Cuando en el mes de julio del 2020- en medio de la fase más feroz de la pandemia del COVID-19- se discutía públicamente la inevitabilidad de que la entonces Gobernadora, Wanda Vázquez, firmara el contrato con la compañía extranjera LUMA Energy para la privatización de la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, en CLARIDAD hicimos clara nuestra oposición a dicho contrato y las múltiples razones por las cuales no se debía firmar el mismo. Desde el principio nos opusimos al contrato porque representaría el primer paso hacia la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), proveedor de un servicio público esencial que no debe estar sujeto al fin de lucro de un privatizador. También, porque se había pactado en “cuartos oscuros”, en un proceso sin transparencia, a espaldas de los abonados, de los trabajadores de la AEE, y del país, y bajo unas condiciones en extremo ventajosas para el privatizador y onerosas para el pueblo puertorriqueño. Creíamos entonces, y aún lo creemos, que ningún gobierno que se considere como genuino representante de los intereses de un país, y que se respete a sí mismo, y a ese país, podía entrar en un negocio tan evidentemente perdidoso para sus ciudadanos, sobre todo en la circunstancia inédita de una pandemia mundial, y estando ese gobierno bajo un proceso de quiebra y reestructuración fiscal. En aquel momento, igual que ahora, fueron muchas las voces que se alzaron para oponerse al contrato de LUMA Energy. Pocas veces en nuestro País, se alcanza un consenso tan amplio de sectores y grupos de la sociedad civil como el que se generó en oposición a dicho contrato.
En aquel primer editorial, presentamos argumentos que ahora parecen visionarios: “Este acuerdo no es bueno para el pueblo de Puerto Rico, ni para los trabajadores activos y jubilados de la AEE. Primero, porque el contrato convierte la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en un monopolio privado. Segundo, porque LUMA Energy no invierte nada en la transacción, mientras la AEE asume el pago a la empresa privada de $1,500 millones en 15 años para cubrir los gastos de su operación en Puerto Rico, además de garantizarle una ganancia. Tercero, porque el contrato tendrá el efecto de encarecer progresivamente el costo del servicio eléctrico a los abonados residenciales y comerciales. Cuarto, porque no garantiza el empleo de la actual fuerza laboral de la AEE, ignorando sus conocimientos y experiencia, y sus años de servicio. Quinto, porque no reconoce la negociación colectiva ni los derechos adquiridos por los trabajadores. Sexto, porque no asume responsabilidad por el pago de las pensiones. Séptimo, porque no asume responsabilidad por el pago de la deuda de la corporación pública. No es bueno, además, porque después de firmado este contrato LUMA Energy tendría el control total del sistema de transmisión y distribución eléctrica y podría imponer condiciones de todo tipo a la AEE, al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico”. El citado editorial fue seguido por otros siete, y más de 40 reportajes, análisis y entrevistas que han seguido de cerca y denunciado el desempeño mediocre de la privatizadora.
Dos años después desde la firma del contrato, el desempeño de LUMA Energy está impugnado masivamente por el pueblo puertorriqueño. El monopolio privado de transmisión y distribución eléctrica ha colapsado, dejando en evidencia su inexperiencia, falta de peritaje, desconocimiento de las particularidades de nuestro sistema eléctrico, y la incompetencia profesional de una gerencia arrogante, prepotente y despreciativa de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Sería imposible enumerar la cantidad de errores de desempeño cometidos por LUMA Energy durante estos dos años. Algunos han sido tan graves que han desestabilizado de muchas maneras las vidas de cientos de miles de sus abonados, y ocasionado pérdidas millonarias a la maltrecha economía de Puerto Rico.
LUMA Energy es una empresa creada para beneficiarse de los fondos para la reconstrucción eléctrica que el gobierno de Estados Unidos asignaría a Puerto Rico, a través de FEMA, tras el desastre del Huracán María. La nueva empresa llegó a nuestro país de la mano de padrinos muy poderosos, cercanos a miembros del Congreso de Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal (JCF). Aquí encontró aliados consecuentes en las administraciones de gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, todos del PNP, que les dieron ruta franca y “el beneficio de la duda” a todos sus proyectos. Su gestión durante estos dos años ha sido tan deficiente que ha desmantelado la farsa de la “empresa de clase mundial” con que sus promotores pretendieron engañar a nuestro pueblo. Llegó la hora de que el gobernador Pedro Pierluisi decida revertir el fracasado experimento de la privatización eléctrica en Puerto Rico.
