CLARIDAD
Luego de que la gobernadora Jenniffer González fuera forzada a retirar sus designaciones para puestos importantes de su gabinete (y de otros no tan importantes) algunos han querido fijar la culpa en los propios nominados. “Le han fallado a la gobernadora” o “no le dijeron la verdad” son las frases que se escuchan. Sería lógico esperar esa particular asignación de culpa de parte de otros dirigentes del partido de gobierno, sobre todo de los senadores que rechazaron los nombramientos, pero hasta personas de la oposición, como el exgobernador Acevedo Vilá, han repetido la frase.
Que los nominados hubieran tratado de esconder sus insuficiencias o sus traqueteos se entiende, pero en todos los casos se trata de asuntos de conocimiento general o que tan solo arañando la superficie se descubría. Empecemos por el puesto más importante, la secretaría de Justicia, que no solo lo es porque puede ascender al cargo de gobernador, como ocurrió en 2019, sino porque en teoría es “el abogado del pueblo”, el puesto desde donde se combate la criminalidad y se hace cumplir la política pública. La secretaría de Estado es importante solo por la probabilidad sucesora, pero, distinto a Justicia, en el curso ordinario del gobierno es una figura con responsabilidades limitadas.
Los cuestionamientos éticos que dificultaron el nombramiento de la Lcda. Janet Parra al Departamento de Justicia son de conocimiento público desde que surgieron en 2022. En junio de ese año fue descalificada para intervenir en un procedimiento criminal a solicitud del mismo Departamento que ahora pretende dirigir. Los serios cuestionamientos éticos los levantó el fiscal del caso y fueron acogidos por el Tribunal. La ahora gobernadora y su entorno debieron conocer esos hechos.
A pesar de ese historial público, González no solo nominó a Parra para dirigir el departamento que hace dos años promovió su descalificación, sino que previo a esa designación, la incluyó en el equipo de su confianza que estuvo a cargo del proceso de transición luego de las elecciones. Es también de conocimiento público que Parra utilizó esa posición privilegiada en el equipo a cargo de la transición para desatar su venganza contra el secretario de Justicia saliente, Domingo Emanuelli, provocando un tenso intercambio durante una de las vistas. El récord ético previo y su comportamiento posterior serían suficiente para concluir que no podía asumir el cargo de Secretaria de Justicia, pero tal vez porque González también estaba en busca de venganza de todos modos la nominó para el cargo.
El caso de Verónica Ferraiuoli, designada como Secretaria de Estado a pesar de ser una evasora contributiva consuetudinaria, es parecido. El hecho de la evasión no era de conocimiento público porque de ordinario nunca lo es, pero es un asunto elemental, rutinario, para cualquier designación al gobierno. Pero, aún más que Parra, Ferraiuoli es del círculo íntimo de González y dentro de ese grupo los cuestionamientos éticos importan poco. Por eso la nombró a Estado a pesar de que su esposo Francisco Domenech, un conocido cabildero, ya controla el gabinete como secretario de la Gobernación dándole un poder inusual a una familia. Obviamente a González esas cosas le importan poco.
Los párrafos anteriores explican el curso de acción de la gobernadora, pero hay algo más importante. Si conocía de estos asuntos, ¿por qué González insistió en los nombramientos enfrentándose al liderato de su propio partido? Esta pregunta se contesta con una palabra: impunidad. O tal vez la frase que mejor explica el comportamiento de la gobernadora fue la que utilizó Bad Bunny para uno de sus discos: YHLQMDLG, “yo hago lo que me dé la gana”.
En varias ocasiones he escrito del cómo el PNP se las ha arreglado para controlar todas las instituciones que se supone luchen contra la corrupción o que, al menos, vigilen el comportamiento ético en el gobierno: OFEI, Ética Gubernamental, Contralor, etc. Aun en las ocasiones en que no ganan las elecciones, manipulando términos y nombramientos se las arreglan para mantener bajo su mandato a quienes se supone los investiguen. En este cuatrienio el control es todavía mayor porque, además de esas instituciones, controlan las tres ramas del gobierno. A pesar de que casi el 60 por ciento de los puertorriqueños no votó por ellos, coparon Ejecutivo y Legislatura y de inmediato llenaron las dos vacantes que había en el Tribunal Supremo, ampliando el control que ya tenían allí.
Ese control es lo que produce el sentimiento de impunidad. Pueden hacer lo que les da la gana y de ordinario lo hacen. En el caso de González, además de sentirse impune, siempre ha actuado a la cañona, ufanándose de su poder y burlándose de quienes se atrevan a cuestionarlo. Estaba segura de que, con estos nombramientos se saldría con la suya. De hecho, la designación de Ferraiuoli fue confirmada por la Cámara de Representantes sin ningún cuestionamiento de parte de la mayoría del PNP que le pasó el rolo a lo que dijo la minoría. En el Senado fue distinto, pero no porque la mayoría del PNP sea un depósito de virtudes, sino por las agendas personales de Thomas Rivera Schatz. Sólo gracias a esa agenda el “yo hago lo que me dé la gana” no prosperó, pero lo estaremos viendo en acción durante el resto del cuatrienio.
