Era de esperarse. El lunes 10 de junio de 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió descalificar a los aspirantes por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la Representante Mariana Nogales Molinelli, Gladys Myrna Conty, el Senador Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón. La decisión del más alto foro judicial de Puerto Rico revierte el fallo del Tribunal de Apelaciones, que a su vez había revocado la decisión de descalificar a los candidatos del Juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia.
Hace tiempo que la cultura política de Puerto Rico se vale de instrumentos jurídicos para limitar las alternativas democráticas que amenazan con desestabilizar el régimen de partido único que suponen las administraciones clientelistas del PNP y el PPD. La persecución política de la Representante Mariana Nogales por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) es tan sólo el más reciente y burdo ejemplo de cómo se hace uso de la ley para hacerle la guerra jurídica (lawfare) a personas que representen amenazas para la hegemonía clientelista del país y sus representantes en el bipartidismo.
El argumento de quienes regocijan con la noticia varía levemente en grado de sofisticación, pero, para sorpresa de nadie, el raciocinio de lxs jueces (en su mayoría nominadxs por el PNP) no se distingue en sustancia de las tautologías que se escuchan en la calle. Esencialmente gira en torno a la máxima “la ley debe aplicársele a todos por igual”. Ahí precisamente radica el meollo del asunto.
Según se ha visto en los tribunales, lxs candidatxs que se acogieron al método alterno que permite el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 recibieron una notificación del sistema electrónico que indicaba que la alternativa de no recoger endosos era válida: “Si su partido ha sido acogido por el método alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones de endosos”. Así lo reconoce la opinión disidente del Juez Asociado Estrella Martínez. Vale preguntarse cómo es posible aplicar la ley a todos por igual si el mismo sistema mediante el cual se tramitan las candidaturas (SIEN) le provee información que contradice la ley a algunxs candidatxs. Además, vale preguntarse cómo el Artículo 7.11 del Código no se presta para malinterpretar la ley, ya que da la impresión de proveer una alternativa al Artículo 7.15 del mismo Código. Ni mencionarse la extralimitación de añadirles requisitos a candidatxs que no están explícitamente delimitados en el Código. Ni pensar en los antecedentes históricos que han avalado métodos alternos.
Es crucial que reflexionemos más allá de la ardua tarea estratégica que tiene la Alianza de cara a las elecciones generales, más allá de la reorganización estructural necesaria para acogerse a la nueva imperativa de los endosos y aún más allá de las interpretaciones del gremio “letrado”. Se nos va la vida en ello, porque ya hemos visto adónde nos ha acorralado un país pensado por nuestrxs ilustres licenciadxs.
La oración que abre la opinión del Juez Asociado Kolthoff Caraballo, “Justicia es aplicar la ley de la misma forma a todos aquellos que se encuentren en las mismas circunstancias” es particularmente risible, ya que resalta la deshonestidad y la irónica estrechez intelectual que aqueja a la claque togada del país.
Es obvio que, por una parte, si se tratara de aplicar la ley de la misma forma a todo el mundo, el Departamento de Justicia, el PFEI, los tribunales nacionales y extranjeros y toda la clase jurídica se ahogarían en una marejada de casos criminales por la ineptitud y corrupción de los políticos y funcionarios del bipartidismo.
Resulta cómicamente claro que quienes claman justicia a los pies de una rama de gobierno nominada por sus colegas no se encuentran “en las mismas circunstancias” que quienes no tienen el privilegio de representación ante lxs finales e infalibles. No somos iguales ante la ley ni los mecanismos jurídicos o policiales del país, y cada puertorriqueñx es agudamente consciente de esa realidad: desde las víctimas de violencia de género, a las comunidades que sufren desproporcionadamente los embates de la corrupción y la ausencia del Estado, a quienes no tienen los recursos para resistir el desplazamiento ilegal, hasta las destrucciones del medio ambiente de las que dependemos para subsistir. Siguiendo la definición miope de Kolthoff Caraballo, debe concluirse que en Puerto Rico no existe la justicia.
Por otra parte, la determinación menoscaba aún más la ya erosionada confianza en el sistema electoral de la colonia. Por vía jurídica, en nombre de nuestras virtuosas leyes, no habrá que tomar ninguna decisión en noviembre, porque nuestrxs ilustres ya la tomaron por nosotrxs. Evidentemente, en Puerto Rico no existe otra justicia política que no sea aquella que se adjudica desde la calle.
Mientras más se insiste en celebrar una tradición de ley y orden, más se evoca nuestra atropellada historia jurídica. Mientras más se martilla con el mazo, más se resquebraja la frágil construcción de que nuestra clase gobernante es capaz de emitir justicia. Retumba el mazo y se propaga la desposesión de las masas y sus posibilidades de incidir en el simulacro de democracia. Resuena el mazo como sonó a nombre del ELA. Truena el mazo como ha tronado en defensa de PROMESA. Se nos taladra en la memoria colectiva el mazo del Partido Único, el que ordena que sigamos por el buen camino que llevamos, en el que todxs somos iguales.
¿Qué martillo forjaremos para reventar este espejismo? ¿Qué estruendo será capaz de acabar con la tranquilidad de la tiranía?
