Por Iván Elías Rodríguez y Martha Quiñones Domínguez
Especial para CLARIDAD
A pocos semanas de terminar el año, reflexionamos sobre los avances o retrocesos de la gestión ambiental en Puerto Rico. Este año fue un año de retos ambientales donde los retrocesos fueron más que los avances y donde se manifestó un pueblo consciente de la protección ambiental ante un Gobierno que practica diversas formas de corrupción ambiental. El incremento en la destrucción ambiental en las costas y campos, los impactos de industrias extractivas, la violencia ambiental, la deforestación y la persecución de los defensores ambientales se unen a los problemas existentes de contaminación, cenizas, vertederos, desregulación y desplanificación que han marcado la coyuntura actual. Los retos ante las propuestas de cambiar el Reglamento Conjunto, el Código de Delitos Ambientales, simplificar las leyes y reglamentos y flexibilizar los permisos son parte del germen de los problemas ambientales.
La crisis política, social y ambiental, unido a la corrupción de la Junta de Control Fiscal y el gobierno genera un panorama caótico en la situación ambiental y social en Puerto Rico. Los proyectos para flexibilizar las normas ambientales, desreglamentar o desmontar la seriedad en los análisis de permisos, crear un nuevo código ambiental (cuando el que existe no le hacen caso o conocen), son parte de la corrupción y la violencia ambiental. Los “lawfare” (acoso judicial) y persecución a luchadores mientras el ofensor ambiental sigue impune, el desprecio a las leyes y reglamentos ambientales, la falta de análisis científico, salubristas y sociales de los impactos de acciones por parte de las agencias pertinentes y sus multas insignificantes, junto al poder económico de los agresores ambientales son parte de esa corrupción manifiesta.
Los avances que hemos conseguido con las reglamentaciones, códigos, leyes y planes son destruidos por la codicia de los que controlan el poder económico y político, manifestando un desprecio por la gente y el ambiente. La mayoría de esos proyectos nefastos se han ido sin que se les exija una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pues el evaluador lo pasa a un ente privado que lo presenta como que no tiene impactos (evaluación simple) y el funcionario acepta ese documento como valido. Con la excusa de facilitar a los poderes económicos los procesos y con el propósito de establecer un “procedimiento ágil de planificación ambiental”, todo se flexibiliza donde todos los departamentos, agencias, municipios no cumplen con las evaluaciones necesarios afectan al pueblo. Se viola la Ley de Política Pública Ambiental Nacional como un método para integrar evaluación holística y multidisciplinaria que examina las consecuencias de acciones de desarrollo previo al mismo y se pasa como algo simple, sin efectos. Encontramos grupos económicos que siguen quejándose de que hay que seguir flexibilizando para agilizar, exigen desreglamentar, para ellos destruir es mejor, más dinero para ellos y todos los daños al Pueblo. El colmo es cuando el Gobierno por medio de la Junta de Planificación (que no planifica) intenta enmendar el Reglamento Conjunto 2020 metiendo todo en el mismo y simplificado los daños ambientales, salubristas y sociales como algo que sin evaluación se puede pasar. Ese Reglamento Conjunto cuyas versiones anteriores fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo (gracias al pueblo combativo), tiene disposiciones que son contrarias a diversas leyes especiales y permite hacer barbaridades en nuestro ambiente y comunidades. ¿Cuánto cuesta toda esta destrucción y daño ambiental? ¿Cuánto cuesta la salud y la vida humana? Eso no se ha evaluado es parte de la deuda ambiental que heredamos. Definitivamente cada día la deuda ambiental aumenta, deuda que no es contabilizada, deuda que no toman en consideración pero que el pueblo conoce, deuda que todos pagamos.
Por eso encontramos este año denuncias sobre construcciones en las playas, en manglares, en reservas, apropiaciones de bienes públicos, proyectos nefastos a la salud y seguridad, se continua con abusos e injusticias ambientales como los vertederos. Los vertederos siguen siendo un problema, las comunidades proponen alternativas económicas, sociales y saludables para cerrarlos, pero se escucha al que daña al ambiente y la salud del pueblo prefiriendo a los vertederos. Y lo peor te convencen en los medios que no hay remedio, pues sepan que el Pueblo tiene el remedio, pero no escuchan. Las agencias de Puerto Rico y federales llamadas para defendernos apoyan la destrucción, el abuso y permiten estas agresiones. Por eso el Pueblo se organiza para luchar y hacer frente. La respuesta del Gobierno perseguir, reprimir y enjuiciar al que lucha y defiende y proteger al agresor ambiental.
