Especial para CLARIDAD
En Puerto Rico, como en muchas otras naciones del Mundo, existen partidos, movimientos, sectores e individuos que unen fuerzas para remar hacia la derecha y acercar el bote a un destino que se caracteriza por las desigualdades, el despojo de derechos adquiridos, la supresión de procesos democráticos y la imposición de criterios ideológicos por encima de la diversidad de ideas que caracterizan a una sociedad plural. En nuestra contra abona la condición de colonia que abre las puertas a situaciones aberrantes como la Junta de Control Fiscal, cuyas decisiones tienen colgando de un hilo baluartes tan importantes para el desarrollo y futuro de nuestro Pueblo, como la universidad pública. También han afectado a otros de vital importancia para la infraestructura como la Autoridad de Energía Eléctrica y puesto en riesgo la seguridad económica y vida futura de las trabajadoras y trabajadores del sector público cuyos sistemas de retiro están duramente golpeados.
Las fuerzas de derecha suelen tener en su mira las reivindicaciones que hemos alcanzado las mujeres como resultado de luchas inclaudicables que han costado vidas, libertad y grandes sacrificios. Durante años hemos librado dolorosas batallas para avanzar, al mismo tiempo que defendemos el terreno ganado en políticas públicas y legislaciones relacionadas con el derecho al voto, con la participación igualitaria en asuntos de familia, como es la co-administración de los bienes gananciales y la patria potestad de la prole. También logramos la prohibición de la discriminación por sexo en asuntos laborales y, a pesar de mucha resistencia, conseguimos que se considere la violencia por género como un asunto público que debe penalizarse, pero también prevenirla y atenderla mediante medidas de protección.
Sin embargo, como resultado de las elecciones de noviembre de 2020 el dúo que integran las legisladoras del Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos y Joan Rodríguez Veve en Cámara y Senado, respectivamente, no ha cejado en su empeño por limitar derechos de las mujeres relacionados con nuestra salud sexual y reproductiva. Pero, la ofensiva no es de ellas únicamente. Han entablado alianzas con integrantes del Partido Popular Democrático (PPD), que obtuvo la mayoría en ambos cuerpos por escaso margen y también con personas del Partido Nuevo Progresista (PNP). Por mencionar algunos se han unido a ellas el presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau, Thomas Rivera Schatz, portavoz del PNP en ese cuerpo y en la Cámara Luis Raúl Torres Cruz, ahora representante independiente y proponente de dos de los proyectos relacionados con salud sexual y reproductiva.
Cabe preguntarse por qué la autonomía de los cuerpos de las mujeres es objeto de tanta atención y legislación por las delegadas del Proyecto Dignidad y de otras personas que se les han unido en el edificio blanco de Puerta de Tierra. Surge de sus planteamientos y del texto de las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que promulgan, que debido a razones ideológicas y religiosas, parten de la premisa de que la vida comienza con la fecundación y en consecuencia, cualquier acción que pueda afectar lo que consideran persona, debe ser prohibida y penalizada. Basándose en esa visión fue que el Lcdo. Dalmau, quien se ha propuesto como candidato a la gobernación para las elecciones del 2024, en expresiones para la prensa llamó asesinas a las mujeres que interrumpan un embarazo no deseado en el contexto del proyecto 693 del Senado. No constituye un problema que sectores de la población tengan esa ideología religiosa sobre cuándo comienza la vida y se es persona. Cada cual es libre de pensar como quiera. La dificultad surge cuando se quiere imponer esa o cualquier otra creencia a toda la gente que, legítimamente, piensa de forma distinta. Es todavía peor cuando la visión diferente está apoyada por el estado de derecho vigente.
De acuerdo al Código Civil de Puerto Rico, el cual fue revisado en el 2020:
“El nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el siguiente artículo”. (artículo 69) El siguiente artículo dispone “Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. Los derechos que se le reconocen al nasciturus están supedidatos a que éste nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. Si el concebido nace muerto se reputa no haber existido jamás.” (artículo 70)
La capacidad y el derecho que tenemos las mujeres a tomar las decisiones sobre nuestros cuerpos, sexualidad y fecundidad equivale a tener control sobre nuestras vidas, para que sean dignas. La determinación sobre procrear, con quién, cuándo y si, de acuerdo a las particularidades que vivimos, lo más conveniente es llevar un embarazo a término o interrumpirlo, son opciones que corresponden a nuestra intimidad. Ese derecho a la privacidad y a que no sufra ataques de nadie que intente menoscabarla es un derecho humano con el que nacemos y que, por lo tanto, es inalienable. (artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico lo incorporó en la sección 8. En el caso de las mujeres y personas gestantes invocamos esa protección frente a quienes pretendan disminuir nuestra capacidad decisional con relación al aborto. Se trata de una garantía independiente de la constitución de Estados Unidos, la cual no contiene una disposición similar expresa.
A pesar de la situación colonial de Puerto Rico, no existe una prohibición federal sobre el aborto, aún cuando en su reciente decisión de Dobbs v Jackson del 24 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, revocara el icónico caso de Roe vs Wade que durante 50 años reconoció el derecho constitucional al aborto. Aquel foro, cuya mayoría es de una derecha aplastante sembrada por Donald Trump, dejó en manos de los estados y territorios legislar sobre el particular. Aquí en Puerto Rico, las fuerzas retrógradas están intentando devolvernos a lo peor del patriarcado. Sin control de nuestros cuerpos viviríamos centradas en la reproducción y en los múltiples roles que ésta nos asigna en una sociedad que nos responsabiliza por la crianza, la educación de la prole, el cuidado de la salud familiar, además de trabajar asalariadamente. Nuestras posibilidades de desarrollo como personas y las valiosas aportaciones que podemos hacer para construir un mejor Puerto Rico se limitarían enormemente. La peor la llevarían las mujeres más vulnerables por el empobrecimiento, la falta de apoyos y las desigualdades raciales, laborales, educativas. Se ha reconocido internacionalmente y también en Puerto Rico, que medidas como las propuestas en la Legislatura solo abrirán la puerta para abortos clandestinos que costarán problemas sanitarios y valiosas vidas.
Ante esta embestida salvaje de la derecha, las mujeres y personas gestantes, nuestras organizaciones y las defensoras de los derechos humanos, tenemos que luchar y resistir. Están en juego nuestras vidas, las de nuestras hijas, nietas, sobrinas, que tanto pueden aportar al bienestar patrio.
