CLARIDAD
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Voces feministas, el Colegio de Abogados y el Secretario de Justicia de Puerto Rico, reiteraron que el derecho al aborto en Puerto Rico no ha sido trastocado por la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TS EE UU), de revocar el caso de Roe v. Wade.
Pese a la filtración el recién mes de mayo de que el TS EE UU, se disponía a derogar el derecho al aborto en ese país la noticia este 24 de junio de que en efecto esa fue la determinación de la mayoría conservadora de jueces, no ha dejado de causar indignación entre los que defienden el derecho a decidir.
La licenciada Yanira Reyes, profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA-D) -en entrevista con este semanario indicó que lo que decidió el TS EE UU es que le corresponde a cada estado determinar como se va a manejar el aborto. Hay estados que ya tienen leyes que reglamentan el aborto y hay otros que tenían legislación en espera de la resolución para ponerla en vigencia y habría otros que van a legislar ya sea para permitir o prohibir el aborto.
En el caso de Puerto Rico dijo, que no hay una ley específica del aborto pero si en el Código Penal, los artículos 98 y 99 permiten el aborto terapéutico, realizado por un médico para salvaguardar la vida, física o mental de la persona embarazada en cualquier momento del embarazo. Además el Departamento de Salud (DS) tiene un reglamento que regula las clínicas de aborto. “Esto quiere decir que con lo que tenemos podemos continuar, así se ha manejado el acceso al aborto en Puerto Rico por décadas así que no hace falta ninguna legislación”.
La licenciada subrayó que si se va a legislar debe ser para proteger el derecho al aborto, para proteger los derechos de las personas. En esa línea -dijo- va el proyecto que se presentó la semana pasada en la Legislatura en Puerto Rico por la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) licenciada Ana Irma Rivera Lassén, dirigido a proteger los derechos sexuales reproductivos.
Mientras se espera que el proyecto que fue aprobado en esta sesión en el Senado, el PS 693 que prohíbe el aborto se discuta en la próxima sesión legislativa que comienza en agosto en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Luego de la discusión en el Senado y la movilización y discusión pública en contra del proyecto, la licenciada Reyes, indicó que hay la impresión de que en este foro habrá una disposición a escuchar mas atentamente las posturas de los que favorecen el derecho, e incluso ya hay representantes que se han expresado en contra, “así que yo espero que en la Cámara no se apruebe”.
Por otra parte en términos de lo que representa para los derechos humanos la decisión del TS EEUU, la activista manifestó que esta significa un retroceso político y de derechos en Estados Unidos. “Va a significar la violación a los derechos de igualdad y dignidad de millones de mujeres y personas gestantes en Estados Unidos. Significa políticamente que la nación norteamericana se ubica con los países que violentan derechos humanos y realmente va a poner en peligro la vida de muchas personas porque la prohibición del aborto no reduce los abortos lo que reduce es el aborto seguro y mueve a las personas a buscar abortos clandestinos que provocan muerte”.
Comparó que en la mayoría de los países progresistas la tendencia es a preservar ese derecho y que reciente países latinoamericanos se han movido hacia la protección y discriminación y ahora se están moviendo hacia protegerlo. “Estados Unidos va hacia atrás en término del avance de los derechos humanos”.
La postura de negar el derecho al aborto a las personas gestantes contrasta también con el hecho de que los hombres en cualquier momento pueden ir a realizarse una vasectomía (una esterilización) y el estado no interviene. Para la licenciada Reyes las medidas para controlar y criminalizar el cuerpo de las mujeres y nuestras decisiones, parten de la premisa, aun para las mujeres que no están en edad reproductiva, de que “las mujeres no somos capaces de tomar decisiones éticas, de tomar decisiones íntimas y personales y que el estado tiene que intervenir para tomar esas decisiones por nosotras. Definitivamente es una movida patriarcal, misoginia, y que pone por encima de nuestra vida y de nuestra seguridad la potencial vida de un feto. Eso dice mucho de un país”.
En entrevista por separado la activista Josefina Pantoja, expresó que en términos generales realmente la decisión del TS EE UU es un golpe bien fuerte para las mujeres en general que viven en los 50 estados de la unión norteamericana. “Sabemos hay unos, varios, bastantes que ya tenían medidas restrictivas y que luego de la determinación ya salieron a hacerlo mas restrictivos como es el caso que se resolvió de Missouri”. Este fue el caso que llegó al Supremo con la ya conocida determinación.
Al mismo tiempo indicó que sobre todo aquí en Puerto Rico desde la colonia cuyo punto de referencia es Estados Unidos, es un parámetro a seguir que está presente. “La preocupación bien grande en general es que en términos de los derechos humanos que se ha luchado por tantos años y que ahora las mas perjudicadas van a ser las mujeres pobres, las mujeres con mayor vulnerabilidad que no van a tener los recursos para desplazarse hacia otros sitios”.
A la luz de la determinación del TS EE UU, la licenciada Pantoja se refirió a la insistencia de los legisladores en Puerto Rico de promover un proyecto como el PS 693 o lo que describió como una barbaridad, el proyecto presentado por la senadora de Proyecto Dignidad (PD), Lissie Burgos -en cuanto se supo de la decisión del TS- de castigar con 99 años de prisión a una mujer que se practique un aborto. Aunque la medida fue retirada, la licenciada Pantoja advirtió que la senadora tiene presentada otra medida llamada anti fetal, dirigido también a prohibir el aborto y aplicar sanciones de daños y perjuicios por no menos de 25 mil dólares en los casos que se produzca un aborto después del momento en que se escuche el latido del feto, lo que puede empezar a ocurrir a las seis semanas cuando la persona gestante todavía no sabe que está embarazada. El proyecto tiene más de 13 páginas y estipula identificación de las personas paciente y personal médico.
