CLARIDAD
“Nosotras por nuestras vidas”, con este grito de denuncia, la organización Colectiva Feminista en Construcción se propone iniciar una jornada que culminará con una manifestación el próximo 8 de marzo, en respuesta al aumento de violencia de género y para exigir al Gobierno una rendición de cuentas por el Estado de Emergencia.
La convocatoria se da ante los recientes casos de feminicidios, cuatro en este mes de enero. Estos han saltado a la discusión pública por denuncias de mal manejo de los procedimientos en casos de la Ley 54 de violencia doméstica por parte del Departamento de Justicia, fiscales y jueces. En tres de los feminicidios, familiares de las víctimas también fueron asesinados.
En conferencia de prensa, la Colectiva Feminista atribuyó que las fallas en la atención a sobrevivientes discutidos en días recientes responden a que no existe una respuesta integrada por parte del Gobierno ni un sentido de urgencia de la situación. Al respecto, una de las portavoces, la licenciada Zoan Dávila Roldán, censuró el que luego de emitirse la primera Orden Ejecutiva (OE) en el 2021 declarando un estado de emergencia por la violencia doméstica y de que se organizara el Comité PARE, al año, el gobernador Pedro Pierluisi, cuando todavía no se había completado ninguna porción significativa del trabajo, eliminó el Comité y delegó todos los trabajos en una sola persona. En tono crítico, Dávila Roldán cuestionó el que la oficial de cumplimiento, Ileana Espada, sea la que deba asegurarse de que la política pública de ese estado de emergencia se cumpla.
Según expresó, el gobernador pidió tiempo y espacio para trabajar. “Ese tiempo y espacio se lo dimos. Tres años después, ahora, los resultados de ese trabajo son cuestionables. Las organizaciones feministas del Comité crearon planes y proyectos a los que no se les dio curso, los jefes de agencias no iban a las reuniones. Las extensión dos veces de la OE extendiendo la emergencia no tiene objetivos claros de lo que se quiere lograr”, declaró.
A preguntas de CLARIDAD sobre el trabajo de la oficial de cumplimiento, la licenciada Dávila Roldán, denunció que lo que ha hecho es repartir fondos y que en estos momentos no hay trabajos que se estén llevando a cabo, según anunció el gobernador y según se desprenden de los informes del Comité PARE. “Lo que se está haciendo es dando seguimiento a proyectos que quedaron por hacer”. Agregó que la poca información que hay es de la repartición de fondos, los cuales en primera instancia se han asignado al Negociado de la Policía, al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM). El dinero que va a la OPM a su vez se distribuye a organizaciones que ofrecen servicios directos a las mujeres.
En cuanto a la actual ejecutoria de la OPM, Dávila Roldán reconoció que en esta oficina “se ven unos esfuerzos, digamos, que contrastan mucho con la labor de la pasada procuradora”. Comentó que por medio de un informe de la Comisión de la Mujer saben que la procuradora le está dando atención particular al tema de la gestión policiaca, a los casos de sobrevivientes y al manejo de las querellas presentadas contra agresores miembros de la Policía. Según dijo, desde el 2017 hay 422 querellas por violencia doméstica contra miembros de la Policía.
De acuerdo a la portavoz del Colectiva Feminista, en el informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado se discute cómo la OPM ha estado pidiendo documentación e información a la Policía sobre cómo se estaban manejando investigando estos casos y cómo la Policía se ha negado ante la Comisión a dar la información, y así lo ha dicho.
En tanto, Shariana Ferrer Núñez, otra de las portavoces, a preguntas de la prensa, en tono severo cuestionó las convocatorias por parte de varias legisladoras supuestamente para atender la situación de la violencia de género. En referencia a la convocatoria que hiciera la representante Wanda del Valle, Ferrer Nuñez reaccionó: “Me pregunto dónde ha estado en estos cuatro años de política pública. Creo que de momento caer de paracaídas y agarrar cámara y decir que está trabajando el tema de género… lo que pasa es que los proyectos están engavetados”.
La activista reparó en que cuando se hace un examen de cuáles han sido esas medidas, la mayoría de esas propuestas tienen que ver con la atención a la violencia de género una vez ocurre la violencia. “Nosotras estamos exigiendo legislación y política pública de prevención para erradicar la violencia de género. Me parece que otra de las senadoras que estuvo agarrando cámara fue la senadora Riquelme, una persona de la que hace una semana se publicó que en las sesiones legislativas es la que más ausencias ha tenido”.
En cuanto a la jornada, se informó que esta consistirá de una serie de acciones, movilizaciones, talleres y encuentros que comenzarán esta misma semana. La Jornada tendrá como objetivo exigir la rendición de cuentas sobre el Estado de Emergencia, la implementación de medidas puntuales de prevención y exigir a los partidos políticos y candidatos incumbentes que asuman como compromiso la erradicación de la violencia de género en sus plataformas y propuestas de trabajo. Indicaron que la jornada irá en escalada y que desembocará en un Paro de Mujeres el 8 de marzo, día en que, aseguraron, paralizarán el Expreso Las Américas.
