Especial para CLARIDAD
Para muchos era insospechado estar viviendo en esta época, experiencias que marcan una era oscurantista que viene desarrollándose en los últimos años, particularmente, en los Estados Unidos. Estos sucesos, como consecuencia de nuestra relación de subordinación política, desafortunadamente, nos afectan directamente.
En días recientes, en Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, el Tribunal Supremo de los EE. UU. revocó el caso de Roe v Wade, resuelto en el año 1973 y que garantizaba el derecho al aborto en ese país. Siendo tal decisión una emitida por el más alto foro judicial, la misma aplicaba a toda esa nación. Por ser Puerto Rico colonia de los EE. UU., todas las decisiones de su Tribunal Supremo aplican a nuestro país, con toda fuerza y vigor y se consideran fuente primaria de derecho. Por tanto, nuestro estado de derecho debía regirse por los lineamientos de esa jurisprudencia. En Roe, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que el derecho a la intimidad, implícito en la 14ª enmienda de la Constitución de los EE. UU. que garantiza el derecho al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes, era lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo, reglamentándolo a base de los trimestres de gestación. En ese momento, una gran cantidad de estados de los EEUU había decretado el aborto ilegal, salvo cuando el mismo se practicara para salvar la vida de la madre o en casos violación, incesto o anomalías que presentara el feto. Posteriormente, en el año 1992, se resolvió Planned Parenthood vs Casey, que reglamentaba la inherencia del Estado en la decisión de terminar un embarazo antes de la viabilidad del feto.
Aun cuando estos casos normativos, se fundamentan en el derecho a la intimidad, derecho que no está contemplado en la Constitución de los EE. UU., el derecho de la mujer a decidir si opta por la terminación de su embarazo, se encontraba firmemente protegido, en virtud de los pronunciamientos del Tribunal Supremo de EE. UU, que lo convertían en un precedente sólido en el ordenamiento jurídico de ese país. De hecho, tres de los jueces nombrados por Donald Trump, Kavanaugh, Gorsuch y Coney Barret, en sus respectivas vistas de confirmación ante el Congreso, respaldaron el precedente de Roe v Wade como un precedente importante que formaba parte del “law of the land”. Curiosamente, estos jueces formaron parte de la mayoría que revocó dicho precedente.
En Puerto Rico, el derecho al aborto había sido objeto de decisión judicial, legislación y reglamentación administrativa. A pesar de que siempre ha encontrado sus detractores, el derecho al aborto en Puerto Rico se ha mantenido relativamente legalizado y accesible bajo métodos seguros y una rigurosa reglamentación del Departamento de Salud. Además, al redactar nuestra Constitución se tomó la previsión de incluir en su texto el derecho a la intimidad, del cual emana la protección de muchos otros derechos, entre ellos, poder divorciarse por acuerdo mutuo (ya reconocido por legislación) y el derecho a terminar un embarazo.
Y llegó Trump. Con la presidencia de este troglodita y su discurso nacionalista y racista, sectores muy conservadores en los Estados Unidos, que profesan la hegemonía del hombre blanco, anglosajón y protestante (WASP por sus siglas en ingles), comenzaron a dejarse sentir. No solo se desató una ola de abusos contra la comunidad negra, los inmigrantes y los miembros de la comunidad LGBTTQ sino que, derechos históricamente reconocidos y garantizados, que formaban parte de la “democracia estadounidense”, comenzaron a tambalearse ante la ofensiva de estos sectores alentados por el discurso de la supremacía blanca representado en la figura de Donald Trump.
La presidencia de Trump no solo le permitió promover un discurso abiertamente neoliberal, incendiario y divisivo en el país, sino colocar en la judicatura y otros puestos de envergadura, a personajes en extremo conservadores y reaccionarios que, con sus decisiones, validaban la visión de lo que EE. UU. debía aspirar a ser como país. Al son de “Make America Great Again”, todo aquello que amenazara esa visión debía ser erradicado, suprimido y suplantado por este nuevo orden de cosas. Para ello, el Tribunal Supremo de los EE. UU., que siempre ha sido ficha clave del partidismo político, jugaría un papel predominante. Conscientes de eso, las legislaturas de muchos estados controladas por partidarios de Trump, comenzaron a promover legislación para restringir derechos fundamentales como el derecho al voto y el derecho al aborto y a entorpecer iniciativas para proteger el ambiente y para imponer tributos a los sectores privilegiados del país.
Los rumores de que Roe vs. Wade sería revocado causaron enorme preocupación en los sectores liberales y progresistas de Estados Unidos, pero la filtración del borrador de opinión en el caso Dobbs vs. Jackson, estremecieron esa nación. Miles de personas se lanzaron a la calle reclamando la salvaguarda de un derecho ampliamente reconocido, que garantizaba la libertad de la mujer de decidir terminar un embarazo, así como la protección de su vida. La amenaza de la revocación de Roe se hizo realidad el pasado 24 de junio, lo que ha puesto de manifiesto la decadencia de su mal llamada democracia. Con ello se ponen en riesgo otros derechos alcanzados por la sociedad estadounidense, conquistados en virtud de la garantía al derecho al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes que contempla la Enmienda 14ª de la Constitución de los EEUU, tales como el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la relación sexual privada y consensual y el derecho a tener acceso a medios anticonceptivos, lo cual advirtió Clarence Thomas, el más troglodita de todos los jueces y considerándose en manos de quienes está el Tribunal Supremo de ese país. Esto no es sino un llamado más a la necesidad de alejarnos de un país que va en retroceso y que es presa del oscurantismo y la tiranía.
La autora es presidenta del Movimiento Unión Soberanista
