En esta semana, y por votación de 4 a favor y 17 en contra, senadores y senadoras del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) derrotaron una resolución conjunta que proponía detener temporeramente la expansión del modelo de escuelas alianza o chárter en Puerto Rico, hasta tanto el Departamento de Educación (DE) establezca un procedimiento claro y sistemático para la supervisión efectiva de las operaciones de dichas escuelas y rinda informes periódicos y certeros sobre el desempeño y resultados de las mismas. No es mucho pedir, teniendo en cuenta que no existe información disponible que permita tener un cuadro claro del desempeño de las 13 escuelas chárter que operan en Puerto Rico, ni cómo estas utilizan los $40 millones del presupuesto del DE que les han sido asignados para la educación de su matrícula de apenas 3, 200 estudiantes.
La medida había sido originalmente radicada el 26 de mayo de 2023, y el 1 de septiembre de 2023, la misma recibió un informe positivo de la Comisión de Educación del Senado. Sus coautores fueron las senadoras María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Migdalia Padilla del PNP, y los senadores Rafael Bernabe del MVC y José Vargas Vidot, senador independiente. Antes de la votación en el hemiciclo del Senado esta semana, la senadora Padilla pidió que se retirara su co autoría y optó por abstenerse en la votación. Según lo publicado en prensa, la medida se derrotó porque hubo denuncias de trato discriminatorio por parte de estudiantes de una de las escuelas chárter. Sin embargo, no se ha presentado la evidencia de dicho trato discriminatorio ni de quiénes incurrieron en el mismo.
El modelo de escuelas chárter, que comenzó en Estados Unidos en los años 90’s, y se trasladó a Puerto Rico como parte de la llamada «Reforma Educativa» del gobierno PNP de Ricardo Rosselló en el 2018, ha traído controversias allá y aquí por muchas razones. Primero, porque bajo ese modelo la escuela se presenta como un producto más de la economía capitalista de libre mercado, donde el consumidor elige lo que más le gusta o le conviene entre distintas opciones . Sin embargo, si ese tipo de escuela privada es financiada, no por el capital de sus dueños y accionistas, como debe ser en el capitalismo, sino por fondos del gobierno destinados a la educación de los niños y las niñas en Estados Unidos y Puerto Rico, se desvirtúa su razón de ser y se abre la puerta para que dichos fondos públicos se utilicen con propósitos distintos y ajenos a la misión educativa de la escuela.
En opinión de expertos, tomar fondos de la escuela pública para financiar escuelas privadas con fines de lucro, que atienden a una minoría exigua de la población escolar, derivaría en un sistema educativo desigual, propiciando que, junto a los buenos educadores de las escuelas chárter – que son la mayoría- crezca una casta de mercaderes de la educación que se lucren y enriquezcan con fondos del gobierno destinados a la educación de nuestros niños y niñas. También, dicha práctica podría convertirse en un desvío que utilicen las «castas políticas» gobernantes para pagar favores a sus donantes y favorecedores. Por eso, era muy necesaria la aprobación de la moratoria que se pedía en la.medida derrotada en el Senado. Era importante, en lo que el DE corrige sus deficiencias en cuanto a la supervisión del desempeño y las operaciones de las escuelas chárter, y se tiene un cuadro más claro de cómo aprovechan los dineros públicos que se le otorgan.
Lamentablemente, la fuerza de las castas políticas gobernantes se impuso y la meritoria medida fue derrotada. La votación nuevamente reflejó el maridaje bipartidista de legisladores y alcaldes populares y penepés que tantas veces se juntan para auto preservarse, y echan por la borda buenas iniciativas que sirven a los mejores intereses de nuestro pueblo, en este caso, de nuestros estudiantes de escuelas públicas.
En medio de la controversia senatorial, la senadora María de Lourdes Santiago intentó que la resolución conjunta fuese devuelta a la Comisión de Educación para que este cuerpo celebrase vistas públicas, pero no lo consiguió. Santiago dejó claro que la intención tras la medida era lograr que el DE cumpla con su responsabilidad de documentar el desempeño y la situación fiscal de las escuelas chárter. «Oponerse a esta resolución conjunta es decir: las escuelas alianzas tienen el derecho a exigir el privilegio de operar en la oscuridad,» sentenció.
Por decreto de la mayoría PPD-PNP en el Senado de Puerto Rico, el DE recibió carta blanca para que las escuelas chárter sigan operando por la libre en nuestro país. Otro golpe del bipartidismo a la transparencia con la información pública y a la confianza de nuestro pueblo.
