A propósito del 25 de noviembre

 

Especial para CLARIDAD

 El corazón nos da un vuelco cuando sabemos por los medos noticiosos que hay una nueva víctima de la violencia machista. Respiramos con un poco de alivio si se informa que logró sobrevivir y recurrimos a la energía positiva, a la fe o la fuerza del Universo como ayuda para que no quede con secuelas físicas y emocionales que hagan de su futuro una continua victimización. Una vez más hemos conmemorado la fecha del 25 de noviembre con múltiples y variadas actividades de protesta contra la violencia de género, de educación y concienciación sobre sus causas y posibles soluciones, de solidaridad y apoyo para quienes la sufren y hacia las organizaciones que ofrecen servicios y salvan las vidas de las sobrevivientes, sus hijas e hijos.

En el 1981 las participantes en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y de El Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, decretaron el 25 de noviembre como el Día de No Más Violencia Contra las Mujeres.  La propuesta provino de la delegación de la República Dominicana en recordación de la Hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, quienes un día como ese en el 1960 fueron asesinadas por el dictador Rafael Leonidas Trujillo.  Lo hizo como represalia por su activismo político en contra del sangriento régimen y por el despecho que sentía al haber sido rechazado por Minerva.  Las compañeras de Taller Salud participaron en el Encuentro y en el 1982 conmemoraron por primera vez la fecha en Puerto Rico con la pintada en Río Piedras de un mural alusivo a la violencia de género.  Entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas adoptaron también la conmemoración, la cual ha sido acogida en muchas partes del mundo.  El gobierno puertorriqueño lo hizo mediante la aprobación de la Ley 18 del 18 de mayo de 1987.

A pesar del activismo constante para reivindicar el derecho que tenemos las mujeres a vivir en paz, a que se respete la inviolabilidad de nuestra dignidad  y que se ponga fin a las desigualdades, prevalecen en la patria altos niveles de violencia en sus diversas manifestaciones.  Así lo ha documentado periódicamente el Observatorio para la Equidad de Género en Puerto Rico, que informó 61 feminicidos al 31 de octubre de 2022, 14 de ellos íntimos o de pareja. Las aberrantes circunstancias de los asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y de Andrea Ruiz Costas en abril de 2021, representativos de lo ocurrido con tantas otras mujeres, contribuyeron a cuajar un consenso nacional sobre la necesidad de que el estado actuara de forma contundente para buscar soluciones a un problema social y de salud pública de tanta envergadura. El gobernador no tuvo otra salida política que decretar el estado de emergencia que de forma insistente y militante estuvieron exigiendo las organizaciones de mujeres y sectores que están en la línea de defensa por los derechos humanos. El texto de la Orden Ejecutiva 2021-013 incorporó la mayor parte de las recomendaciones y lenguaje propuesto por las organizaciones. Gracias al trabajo que llevaron a cabo las representantes de las ONGs en el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) (MATRIA, el Centro de la Mujer Dominicana, Alas para la Mujer, Coordinadora Paz para la mujer y la Red de Albergues) y muchas otras compañeras que integraron los sub comités, hubo adelantos relacionados con la adopción de protocolos, la creación de materiales, la obtención y divulgación de información sobre el funcionamiento de algunas agencias, el desarrollo de algunas campañas.

Sin embargo, la educación con perspectiva de género, el elemento de más importancia para la prevención y eventual erradicación de la violencia machista, no se implantó, a pesar de que era parte de la Orden Ejecutiva   Peor aún, fueron traicionados los acuerdos que se habían establecido sobre el particular y el Secretario de Educación, quien no es posible que actuara sin el conocimiento del gobernador, tomó otro rumbo, cónsono con su propósito de que el Senado lo confirmara. Aunque la Orden Ejecutiva se extendió hasta junio de 2023, el Comité PARE cesó sus funciones al cumplirán año y solamente queda en funciones la fiscal Ileana Espada, Oficial de Cumplimiento. Se supone que le de seguimiento a las políticas públicas que se establecieron en el decreto del Estado de Emergencia.  No tengo grandes expectativas sobre lo que pase en lo adelante.  Eran las compañeras de las organizaciones no gubernamentales las que garantizaban la transparencia de los trabajos y quienes rendían cuenta de lo que se hacía en PARE.  Con ellas contábamos para hacer llegar nuestras preocupaciones, opiniones, recomendaciones.

La falta de confianza no será un impedimento para que el movimiento de mujeres y otros sectores defensores de los derechos humanos exijamos el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron durante la vigencia de la Orden Ejecutiva inicial y su extensión.  Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que los protocolos que suscribieron agencias como la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, el Instituto de Estadísticas, se cumplan.  No renunciaremos al rol de fiscalización y denuncia que nos ha caracterizado.  Como dice el refrán popular “Cuando no ha sido pascua en diciembre”. Tampoco vamos a desistir de promover la educación con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza.  Las activistas por los derechos de las mujeres tenemos el convencimiento de que es la mejor herramienta para erradicar la asimetría de poder que privilegia a los hombres sobre las mujeres.  Esas desigualdades son la semilla y el abono para la violencia de género.

También es indispensable repudiar la violencia institucional o del Estado contra las mujeres.  Mantener a las organizaciones que ofrecen servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia en precariedad económica por las arbitrarias políticas de asignación de fondos, constituye violencia. También lo es el intento de sectores conservadores en las esferas gubernamentales de menoscabar derechos y reivindicaciones de las mujeres que, incluso, gozan de protecciones constitucionales.  Tal fue el caso de los proyectos de ley en Cámara y Senado para restringir el derecho a interrumpir un embarazo en consulta con las personas especializadas en la ciencia  médica.  Las cuatro propuestas no llegaron a votación en la sesión legislativa. El activismo de las mujeres y sus organizaciones, así como las voces de la ciencia y la medicina, lograron detenerlos, por el momento.

De la misma forma que la dictadura trujillista fue derrotada poco tiempo después de los feminicidios de las tres mariposas Mirabal, la violencia machista también será erradicada.  Las personas electas en la política puertorriqueña que por sus acciones y omisiones la fomenten, se exponen a una gran derrota.

Artículo anteriorVotó Cuba para elegir sus delegados municipales, “Eje central de su sistema electoral”
Artículo siguienteNegativa del Tribunal Supremo al magisterio