que su política contrasta con la del gobernador.
“Definitivamente, porque tuvimos un encontronazo”. En la reunión con el presidente, el gobernador trató de alegar que él sí la respaldaba y que su administración estaba trabajando y promoviendo la energía renovable distribuida a través principalmente de sistemas solares en techos y baterías, que parte de los fondos CDBG se van a usar para eso. Santiago intervino y le dijo que eso era una parte minúscula de los fondos, “porque estamos hablando de $16 mil millones de los fondos de recuperación de desastre, y él alega que va a usar alrededor $600 millones para energía renovable en techos, que es nada comparado con 20 veces más para reconstruir la misma red centralizada que va a seguir fallando. Su motivo es aumentar su ganancia y maximizar sus ganancias. Eso implica no proveer insumos”, dijo que expuso en la reunión.
La molestia del gobernador ante su intervención fue mayor que con la de la fotografía, aseveró.
Como abogada y conocedora del tema de la energía, Santiago afirmó a CLARIDAD que en lo absoluto es conciliable una transformación del actual sistema de energía a uno solar con la gestión de LUMA como un ente privado. Indicó que el contrato es el obstáculo mayor para la transformación necesaria del sistema debido a que las disposiciones del contrato le dan a LUMA el control de los fondos y que el contrato es uno que de una manera u otra pretende ir por encima de la ley. Según el contrato, LUMA tiene la potestad de cambiar el presupuesto de la AEE, tiene injerencia para nombrar al manejador de los fondos federales y para preparar lo que llaman el manual de manejo de los fondos.
“LUMA es una compañía que además de que su fin es ganar dinero, su modelo de negocio es construir sistemas a larga distancia de transmisión. Eso es lo que ellos hacen en Estados Unidos, en Canadá. Eso no compagina, no cumple con el interés público de Puerto Rico”.
En tanto, en el Congreso de EU. UU. todavía está pendiente la continuación de las vistas públicas celebradas por el Comité de Recursos Naturales, que preside el congresista Raúl Grijalba, sobre la gestión de LUMA. La licenciada Santiago dijo que la última vista, que estaba pautada precisamente para la semana en que pasó el huracán por Puerto Rico, se canceló en dos ocasiones. Lamentó que no ve la acción necesaria por parte del Congreso para investigar el contrato y denunciar el control que ejerce una compañía privada sobre unos fondos que son para proyectos públicos, lo que FEMA llama asistencia pública.
Sí dio crédito a que las vistas han dado información para que, por ejemplo, la congresista Nydia Velázquez hiciera expresiones sobre la total falta de transparencia y coordinación que tiene LUMA con la AEE, que no le responde al Gobierno, ni a la Legislatura de Puerto Rico, mucho menos a las comunidades, cuando se supone que hay leyes federales que requieren que las compañías eléctricas formen parte de comités locales en casos de emergencia.
