Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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El Instituto de Análisis Económico y Financiero para la Energía (IEEFA, siglas en inglés), denunció en un reciente artículo la búsqueda de apoyo financiero de Wall Street, por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El artículo; “Gobernador mira al dinero de Wall Street para financiar su reelección”, publicado este 28 de mayo, se refiere a la actividad de recaudación de fondos para Rosselló, organizada por abogados de bancarrota de Nueva York, celebrada el 14 de mayo en la citada ciudad.
Bajo la firma de Kathy Kunkel, analista de energía y Tom Sanzillo, director de finanzas, ambos de IEEFA, plantean que la actividad, suena las alarmas de que la salud fiscal de la Isla se pone una vez más en riesgo por la ambición política, y llamaron la atención a que el gobierno y las autoridades de Puerto Rico han sido criticados durante mucho tiempo por pagar “enormes honorarios a consultores y empresas que producen un asesoramiento financiero poco sólido”.
Los expertos en el tema de la energía de IEEFA, llamaron la atención a que la actividad de recaudación de fondos, se produjo inmediatamente después del anuncio del acuerdo de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que denunciaron, muestra al Gobernador continuando por ese camino, independientemente del costo para la economía y la gente del Estado Libre Asociado. Recordaron que el acuerdo le asegura $8 mil millones en notas para la AEE, la cual es una de las mayores ofertas de bonos municipales en la historia de EEUU y la cual está pendiente ante el Tribunal Federal. Se refieren ante la sala de la juez Laura Taylor Swain a la cual se le asignaron todos los procesos de deuda del gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa.
El artículo recoge a su vez el dato publicado por El Nuevo Día, de que el evento de recaudación fue organizado por dos abogados de Lowenstein Sandler LLP, una prominente firma de abogados de Nueva York especializada en bancarrota, y un consultor político. Añade que uno de los abogados de la firma fue contratado previamente por O’Neill & Borges, donde trabajó en la quiebra de la AEE. Los analistas de IEEFA aun cuando dicen que Lowenstein Sandler no parece tener un contrato con AEE o cualquier agencia del gobierno puertorriqueño, plantean que tal vez éstos reconozcan lo que IEEFA ya ha subrayado de; que el actual acuerdo de deuda propuesto probable resulte en más bancarrotas y una necesidad continua de bufetes de abogados externos y costosos, y de contratistas de servicios profesionales.
Los analistas ponen en tela de juicio si la celebración de eventos de recaudación de fondos en fechas cercanas referentes a complejas transacciones de bonos u otros procesos contractuales del gobierno equivalen a un soborno y, presentan una lista de contribuyentes de Rosselló Nevares, para las elecciones del 2016, todos relacionados a firmas de inversores y asesores financieros. La información anotan está tomada de la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Citamos:
“Los individuos que trabajaban para O’Neill & Borges proporcionaron al menos $15,889 en contribuciones a la campaña del gobernador y el bufete ahora guía los litigios de bancarrota de AEE para la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF).
Las personas que trabajaban para Nixon Peabody dieron al menos $13,980 a la campaña del gobernador y la firma ofrece servicios para una variedad de agencias del gobierno, incluyendo AEE, Hacienda, el Banco de Desarrollo Gubernamental (GDB) y la recién acuñada Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Un comité de acción política ó PAC en inglés, creado por la firma de abogados DLA Piper dio $10,400 y actúa como asesor legal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), la agencia que trabaja en la privatización de la AEE.
Todos dieron, todos recibieron”, denunció IEEFA.
Continúan señalando que las contribuciones de campaña también tienden a ser incluidas en tarifas infladas y, en última instancia, en préstamos más altos para el gobierno y mayores tasas de impuestos y electricidad para los residentes de la Isla. “Que el gobernador solicite donaciones de las empresas de bancarrota, particularmente dada la fragilidad actual de Puerto Rico y la historia de la interferencia política, es verdaderamente incomprensible”.
Kunkel y Sanzillo reiteraron su denuncia de que el trato hacia los acreedores de Puerto Rico es excesivamente generoso e insostenible para la economía de Puerto Rico. En esa dirección plantearon si el asesoramiento legal está contaminado. “¿Están los asesores jurídicos dando su sello profesional a una transacción para servir los objetivos políticos del gobernador o porque sirve al interés público? Cuando el dinero de la campaña está involucrado, el público no tiene forma de responder a esta pregunta. Y, en este caso, el acuerdo de AEE no sirve al interés público. El trato es excesivamente generoso para los acreedores y es insostenible para la economía de Puerto Rico. Desplazará la financiación de las energías renovables y estafará la fuerza de trabajo de la AEE sacrificando empleos y pensiones en nombre de la “reducción de costos”, cuestionó IEEFA.
Describieron que el acuerdo de los bonos de la deuda de la AEE es uno retorcido, a la vez que trajeron a la atención que la fecha límite para su cierre es en junio de 2020 lo que encaja perfectamente en la cronología política de la reelección del gobernador en noviembre de 2020.
El pronóstico de Kunkel y Sanzillo es que si se aprueba el acuerdo, será sólo cuestión de tiempo antes de que conduzca a otro fracaso financiero y la asociación de abogados de bancarrota de la ciudad de Nueva York pueda entrar y hacer su negocio de nuevo.