Permitir flexibilizar los permisos y el Reglamento Conjunto 2020 es permitir la corrupción ambiental. Tendremos más construcciones de élites ilegales, construcciones en las reservas, manglares, playas y reservas agrícolas, sin investigaciones serias y profundas de todo el daño ambiental, social y económico. Es no poder responsabilizar a los culpables. Tendremos placas solares en terrenos agrícolas y reservas, el depósito de cenizas tóxicas en nuestras comunidades, colocar hospederías en todos lados, o instalaciones comerciales en dunas, playas, manglares, quebradas y podemos seguir señalando daños. La falta de evaluación ha llevado a que LUMA Energy pueda deforestar en Puerto Rico con el permiso de la agencia que se supone que vigile (DRNA). Agencia que se ha comprometido con la reforestación, pero permite la deforestación. También encontramos que las agencias federales son lentas en investigar la destrucción ambiental, mientras Vieques y Culebra no reciben fondos de limpieza de los desperdicios tóxicos militares. El daño ambiental lo vemos en Salinas, Parguera, Aguadilla, Arecibo, Luquillo, Vieques y en todos lados. A eso se une la “gentrificación” de nuestras comunidades por las hospederías y comercios con permisos facilitos y la apropiación de lugares como la Cueva del Indio, Crash Boat, Vieques, Culebra, Cabo Rojo, Salinas y otros lugares cerca de reservas y bosques.
El calentamiento global es una amenaza, con las consecuencias de inundaciones, huracanes o sequias y tenemos el Plan de Adaptación ante Cambio Climático pero que el Gobierno y la Junta no hacen cumplir pues para ellos los intereses económicos están antes que la seguridad de las personas y las comunidades. Encontramos la falta de estrategia fija para gestionar los recursos marinos y costeros, la violencia que infringen en áreas protegidas, los daños que traen consecuencias que no se miden son parte de lo tenemos. Las consecuencias la falta de seguridad, la perdida de ecosistemas y el daño ambiental y a la salud.
A eso se une lo que no dicen pero que las comunidades vemos e investigamos, la minería sigue siendo una amenaza, se registran las “tierras raras” en el archipiélago y se hacen mapas sobre recursos mineros. Aun cuando el pueblo dijo no a la minería. Las propuestas de plantas nucleares pequeñas sin estudios ambientales, de seguridad y de salud, están latentes con la excusa de tener seguridad energética. LUMA sigue siendo un problema con sus apagones frecuentes para que aceptes proyectos nefastos. La cacería (ruido, daño ambiental y sus desperdicios) y la pesca ilegal e incidental amenaza las reservas y las comunidades. Las espumas “parties” y fiestas de los ricos en áreas protegidas donde sólo deben pagar una multa pequeña y no responder ante el daño ambiental. La falta de cumplimiento con órdenes judiciales, choque entre la comunidad y la fuerza de seguridad (fuerza de seguridad que el pueblo paga) que agrede al Pueblo y defiende al violador y agresor ambiental, se ve como una de las múltiples formas de corrupción ambiental con impunidad. La falta de compromiso de los secretarios de las agencias ambientales y de la salud y el desconocimiento de sus funciones. Se avanza con la Ley Núm. 51 de 2022, que prohíbe el expendio y utilización de plásticos de un solo uso, pero se retrocede violentando otras como la Ley para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico o el cierre de los vertederos a los que se le extiende su vida útil. El Gobierno se contradice con las metas de compromiso para enfrentar el cambio climático, para defender al pueblo, la salud y el ambiente e ignora las propuestas del Pueblo.
Estamos ante el desafío ambiental, una crisis ambiental muy grave que no se visibiliza en el país. Los controvertidos proyectos para debilitar la legislación y los delitos ambientales, pretender crear otro código ambiental, la persecución de los que defienden el ambiente da la impresión de que quieren destruir y no permiten participación real de la comunidad. En balance las comunidades (el Pueblo) conocen las leyes ambientales que el gobierno ignora, se organizan y ofrecer alternativas económicas y sociales viables. El Pueblo exige construir otro acuerdo, necesitamos un gobierno de diálogo y acción ambiental con compromiso, que escuche y preste atención. Ante el Gobierno y la Junta de Control Fiscal corrupta está el Pueblo consciente y dispuesto a luchar por un cambio.
