CLARIDAD
A cinco años de los huracanes Irma y María, “desgraciadamente, apenas se ha comenzado a abordar las necesidades de vivienda en la isla”. La afirmación está contenida en el más reciente estudio del Centro para una Nueva Economía (CNE), La situación de la vivienda en Puerto Rico, cinco años después del huracán María.
Mientras más de 725,000 hogares reportaron daños a sus viviendas por los efectos de los huracanes, lo que representa cerca del 60 % de las unidades de vivienda ocupadas en la isla, los investigadores describen que la situación de la vivienda en Puerto Rico se ha hecho más precaria, en especial para las familias de bajos ingresos que buscan viviendas asequibles. Esto es debido al aumento de un 22 % en los precios de la vivienda desde el 2018 hasta el 2021.
Los investigadores Deepak Lamba-Nieves, director de investigación del CNE y Raúl Santiago Bartolomei, investigador del CNE y profesor asociado de la escuela de Planificación Graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, añaden el contraste de que en años pasados había un excedente de propiedades a precio de mercado que nadie compraba y un déficit de viviendas sociales y asequibles que nadie proveía. “Hoy en día, hay un exceso de propiedades que se compran a precios por encima de la tasación, y un déficit aun mayor de viviendas sociales y asequibles que nadie está proveyendo”.
A los daños ocasionados por las tormentas se sumaron otros como la falta de titularidad de la tierra y la falta sistemática en producir unidades de vivienda asequibles para una gran parte de la población.
Quiénes recibieron ayuda de FEMA
La investigación del CNE estuvo dirigida a examinar de manera detallada los daños a la vivienda y la propiedad personal y los beneficios recibidos a través del Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) después del huracán María. También se examinó si las necesidades de vivienda fueron atendidas de manera equitativa, poniendo atención particular a si los hogares pobres o aquellos ubicados en comunidades muy vulnerables con infraestructura inadecuada y condiciones socioeconómicas precarias, conocidas en Puerto Rico como Comunidades Especiales, fueron atendidos de manera desfavorable.
Aunque en general se encontró que los hogares pobres y los que están ubicados en Comunidades Especiales no estaban propensos a ser excluidos de recibir ayuda de emergencia, sí se encontró que los solicitantes con la clasificación de FEMA de “tenencia desconocida” se encuentran en mucho peor situación que los dueños de vivienda.
En entrevista, el director de investigaciones del CNE, Deepak-Lamba, expuso que luego de señalamientos tanto de la prensa como de otras entidades, FEMA aceptó utilizar un documento alterno para probar la tenencia de la propiedad del solicitante. Pero resulta interesante que a pesar de que se aprobó el uso de un documento denominado por FEMA como “tenencia desconocida”, la agencia no divulgó ni lo hizo accesible a la mayoría de las personas, por lo que fueron muchas las solicitudes denegadas por falta de documentación. Luego de una ola de rechazo, lo que hizo FEMA fue permitir que las personas apelaran el caso. Aunque hubo un número significativo y algunos de los cuales lograron recibir beneficios, no se tiene idea de cuántos fueron. Añadió que lo que sí sucedió fue que la gente recibía una carta de FEMA en donde le indicaban que no era elegible por esa razón u otras.
“En otras jurisdicciones había ya reclamos de que los procesos de FEMA eran pocos transparentes. Lo que nosotros (CNE) estamos observando de la base de datos que logramos acceder es que no nos dice si la persona apeló o no, si la persona presentó una solicitud y fue denegada por falta de titularidad.” Describió la base de datos como un zafacón gigante en donde FEMA echa todos los casos en que no puede probar que la persona es propietaria o que tenía algún nivel titularidad sobre la propiedad.
Deepak-Lamba trajo a la atención que es interesante conocer que este reclamo no es único de Puerto Rico. Ya en situaciones similares de desastres en Estados Unidos, FEMA tenía la misma postura y luego de años de lucha y de denuncias aceptó que se presentara documentación alterna. Esto ocurría particularmente en comunidades del sur, afroamericanas, donde hay muchas familias que heredan propiedades, pero no necesariamente tienen documentos a la mano. En el caso de Estados Unidos, para el cambio de procedimiento de documentación alterna para probar que las personas eran residentes bonafides hubo una comunicación oficial de parte de FEMA.
En términos de la ayuda recibida por los afectados en la isla, el CNE hizo un análisis a dos niveles. Primero para saber si los solicitantes que eran pobres o los solicitantes que vivían en comunidades especiales habían sido sistemáticamente desatendidos por el programa. “Ya sabíamos que había un número increíble de solicitudes que FEMA había determinado que no cualificaban para atención financiera”. Lo segundo fue ver si era un hogar pobre (según la clasificación del censo) cuánta probabilidad tenía de que FEMA te inspeccionara y proveyera asistencia.
No se encontró que hubiera una propensión alta a que si era pobre o vivía en una comunidad especial FEMA no le inspeccionara o no proveyera ayuda. Todo lo contrario, si era pobre, por diseño se supone que estas sean las familias que recibieran ayuda.
Lo que sí se encontró fue que los pobres y los de comunidades especiales no necesariamente fueron sistemáticamente excluidos de ayuda; pero cuando se miraron los niveles de daños o lo que FEMA estimó eran los niveles de daños de una casa, se ve entonces que la cantidad de dinero que FEMA otorgaba era menos dinero de la cantidad del daño estimado. Esto es lo que se conoce como la “necesidad de vivienda pendiente”. FEMA no da explicación para esta determinación.
“La cantidad de necesidad de vivienda pendiente encontramos que era más grande para las comunidades pobres que para los hogares no pobres. Esto es especialmente preocupante porque los hogares pobres tienen menos probabilidades de recibir otras formas de ayuda en el periodo inmediato después de la catástrofe, como los préstamos de la SBA, por lo que quedan suspendidos en un limbo y son susceptibles a ser desplazados hasta que entren en funcionamiento otros programas de reconstrucción”.
El investigador aclaró que las inspecciones de FEMA no son iguales a las que hace un ajustador y planteó su preocupación de que aunque FEMA tiene amplia discreción a la hora de determinar daños, esa determinación es una subjetiva. Su conclusión es que la realidad es mucho complicada para las familias pobres en Puerto Rico.
