CLARIDAD
Tras casi ocho años de lucha, el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas confía en que por fin se logre la aprobación de una nueva ley que regule la instalación de torres de comunicación y permita la participación de las comunidades en el proceso de permisos.
El último día de octubre, la Comisión de Desarrollo Económico del Senado se disponía a llevar a vistas públicas de la Comisión de Desarrollo el PC 663, para crear la nueva Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
Wilson Rivera Ramos, presidente del Frente, indicó en entrevista, que en el 2015 presentaron el primer proyecto (PC1535), el cual no progresó; luego en el 2018, el PC 884, y después en el 2019, el PC 1440. El proyecto que examina ahora el Senado (PC 663) fue presentado año pasado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, respaldado por otras delegaciones. Luego de ser recomendado para aprobación por la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, fue llevado a votación con el resultado de 40 votos a favor y solo el voto en contra del representante Carmelo Ríos.
“No nos oponemos a las antenas ni a la tecnología. Nosotros estamos a favor de una tecnología responsable. Lo que pasa es que como la mayoría de las antenas están construidas en medio de las comunidades, entendemos que hay que ampliar las distancias y la participación de la gente en la toma de decisiones y que haya injerencia de los municipios. Esos son nuestros reclamos”, defendió Rivera Ramos.
Este indicó que según los mapas gráficos de 2006 y 2009 de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), el 86.7 % de las torres están ubicadas en comunidades en las que vive gente, además de que existen antenas en espacios protegidos de la zona cárstica, en mogotes y en humedales.
En conferencia de prensa, la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago Negrón, y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, expresaron su apoyo a la medida. “Hemos acompañado a estas comunidades a lo largo de su lucha contra la proliferación indebida de antenas de telecomunicaciones y logramos un avance importante con la aprobación del PC 663 y con las coautorías de otras delegaciones solidarias. Esperamos que en el Senado se le brinde la importancia que amerita el proyecto y que se apruebe, por el bien de las comunidades puertorriqueñas”.
El Frente está integrado por más de una docena de comunidades que abarcan una veintena de pueblos. En un momento hubo 35 comunidades combatiendo estas edificaciones (Ver: “Inundan el País con Antenas de Comunicaciones”, CLARIDAD, 27 de abril 2021).
Entre las comunidades que forman el Frente está la Comunidad La Margarita, de Salinas. Su portavoz, Wanda Janet Ríos Colorado, quien participó de la vista pública en el Senado, llevó a la atención de la Comisión aspectos puntuales de la medida. En primer lugar, que el Congreso de Estados Unidos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996 (Ley Federal), proveyó a los gobiernos estatales y locales, de la autoridad general para regular la ubicación de estas facilidades de telecomunicaciones dentro de su jurisdicción, siempre y cuando no sea relacionado con los niveles de Radiofrecuencia. La Ley federal permite que los municipios participen del proceso y presenten su oposición a la instalación de una torre, algo que no contempla la ley actual de Puerto Rico, por lo que el Frente respalda el que los municipios y sus cuerpos legislativos puedan aprobar o denegar las solicitudes como lo permite la FCC.
Además de reclamar la participación de los municipios en el proceso, el Frente respalda que en la instalación de una torre se establezca una distancia de 500 metros de las áreas residenciales.
Otro aspecto que planteó, lo cual sugirió no se siempre se cumple en Puerto Rico, es el requisito de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, siglas en inglés) de que antes de comenzar con los trámites de permisos para una torre o antena nueva el proponente debe contestar un cuestionario, conocido en inglés como NEPA (ley Nacional Ambiental Checklist Review). Esta es una lista de 11 condiciones que, de resultar alguna de ellas en la afirmativa, se requiere de una Evaluación Ambiental y que incluso que se le notifique a la comunidad que se está haciendo una evaluación ambiental.
Entre estas condiciones están: si la instalación se ubicará en un área silvestre oficialmente designada; si la construcción de la instalación implica un cambio significativo en las características de la superficie (por ejemplo, relleno de humedales, deforestación, desvío de agua) o si la antena, torre o estructura de soporte está equipada con luces blancas de alta intensidad y está ubicadas en o cerca de un vecindario residencial.
El otro aspecto que respaldó se mantenga en la medida es la notificación a los colindantes que viven en un área de 500 metros; que también se incluya en la nueva ley el requisito de cumplir con la notificación al público en general; que se equipare a la ley federal, que requiere a los proponentes que presenten estudios de necesidad, y que en caso de una investigación o querella, se detenga todo tipo de construcción hasta que se investigue la misma.
También entrevistado, el licenciado Jesús Morales Irizarry, representante legal de varias comunidades que integran el Frente, quien colaboró con la elaboración del PC 633, apuntó a que en la isla ya hay sobre 2,300 torres y más de 20 mil antenas.
A preguntas de CLARIDAD sobre su parecer por lo expresado por la presidenta de la Alianza Puertorriqueña de Comunicaciones, Wanda Pérez Álvarez, atacando el proyecto y alegando el “derecho de todos a estar conectados”, Morales Irizarry reaccionó: “Todos tenemos el derecho a estar conectados, pero también todos tenemos derecho a que se siga un debido proceso de ley en la medida en que se proteja a una población que ya está su territorio saturado de torres de comunicaciones. Lo que ellos están queriendo hacer es influir negativamente para sacar el provecho de ahorrarse dinero en precauciones para proteger a la ciudadanía”.
En cuanto a la alegación de que ya la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales han establecido mapas delimitando las áreas protegidas, puntualizó que el problema es que esto no es suficiente. De hecho, ya han tenido revocaciones porque en la forma en que están esas protecciones, no son específicos en cuanto a los proyectos de torres de telecomunicación. Trajo el ejemplo de que el mismo Tribunal de Apelaciones del Circuito ha dicho que la reglamentación de la FCC no es suficiente, porque hay tantas afectaciones sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente que nunca se tomaron en consideración, que es necesario un reglamento nuevo. Además, defendió que el PC 663 se redactó conforme a las necesidades y requerimientos que establecieron las comunidades. “Estas personas lo que quieren es seguir haciendo mucho más dinero sin preocuparse por lo demás”.
Para más información ver: “Como hay tanto dinero, lo que quieren es coger $9 mil millones, cuando construir no pasa de $250 mil”, CLARIDAD, junio 29 2021.
El PC 663 tiene apenas unos días para ser o no aprobado, ya que el último día de sesión es el próximo14 de noviembre
