CLARIDAD
Para justificar la reducción de los procesos de evaluación ambiental en el país, en su Plan de Ajuste de Deuda, la Junta de Control Fiscal utilizó como exhibit un documento desautorizado por el Banco Mundial. No son tan solo las pensiones y los salarios lo que el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Junta de Control Fiscal (JCF) lacera en Puerto Rico. La inviabilidad del país con el PAD incluye la destrucción de los recursos naturales. Así se desprende del análisis del contenido del PAD respecto a la exigencia de reformas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
El veterano litigante de derecho ambiental, licenciado Pedro Sadeé Lloréns, aseguró que en los últimos dos planes fiscales la JCF ha planteado que en Puerto Rico hace falta reformar los procesos de permisos. En torno a esta reforma, aunque tiene diversas partes, como la de poder acelerar la inscripción de propiedades en el Registro de la Propiedad, la visión que surge de la Junta es que es necesario reducir el escrutinio ambiental y aumentar el que los proyectos se eximan de análisis ambiental.
La reducción del escrutinio ambiental se pretende hacer incrementando la lista de actividades para que califiquen en la categoría de exclusiones categóricas. De hecho, ya el DRNA había hecho este ejercicio, el cual fue objetado por varios grupos ante el tribunal. El 29 de octubre de 2021, el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, creó un llamado Comité de Evaluación de Procesos Ambientales para esos mismos fines. En la comunicación al personal del DRNA, el secretario admite que eso es disposición del Plan Fiscal de la JCF.
Sadeé Lloréns puntualizó que la teoría de la Junta es que el reducir las exigencias ambientales va a atraer capital al país y que, por ende, será uno más competitivo. “Cuando se dice atraer capital reduciendo el escrutinio ambiental es que no se tenga que respetar la salud ambiental y los recursos naturales que se pueden afectar y destruir más”.
Denunció que el PAD incorpora ese concepto de reforma en los procesos de permisos, pero no entra en el detalle de qué en específico es reducir los trámites ambientales. Lo incluye porque usan la misma fuente del concepto competitividad. Ese concepto de competitividad incluye: las leyes laborales, la exención de impuestos y lo que en inglés se conoce como ‘Doing Business’, o bien, ‘facilidad para hacer negocios’.
A juicio de Sadeé Lloréns es censurable que la Junta esté planteando en el PAD que esos cambios estructurales hacen falta en Puerto Rico supuestamente para generar desarrollo económico y que el país pueda enfrentar el déficit en que va a caer en el 2035. Puntualizó que hay tres premisas fundamentales de parte de la Junta. Una admite que el país no va a poder pagar la deuda porque va a haber un déficit en el presupuesto del 2035 en adelante; dos, que para atender ese déficit tiene que haber cambios en el desarrollo económico y, tres, que parte de esa estructura de desarrollo económico es la afectación, el deterioro en la salud ambiental y la protección de los recursos naturales. “Ese es el bosquejo de lo que está dicho”.
En apoyo a su PAD, la Junta sometió como exhibit el llamado el Informe Wolff (2018-2020), Doing Business. Este informe fue preparado por el banquero colaborador del BM Alan Wolff y Anne Kruger. En él se plasma la visión de que se puede lograr un desarrollo económico reduciendo las protecciones ambientales. El 16 de septiembre de 2021, el Banco Mundial anunció la desaprobación del informe, el cual estaba bajo investigación desde junio del 2020 debido a denuncias de irregularidades y faltas éticas.
El ambientalista resaltó que la premisa de que reducir las protecciones ambientales va a atraer inversionistas es incorrecta porque en Puerto Rico ya se han reducido los protecciones ambientales y no tenemos el desarrollo económico prometido. Las causas de la falta de desarrollo económico son otras, no la protección ambiental.
“Aquí, desde Fortuño, se han hecho reformas y se han ido reduciendo las protecciones ambientales y las agencias ambientales y eso no ha producido ningún desarrollo. Además de que no hay relación causal, lo que se está haciendo es llevando al país a una situación de insostenibilidad que es contradictoria con el mismo desarrollo económico porque si se destruyen las playas, la salud de la gente, el recurso del agua, eso lo que va a tener es un impacto negativo en el supuesto desarrollo. El ambiente se necesita para proteger la vida”.
Sadeé cuestiona cómo se va a plantear reducir el escrutinio ambiental en tiempos de cambio climático. “Puerto Rico lo que necesita es escrutinio y decisiones sabias de qué hacer, no eliminar el proceso decisional para que el país pueda enfrentar el cambio climático”. Para el veterano en luchas ambientales, el PAD es uno descabellado y fuera de la realidad de lo que es el cambio climático y lo delicado de nuestros recursos naturales. Incluso indicó que el plan ignora que esta visión de desregulación no ha funcionado en otros lugares.
“Se ve que es un análisis puramente económico mirando solo la visión del supuesto interés del capital, del inversionista, de cómo el margen de ganancia es lo principal; pero eso tampoco encaja porque hay otros lugares donde hay inclusive capital que busca lugares que protejan el ambiente”.
Confirmó que el PAD no dice en qué los inversionistas quisieran invertir y que el informe Wolff no entra en eso. Pero que la premisa es la misma. Comentó que la Junta no le dijo a la jueza que el Informe Wolff fue suspendido por el Banco Mundial. La JCF pretende justificar la necesidad de hacer reformas y reducir los procesos alegando que Puerto Rico está en el número 75 del índice de competitividad mundial.
A la interrogante de si el propósito de la Junta es vender los recursos naturales, Sadeé Lloréns admitió que eso no estaba en PAD, pero que es una pregunta que está sobre la mesa. “Eso ha sido una preocupación de los grupos ambientales desde el principio, de que la crisis económica nos lleve a vender recursos naturales y otros recursos para sacar dinero; pero creo que la amenaza es igual o peor por la otra ruta”.
Resaltó que el daño que se le está haciendo al País viene por esta ruta de la desregulación ambiental. Tampoco se puede escapar al hecho de que aquí los desarrolladores hace tiempo que llevan presionando para que se reduzcan los escrutinios ambientales. A ello también se suma la colaboración del Ejecutivo con esta visión de la Junta, a través del DRNA. La confirmación está en la creación del ya mencionado Comité de Evaluación de Procesos Ambientales. “Lo cual nos lleva, por supuesto, a la necesidad de estar más atentos y poder generar más movilización”, afirmó el entrevistado.
