Editorial Cavernas del Río Camuy y la enajenación de nuestros bienes públicos

foto tomada de PuertoRicotequiero

 

En este momento, un nuevo proyecto de privatización se discute en Puerto Rico. Luego de un largo silencio de varias semanas, el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, admitió a un medio de prensa que para el año 2023 estará listo el análisis sobre si conviene o no privatizar la operación del Parque de las Cavernas del Río Camuy, un sistema subterráneo de cuevas y cavernas que constituye una de las principales atracciones naturales de nuestro país. La declaración del funcionario confirma la tendencia del gobierno de Pedro Pierluisi de entregar a operadores privados el manejo de proyectos de alto interés económico, histórico o ecológico, con pocas salvaguardas para el interés del pueblo puertorriqueño.  Entre otros, la administración Pierluisi entregó la operación y manejo del muelle de cruceros en San Juan a una compañía “internacional” de tracto nebuloso, y realizó la venta del Hotel Normandie que incluye privatizar el histórico Parque Sixto Escobar y convertirlo en un estacionamiento para los huéspedes del hotel. Su gobierno ha sido también el principal defensor del contrato leonino de la privatizadora de la red de transmisión y distribución eléctrica, LUMA Energy, que en año y medio de operaciones ha conseguido la aprobación de 7 aumentos en la tarifa eléctrica, aun cuando su ejecución ha sido tan pobre que no ha logrado estabilizar y mejorar el servicio eléctrico. A pesar de la nefasta experiencia de LUMA Energy, el gobierno de Pierluisi insiste en privatizar también  la generación eléctrica, ahora en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El contrato de  LUMA Energy, al igual que todos los contratos de privatización bajo esta y otras administraciones, se ha caracterizado por la falta de fiscalización efectiva por parte del gobierno.

Tristemente, el derrotero de privatizaciones con poca fiscalización ha sido un signo de los últimos cuarenta años de gobiernos coloniales en Puerto Rico.  A falta de estrategias y planes bien pensados y estructurados para estimular el desarrollo propio de Puerto Rico, nuestros gobiernos coloniales han recurrido una y otra vez al camino más fácil, el que les permite pensar y trabajar cada vez menos. De un lado, han promovido una mayor dependencia de fondos del gobierno de Estados Unidos para financiar la gestión pública. Del otro, recurren a cada vez más agresivas políticas de entrega o enajenación de bienes públicos en beneficio del capital privado. El problema con esas dos prácticas es que frecuentemente han servido de subterfugio bajo el cual crece y se extiende la corrupción pública y privada en nuestro país.

Los diversos proyectos de impacto económico y social que se financian combinadamente con dinero público y capital privado pueden ser instrumentos legítimos que estimulen el desarrollo económico de comunidades, regiones y países. La clave está en cómo se implantan; en cómo se da el proceso de construir el acuerdo entre el gobierno y el ente privado, y en cuán abiertos y confiables son su ejecución, sus resultados y la fiscalización que garantice que el patrimonio público esté protegido. Si el gobierno es eficiente, honesto y obra de buena fe; si está dispuesto a ejercer éticamente su función como garante del bien público, algunas veces estos proyectos pueden resultar muy exitosos. El problema surge cuando el proceso se desvirtúa, y el acuerdo se hace a base de componendas políticas y en cuarto oscuros, con salvaguardas insuficientes del patrimonio del pueblo. Lamentablemente en Puerto Rico, esa ha sido nuestra triste experiencia durante los pasados 40 años. En un proyecto tras otro, el gobierno colonial ha preferido calzarse los zapatos del privatizador, y el bien público ha resultado abusado, enajenado o robado.

Una sola mirada basta para encontrar suficientes ejemplos de acuerdos de privatización problemáticos y nocivos para el pueblo puertorriqueño durante las pasadas décadas. Así fueron la venta a quemazón de hospitales y dispensarios del Sistema de Salud de Puerto Rico, o el contrato para ceder la administración y operación de la Autoridad de Acueductos a la firma francesa Ondeo, o las decenas de millones de dólares pagados a un contratista privado por el fallido proyecto del Gasoducto. Otros, han tenido un costo brutal para el pueblo, como los cientos de proyectos y construcciones en la zona marítimo terrestre de las cuatro costas de Puerto Rico, y en Vieques y Culebra, o en áreas protegidas y de alto valor ecológico, que se han realizado durante las últimas décadas. Mención aparte merece la privatización y cierre de algunas de nuestras mejores playas públicas en aras del interés del turismo de lujo, o de propietarios privados que quieren playas exclusivas para ellos. Si la premisa básica de las alianzas público privadas es que deben beneficiar a todas las partes, tanto a los inversionistas privados como al gobierno y al público que utilizará la infraestructura o proyecto creado, cabría preguntarnos ¿cuál, si alguno, ha sido el beneficio para el pueblo de Puerto Rico de todos estos proyectos fallidos que tanto han lastrado a nuestro país?  Igual suerte correrá la privatización del Parque de las Cavernas del Río Camuy. Si se salen con la suya, se enajenará para lucro privado un bien público de naturaleza única, sin que nadie en el Gobierno tenga que sudar ni un poquito  para garantizarle a nuestro pueblo que no se dañará, ni se perderá, un tesoro natural tan necesario y sostenible.

 

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