Editorial: Puerto Rico de vuelta a la burbuja

 

Hace apenas una década comenzó el declive final y precipitado de las finanzas públicas en Puerto Rico. Estas devinieron oficialmente en una quiebra no declarada con la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley Promesa y  el nombramiento de la Junta de Control Fiscal en el 2016. Un tiempo antes, había reventado irreversiblemente la burbuja de los llamados Bonos de Puerto Rico,  poniendo en jaque a miles de inversores del país y de Estados Unidos que habían comprado dichos instrumentos financieros porque supuestamente eran “un negocio redondo”. Ofrecían triple exención contributiva  en todas las instancias del gobierno federal y de Puerto Rico, incluyendo municipios y condados, y pagaban una tasa de interés de ensueño para las condiciones del mercado de valores en aquellos momentos. Por eso, se convirtieron en el fetiche de turno para todos aquellos que viven persiguiendo la riqueza sin sacrificios. La ruptura de aquella burbuja precipitó la crisis que hemos vivido por más de una década y aún vivimos.

Convertidos en chatarra por decreto de las agencias acreditadoras Moody´s, Fitch y demás árbitros de la solidez en el mercado de valores, los bonos de Puerto Rico se tornaron en carbones encendidos que achicharraban o amenazaban  achicharrar a cualquiera que se les acercara. La caída precipitosa de dichos  bonos, más allá de la vergüenza para unos y la ignominia para otros, provocó que el gobierno de Estados Unidos interviniera para convertir a Puerto Rico en lección ejemplar para el resto de sus jurisdicciones estatales y coloniales. Puerto Rico estaba impedido por el Congreso de declararse en quiebra. Por eso, hacía falta la intervención federal de modo que el efecto de la caída de los bonos de Puerto Rico no trastocara el mercado de bonos municipales en Estados Unidos. De ahí surgió la Ley Promesa, que lo único que  prometió verdaderamente  fue que los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos,  tenedores de bonos de Puerto Rico ,recibirían el pago de su acreencia a como diera lugar.

Pero en todo este entramado, siempre ha habido  espacio para la explotación con fines de lucro de la tragedia puertorriqueña. Por eso hoy, cinco años después de la Ley Promesa y de la Junta de Control Fiscal con su receta de “medicina amarga” para nuestro pueblo, llegamos al mismo punto donde comenzó nuestro colapso, a una nueva burbuja con bonos de Puerto Rico que, como el ave fénix han resurgido de sus cenizas, para volver a convertirse en los instrumentos financieros que mayores rendimientos pagan a los inversionistas en todo Estados Unidos. Este despunte tan “maravilloso” para los especuladores que se lucran de los mismos, se debe a la cercanía del acuerdo por consenso entre los políticos del PNP y del PPD. – los mismos que ocasionaron la quiebra y  la crisis de nuestro país- para endosar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) presentado por la Junta de Control Fiscal, un acuerdo nefasto que amarra la gran mayoría del caudal de Puerto Rico a un plan de pago de deuda insostenible,- y que ha sido denunciado, impugnado y rechazado por quienes resultarán sus principales afectados: – los pensionados del gobierno de Puerto Rico, los estudiantes, maestros y empleados de la escuela y la universidad públicas,  los empleados de las agencias del Ejecutivo y la Judicatura  y el pueblo pobre de Puerto Rico que  necesita urgentemente los servicios esenciales que el gobierno dispensa, ahora totalmente racionados y disminuidos como resultado de las políticas insensibles de la Junta de Control Fiscal.

La “gran noticia” develada en días recientes de que las fuerzas ciegas del capital financiero estadounidense  respaldan el alza en los bonos de Puerto Rico es una burla más de las muchas que ha tenido que soportar nuestro pueblo durante todos estos años.  Estos bonos son la misma burbuja que anteriormente. Cuentan con la triple exención que un informe del año 2006 de la propia Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos (GAO) señaló como causa principal para el alto endeudamiento de Puerto Rico, y con un pago de intereses inflado, que ya sabemos a dónde nos condujo y cuál será el exorbitante precio que pagaremos los puertorriqueños y puertorriqueñas por los próximos años y décadas.

Por eso, lejos de representar el fin de la quiebra y la proyección de una vida con menos sobresaltos para nuestras familias, esta componenda a nuestras espaldas, entre la Junta de Control Fiscal, el gobernador Pierluisi y la Legislatura, significará el regreso de Puerto Rico a la noria infinita del endeudamiento y las burbujas financieras que provocaron la debacle actual.

 

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