Un aspecto que trajo a la atención es que la presentación de estos proyectos tiene un efecto inhibitorio, porque las mujeres están escuchando información que llega fragmentada. “Hay mucha confusión y las personas gestantes podrían inhibirse y continuar con un embarazo que fue producto de incesto o que no se tiene las condiciones emocionales y físicas para tenerlo. Además dentro de todo es un retroceso hablando de los derechos humanos como un continuo es un gran retroceso nosotros en Puerto Rico no tenemos porque mirar al norte porque allá lo cambiaron de otra manera restrictiva”.
En esa dirección la veterana defensora de los derechos de la mujer expresó que no confiaba para nada de que en la Cámara de Representantes el PS 683 tuviera una discusión amplia, ni confiaba en el presidente de dicho cuerpo menos, Rafael Hernández Montañés. “El tiene un medidor de como le beneficia desde el punto de vista partidista y de sus ambiciones así que él va hacer lo que entienda en el momento crucial que es lo que mas le beneficie a él y al PPD”.
No hay una crisis de abortos
En tanto la portavoz de la campaña Aborto libre, Mayra Díaz Torres, reaccionó a la decisión, “sentimos mucha indignación de que el Tribunal Supremo estadounidense le haya dado la espalda de esa manera y haya apostado a darle para atrás a la historia y a los esfuerzos de derechos humanos por 49 años y medio y haya tomado esta decisión. Nos llena de indignación le debe dar vergüenza y la sangre de las mujeres, personas en gestación que empiecen a morir por falta de acceso va estar en sus manos”.
La joven activista dijo que la campaña Aborto Libre, está buscando colaborar con compañeras estadounidense, personas gestante, latinas, que han quedado desprotegidas. También hizo referencia a las reglamentaciones que mantienen el aborto legal en Puerto Rico.
La portavoz de Aborto Libre, subrayó que en Puerto Rico no hay una crisis que amerite la radicación de 12 proyectos para regular una práctica que no es onerosa al estado, no hay mujeres que estén muriendo por practicarse un aborto, no hay clínicas que estén siendo demandadas por mala práctica. “No hay ninguna crisis de salud pública relacionada al aborto, si hay una crisis es por la inaccesibilidad. Quisiera ver proyectos de ley que hagan este proceso accesible para las personas que viven fuera del Area Metropolitana, que no tiene dinero para pagar este procedimiento, apostaría a un país donde se utilice el dinero público para accesibilidad a procedimientos de salud”.
En cuanto a las vistas en la Cámara de Representantes del proyecto sobre el aborto, Díaz Torres, advirtió, “demandamos que haya un proceso justo y que no se utilicen los derechos sexuales y los derechos reproductivos para adelantar agendas políticas eso es una de las crueldades mas grandes y es sumamente ruin utilizar la vida de la gente como moneda política”.
El derecho al aborto sigue vigente
Por su parte el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli Hernández, en comunicado de prensa también aclaró que el estado de derecho vigente en Puerto Rico no ha sido trastocado por la opinión emitida por el TS EE UU, por lo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica de dicho procedimiento en la isla.
Además de hacer referencia a lo que dispone el Código Penal, el secretario Emmanuelli Hernández, también citó que en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal.
“La revocación del caso Roe v. Wade, por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tras concluir que no emana de la Constitución de los Estados Unidos un derecho al aborto, no tuvo el efecto de derogar esta normativa”, explicó el secretario, tras realizar un análisis detallado de la normativa.
A la decisión del TS EE UU de dejar en manos de los estados y territorios tomar las acciones que entiendan pertinentes para regular y legislar sobre este tema, el secretario de Justicia de Puerto Rico expresó; “Confiamos que en ese ejercicio responsable se examinen todas las circunstancias que rodean a una mujer que opta o se ve en la obligación de terminar un embarazo, así como el criterio de los profesionales de la salud expertos en el tema”.
Respaldo a las personas gestantes
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) reaccionó de inmediato a la decisión y se reiteró en la política de la institución de respaldar el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar las decisiones relacionadas con la terminación de un embarazo, a tenor con la disposición de la Constitución de Puerto Rico que garantiza de forma expresa el derecho a la privacidad.
La presidenta del CAAPR licenciada Daisy Calcaño Lopez, aclaró que en Puerto Rico contrario a lo que ocurre en la jurisdicción federal, la sección 8 de la Carta de Derechos de la Constitución protege de manera expresa contra ataques a la vida privada o familiar y nada puede ser más privado que tomar la decisión de llevar un embarazo a término o interrumpirlo.
Al igual que otras entrevistadas la presidenta del CAPR resaltó que en Puerto Rico el aborto está legislado de manera adecuada y no existe ninguna crisis de salud, médica o social sobre el particular que justifique restringirlo, como se intenta con PS. 693. “Por tal razón, exhortamos al gobierno a no promover legislación que atente contra el derecho a la privacidad de las mujeres y personas gestantes” recalcó Calcaño López.
