Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
En el sistema político y económico capitalista que impera en Puerto Rico, y más aun en el caso de una colonia, las emergencias parecen ser abono fértil para la corrupción. Los actos de corrupción relacionados con la epidemia del coronavirus (COVID-19) que se han revelado casi simultáneos con la declaración de la emergencia, los casos de corrupción que se vieron tras el paso del huracán María, los que se fraguaron con los terremotos y otras experiencias pasadas son prueba repetida de esta relación.
Así quedó establecido en el panel Corrupción, impactos sociales y alternativasefectuado por la Comisión Ciudadana de la Auditoria de la Deuda (CCAD) y el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD).
Para la Comisión, según apuntó su presidente, el licenciado Luis Torres Asencio, también moderador del panel, la corrupción es un síntoma de que algo anda mal con el sistema político y económico de un país y muchas veces es el reflejo de un sistema en el cual se prioriza el lucro individual sobre el colectivo. Eso lleva a que en tiempos de emergencia los actos de corrupción parecen dispararse. En ese escenario también los sistemas políticos aprovechan que las personas están en estado de shockpara implantar políticas que de ordinario serían rechazadas. Como hemos visto en Puerto Rico, el Gobierno en nombre de la presente emergencia ha flexibilizado los procesos de contratación, compras, procedimiento; en fin, relajado los procesos que debería exigir la ley en contrataciones gubernamentales. Torres Asencio describió estas medidas como “incentivos perversos” para la corrupción. Recordó que luego del huracán Georges, en el 1998, también hubo casos de corrupción que conllevaron arrestos y el Gobierno se valió de la ocasión para imponer los proyectos del gasoducto y el tramo de la Carretera 10 de Ponce a Adjuntas.
Mientras, Issel Masses, quien ha trabajado en la gestión pública por más de diez años temas de gobernanza y economía en lugares como Chile, Senegal y el mismo Estados Unidos, expuso sobre los conceptos de corrupción de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros.. “La corrupción gubernamental es el acto de utilizar el poder y la influencia pública para obtener beneficio personal”. Para Masses, quien también es consultora senior del FMI esa es una definición ambigua y general. Describió es que hay varios niveles de corrupción. El primero es la corrupción a gran escala, que es cuando la élite política crea unos enlaces, unas estructuras y andamiajes muy fuertes que se parecen mucho a andamiajes criminales, pero dentro del gobierno, para sustraer los recursos y redirigirlos a intereses privados. Comparó ese tipo de corrupción con uno similar al lavado de dinero.
Está además el tipo de corrupción a pequeña escala, que es la que involucra al ciudadano común; es la interacción entre el servidor público y el ciudadano y la burocracia. Y tercero, está la corrupción política que se relaciona con la de gran escala, cuando los políticos manipulan las instituciones y las reglas en la distribución de recursos para mantener o incrementar su estatus y o su poder.
Llama la atención el dato ofrecido por Masses de que hasta el 1970 la corrupción se consideraba un “mal necesario”, como un mecanismo para agilizar los negocios. No fue hasta los años 70 que los economistas empezaron en ver un patrón extraño y se comienza a estudiar de manera sistemática y ver como la corrupción impacta a los diversos modelos económicos y cómo se refleja en el desarrollo internacional. Ahí es que “explota la bomba”. Se ve que a largo plazo la corrupción cobra un alto costo del presupuesto, desvía fondos, captura y deteriora las instituciones y cambia hasta las normas sociales.
La corrupción está asociada con mayor desigualdad y pobreza, con menor inversión en salud y educación, con debilidades en las instituciones que toman decisiones por y para el pueblo, con una menor inversión privada y un aumento del costo de hacer negocios en un aproximado 10%. En el caso de Puerto Rico, el aproximado es mayor, indicó. A todo esto se suma la desconfianza del pueblo en su gobierno.
Presentó que a nivel global la corrupción tiene un costo de $3.6 trillones de dólares anuales, según el FM; el 7% del presupuesto en salud y entre el 10 al 25 % del presupuesto de contrataciones públicas. Resaltó que esta cifra es importante debido a que muchas veces no se piensa que el gobierno utilice tantas partidas de su presupuesto para contrataciones, pero que a nivel global entre el 30% del presupuesto de los gobiernos se va en contrataciones. En el caso de Puerto Rico reveló que en los últimos años se está viendo que esta cifra sobrepasa el 50%.
Masses recalcó que en tiempos de emergencia la corrupción aumenta ante el hecho de que ocurre un aumento del flujo de fondos que por lo regular son para que se utilicen en un corto periodo de tiempo y los procesos y los controles pasan a un segundo plano. Denunció que en el caso de Puerto Rico los controles casi desaparecen, cuando los controles son precisamente para evitar la corrupción y otros delitos de malversación de recursos. La presión añadida a responder y el agotamiento pueden además representar otro espacio enorme para la corrupción.
“Por eso es que vemos que los federales durante y luego de un desastre investigan más, fiscalizan más. Eso no es solo en Puerto Rico. En los estados también ocurre lo mismo porque saben que el riesgo de corrupción aumenta y que el pillo también esta consciente de esa oportunidad y sabe que muy probablemente en esos momentos pasará desapercibido”.
La también directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, concluyó que era evidente que en Puerto Rico se están dando todos los síntomas para que haya un amplio espacio para la corrupción en medio de la emergencia.
La directora de la organización Espacios Abiertos (EA) por su parte destacó que la falta de transparencia es el semillero de la corrupción y que, en la situación actual además de preocuparnos por la salud, hay que atender la situación de la corrupción y asegurarse los mecanismos para prevenirla.
En esa línea presentó las guías y recomendaciones que la organización Transparencia Internacional (TI) ha diseñado y Espacios Abiertos a adoptado, dirigidas a evitar la corrupción gubernamental. Los cinco elementos les fueron presentados a la gobernadora y al secretario de Salud:
1) Transparencia y datos abiertos – los recursos destinados a la emergencia deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable, y en lenguaje ciudadano.
2) Administración de los recursos– los recursos deben ser administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad, y deberán asegurar las mejores condiciones para el Estado.
3) Rendición de cuentas – del total de los recursos invertidos, las acciones realizadas, beneficiarios, contrataciones y evaluación de eficiencia de dichas contrataciones.
4) Garantía de competencia económica- evitar la concentración y acaparamiento de contratos por bienes y servicios para atender la emergencia. Asegurar participación de micro, pequeñas y medianas empresas. Asegurar libre concurrencia y competencia para evitar pagos con sobreprecios o especulación.
5) Seguimiento al gasto público- deben implementarse mecanismos de vigilancia adicionales a los que existen en las leyes y reglamentos para garantizar eficiencia e integridad en el uso de los recursos.
