CLARIDAD
¿No le parece a usted que estos legisladores, más ignorantes que malos y más presuntuosos que ambiciosos, nos habrán de conducir a la anarquía, y desde allí a la tiranía, y finalmente a la ruina? Yo lo creo así y estoy cierto en ello”. Simón Bolívar, Carta a Santander, 1821.
En las elecciones de 2020 el Partido Popular obtuvo el porcentaje de votos más bajo de su larga historia, 31.7%. No obstante, debido a la particular configuración de los distritos, y a la distribución del voto en ellos, logró controlar por la mínima las dos cámaras de la Legislatura. En la Cámara de Representantes obtuvieron mayoría, mientras que en el Senado controlan la presidencia gracias al apoyo de otras delegaciones.
Ese resultado electoral fue producto del descontento de los votantes con los dos partidos que se han repartido el poder colonial por más de cincuenta años, el PNP y el PPD. Ambos quedaron en mínimos históricos, mientras los otros partidos llegaron a cifras muy superiores a años anteriores. El resultado evidencia que una porción significativa de la masa electoral no ve diferencias entre los partidos que se proclaman “mayoritarios” y los engloba en el mismo nombre: “PNPPD”.
En la larga lista de señalamientos contra estos dos partidos – casi todos asociados con corrupción, nepotismo y pobre administración – sobresale su comportamiento en la Asamblea Legislativa. Entre los temas principales debatidos durante la campaña electoral de 2020, la corrupción en esa rama del gobierno estuvo en primer plano. Semanas antes de la consulta, gracias a una orden judicial gestionada por Eva Prados, candidata del MVC, la Legislatura fue obligada a divulgar su nómina de empleados y contratistas, quedando expuesta la podredumbre. El país miró con asombro la larga lista de trepadores políticos y familiares que vivían del presupuesto público, algunos con salarios superiores a $120 anuales. Si el PNP tenía alguna probabilidad de retener el control de la Legislatura, esta desapareció tan pronto se divulgó aquel listado.
Estando tan fresca esa experiencia, cualquiera esperaría algún ánimo de enmienda del PPD que, más que por carambola que por mérito, asumió el control legislativo. Pero con la mera selección de los presidentes de ambos cuerpos quedó claro que todo seguiría igual. Rafael Hernández Montañez, alias Tatito, y José Luis Dalmau, de cuestionable liderato y ambos con largo historial, se convirtieron en la “nueva cara” de la Legislatura.
El 30 de junio terminó la primera sesión de esa “nueva” Legislatura y la única diferencia con la anterior, que presidieron Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez, es la ausencia de los aires de guapo de barrio del primero y los círculos de oración del segundo. En cuanto a la nómina de contratistas y empleados sólo cambió el color, pero peor aún ha sido el resultado.
Uno de los problemas más acuciantes del país, el de la violencia machista que asola las mujeres, quedó sin atención. El problema ya era grave, pero durante el semestre se hizo peor, quedando expuesto la necesidad urgente de comenzar a atacarlo en su raíz, que es la educación de la niñez. Sin embargo, los proyectos para obligar a educación con perspectiva de género, impulsados por las delegaciones del PIP, murieron en el olvido. En cambio, gastaron largos meses considerando un presupuesto que, en última instancia la Junta de Control Fiscal aprueba sola. Ese esfuerzo no fue más que un desesperado intento por lograr $5 millones adicionales para la cuenta de gastos de la Asamblea Legislativa. Si la Junta los complace tendrán otros $5 millones para repartir.
Esa falsa “batalla presupuestaria” para buscarse unos cuantos pesos adicionales retrata la ausencia de cambio, pero al final de la sesión presenciamos otros ejemplos. Uno de estos fue la decisión de José Luis Dalmau de considerar en secreto tres nominaciones altamente controvertibles que están pendientes desde hace meses. Con la excusa de que no hay tiempo para vista pública despacharon en “vista ejecutiva”, entre otros, los nombramientos de Jorge Díaz Reverón para juez del Tribunal de Apelaciones y el de Enrique Volcker Nin como jefe de Innovación e Informática. El primero es el marido de Wanda Vázquez quien, como juez superior en Caguas, utilizó su poder de citación para, desde el estrado, buscarle testigos de defensa a su esposa.
El caso de Volcker Nin es igual de perturbador. Como fue nominado previo a que comenzara la actual sesión de la Legislatura, entró en funciones el pasado enero y de inmediato comenzó a repartir contratos entre sus amigos y familiares, según quedó demostrado en una investigación periodística. Muchos dieron por muerta su nominación tras el reportaje periodístico, pero no contaban con la astucia de Dalmau.
Para entender la protección que ahora se le provee a estos nominados habrá que indagar un poco más entre familiares, amigos y contratistas. Por ejemplo, Díaz Reverón es juez en Caguas, donde también está la cuñada de Dalmau, aquella que no encontró causa contra el asesino de Andrea Ruiz.
Así termina la primera sesión de la Legislatura que ahora controla el PPD, que sustituye a la que controlaba el PNP. Solo resta añadir que durante estos seis meses de “trabajo” hicieron un alto para que 13 legisladores viajaran, con gastos pagos, hasta New Orleans a una conferencia sobre huracanes. También debo añadir que durante ese “arduo” semestre consideraron 29 resoluciones para asignarle nombres a calles, puentes y escuelas.
