Tal parece que el 2024 va en ruta a romper el macabro récord de feminicidios en Puerto Rico, con respecto a los años anteriores desde que se decretara el estado de emergencia por violencia de género en nuestro pais.
Según cifras del Observatorio de Equidad de Género, hubo 15 feminicidios en cada uno de los años 2021 y 2022. El 2023 cerró con 23 feminicidios, ocho más que en los dos años anteriores. El hecho de que solo durante el mes de enero de 2024, cuatro mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, como resultado de actos de violencia machista, debe ser un aldabonazo a nuestra consciencia colectiva. Una sacudida que más allá de la reflexión, lleve a la corrección inmediata de los errores de procedimiento y de juicio, de las lagunas legales y de la indiferencia y falta de empatia que, sin duda, han formado parte de estos desenlaces fatales.
Cómo es posible, vale preguntarnos, que sigan muriendo mujeres porque el Estado- que se supone que las proteja- les sigue fallando, luego de tres años desde que la constante y productiva militancia feminista lograra que al más alto nivel del Gobierno se reconociera por fin el grave problema de violencia de género que se vive en Puerto Rico?
¿Cómo es posible que sigan muriendo mujeres, una detrás de otra, en estas circunstancias tan terribles, luego de tres años desde que se decretara el estado de emergencia por violencia de género y se nombrara una comisión con tareas y objetivos específicos, luego de que existan leyes y protocolos para proteger a quienes tengan que ser protegidas, y de que la Rama Judicial cuente con salas especializadas y programas de adiestramiento para su personal que maneja este tipo de casos, y de que exista también una Oficina de la Procuradora de las Mujeres con funciones especiales para estas situaciones?
¿Dónde está la raíz del problema que suscita que estos incidentes se sigan repitiendo? Es cierto que el conjunto de medidas para prevenir y proteger a las posibles víctimas en estos casos funcionan más o menos adecuadamente la mayoría de las veces. Que cada año se atienden cientos y hasta miles de querellas y se expiden igual número de órdenes de protección que cumplen la función protectiva y disuasiva para la que fueron creadas. El problema son las excepciones, como por ejemplo cuando los agresores se cuelan por las hendijas de un sistema imperfecto, y la figura de autoridad que puede «pararlos en seco» no lo hace a tiempo o lo hace a medias. Este parece haber sido el caso en el asesinato de Linnete Morales Vázquez, cuya ex pareja la mató en el patio de su casa en Yauco, donde también asesinó a su madre y hermano.Un triple asesinato por un hombre reincidente en conductas de violencia machista, que no encontró en su camino la autoridad pertinente que lo detuviera en su furia feminicida. Luego trascendió que la fiscalía de Ponce había solicitado ese mismo día al Tribunal que le impusiera al hombre vigilancia electrónica por medio de un grillete, lo que el Tribunal no hizo. La víctima había notificado en repetidas ocasiones que estaba siendo acechada y perseguida por su ex pareja, y había obtenido del tribunal una orden de protección que estaba vigente al momento de su asesinato.
Como siempre, los políticos en campaña, acomodan sus expresiones para salir airosos. Pero la realidad les explota en la cara. El examen retrospectivo de los casos de feminicidios más recientes ha apuntado a fallas, algunas muy severas, en el manejo de los mismos por parte de jueces y juezas del sistema de tribunales. Pero también es cierto que, desde hace más de dos años, Puerto Rico no cuenta con una Procuradora de las Mujeres en propiedad. Esto, luego de que la procuradora designada Vilmarie Rivera Sierra fuera torpedeada, entre otros, por los propios senadores del PNP, y tuviera que ser retirado su nombramiento. Rivera Sierra contaba con el respaldo mayoritario de las organizaciones de mujeres en Puerto Rico, porque posee el conocimiento y la experiencia necesarios para el manejo adecuado de las problemáticas específicas de las mujeres. Las destrezas de mujeres como Vilmari Rivera Sierra no cuadran con ciertos senadores y políticos muy poderosos y muy machistas, los cuales han estado en primera fila para descarrilar cualquier iniciativa gue genere un diálogo serio y profundo sobre los reclamos de género y los derechos de las mujeres.
Sólo cuando podamos tener como pueblo una conversación sosegada y honesta sobre el problema de la violencia machista en Puerto Rico, conoceremos el alcance y profundidad del problema y saldrán las respuestas adecuadas para manejarlo. Ya existe experiencia abundante de que la educación con perspectiva de género desde temprana edad es una buena herramienta para ir cambiando actitudes y conductas aprendidas por niños y niñas que puedan desembocar en situaciones de violencia machista más adelante. Solo educando, adiestrando y propiciando un cambio en la mentalidad y conductas que fomentan el.machismo se irán derrumbando las barreras del prejuicio y los atavismos que todavía aprisionan a nuestro pueblo en ese ciclo sin fin de violencia y muerte. El momento de hacerlo es ahora, a través de la educación y de forma radical, porque cambiar conductas es un proceso largo, y nuestras niñas y mujeres no pueden esperar más.
