Especial para CLARIDAD
El 30 de agosto de este año, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico emitió una orden de elecciones “para determinar el representante a los fines de la negociación colectiva” del personal docente de la UPR. La votación secreta será los días 23, 24, 25 y 26 de octubre y los votos serán contados el 27 de octubre en la Sala de Audiencia de la Junta de Relaciones del Trabajo. El derecho a la negociación bajo la Ley 130 de 1945 es la culminación de una etapa de lucha que tiene varias décadas. El argumento de la gerencia negando que la UPR sea patrono bajo la Ley 130 ya fue resuelto por el Tribunal Supremo en 2021 en el caso Universidad de Puerto Rico vs. Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la Universidad de Puerto Rico. Después de esa decisión se han celebrado, en mayo de 2022, tres elecciones de empleados no docentes bajo la Ley 130 que han incluido 4,238 empleados. La reciente decisión de la Junta ha sonado la campana para permitir que 3,883 empleados docentes, según se ha definido la unidad apropiada, puedan tomar la decisión de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.
Para entender la importancia de la orden emitida por la Junta de Relaciones del Trabajo debemos tener presente el contexto social y económico que vive el país y sus efectos en la UPR. Desde que se abrió paso la llamada recesión de 2006, que no tardó en revelar su dimensión estructural mucho más compleja que un movimiento cíclico de la economía, la UPR ha sufrido múltiples ataques. La política de austeridad que han adoptado los dos partidos de gobierno, PPD-PNP, aguijoneada por la política neoliberal acogida oficialmente por ambos partidos, ha promovido una actitud agresiva contra la UPR. El estudiantado fue la fracción de la comunidad universitaria más duramente golpeada con aumentos sustanciales en el costo de la matrícula, impuestos desde la alta gerencia universitaria, sin discusión ni comunicación dialógica con los afectados. No es posible olvidar las movilizaciones y huelgas contra ese recurrente atropello. Mucho menos menoscabar la fuerza de la lucha estudiantil en defensa del carácter público de la educación universitaria y los poderosos vínculos que sus protestas establecieron con amplios sectores de nuestra población. La derrota electoral del gobierno de Luis Fortuño en noviembre de 2012, después de una impresionante victoria cuatro años antes, no puede explicarse sin la lucha del estudiantado apoyados en la poderosa consigna “once recintos, una UPR” y su disposición de llevar su resistencia al gobierno a otros espacios fuera del ámbito universitario como fue la versión del gasoducto propuesta por Fortuño.
Con la llegada de la dictadura de la Junta de Control Fiscal (JCF) en 2016 se arreciaron los ataques contra la universidad pública. Sin embargo, hay algo que debemos entender con precisión. La JCF no comenzó los ataques a la UPR. Los ataques reiterados fueron iniciados por los dos partidos de gobierno. La JCF lo que hizo fue continuar y acrecentar, con la complicidad y ayuda del gobierno, los ataques contra la UPR. El punto de mayor violencia, que le abrió el campo a la conducta viciosa de los financieros de la JCF, fue violar la ley universitaria de 1967 dejando sin efecto la fórmula del 9.6 por ciento del Fondo General del gobierno asignado a la UPR. La fórmula con su por ciento vincula el ingreso básico de la UPR al ascenso o descenso del Fondo General. Si bien la JCF atacó el corazón de la ley universitaria, dejándola sin efecto, ya Luis Fortuño lo había hecho excluyendo del Fondo General nuevos ingresos contributivos y García Padilla también al congelar la fórmula. La JCF continuó, sin trabas electorales, el trabajo de los políticos locales, ahora con el sesgo de protección de los intereses de los bonistas. Esta extraña política de continuidad entre gobierno y JCF explica el silencio de la alta gerencia universitaria ante el despojo del presupuesto de la universidad pública, capitaneado en la primera etapa por las inolvidables figuras siniestras de Walter Alomar y Zoraida Buxó.
En ese contexto histórico de amplia agresión a la UPR es que baja la orden de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. El primer paso de la nueva situación creada por la mencionada decisión consiste en celebrar las elecciones de octubre y ver si el personal docente apoya la negociación y a la APPU como la organización que lo represente en ese proceso. La APPU se ha distinguido por ser una voz consistente de denuncia y oposición a los ataques feroces que ha recibido la UPR. Y nosotros hemos elaborado, en múltiples ocasiones un enunciado básico que debe estimular el apoyo masivo a la negociación colectiva: nuestras condiciones sociales de investigación y de enseñanza son las condiciones de aprendizaje de nuestra juventud universitaria. Nadie en la UPR, ni el más aislado investigador en el más remoto laboratorio, puede hoy pensar que individualmente puede proteger sus condiciones de investigación o de enseñanza. La precariedad se ha expandido por toda la base de nuestro trabajo intelectual, amenazándola y precarizándola. Sabemos que el mercado acentúa el individualismo, pero lo hace principalmente apoyado en la noción del ciudadano como consumidor. El objetivo de la negociación colectiva es proteger mediante el enlace de los esfuerzos nuestras condiciones de creación científica y artística. La fuerza que ha agredido a la UPR – gobierno y JCF – y la fuerza de la gerencia universitaria es colectiva y solamente otra fuerza colectiva puede sentarse en una mesa con las posibilidades de establecer un diálogo con resultados respetados.
Los recortes presupuestarios no fueron resultado de ninguna actividad dialógica en el interior de la comunidad universitaria. Fueron imposiciones dictatoriales originadas fuera de la universidad pública. Los intentos de introducir actividades privadas e intereses privados en la educación pública socaban los fundamentos y los objetivos de la educación. La negociación colectiva, como indica el concepto que la rige, corresponde a los intereses de una comunidad. La misma extensión del concepto, y las posibilidades de diálogo que representa, deben ir de la mano, desde el punto de vista docente, de la más amplia democracia. Siempre hemos pensado que esta actividad, en el interior de una institución de educación superior, puede abrirle espacios inéditos al entendimiento y la buena comunicación. Por eso no basta la fuerza numérica docente. Hace falta vincularla a la fuerza de la convicción y el acuerdo que avanza mediante la riqueza del espacio de la discusión y de la participación democrática. Esta fuerza democrática, ciertamente, atemoriza a la administración porque amenaza con abrir las ventanas y las puertas de sus cuartos oscuros.
Ni el gobierno, ni la JCF, ni la alta gerencia de la UPR pensaron que sus métodos de agresión a la educación universitaria, manifiestos con particular desnudez en la precarización del trabajo docente, eliminando plazas, socavando la permanencia y la libertad de cátedra, pudiese llegar a una mesa de negociación con fuerza colectiva buscando reparación. El cuerpo docente lacerado de la UPR, con un porcentaje nunca antes visto de contratos precarios concedidos como limosnas a excelentes mujeres y hombres de sólida preparación, tendrá un espacio destacado en la mesa de la negociación colectiva. La tarea es ardua y la adversidad tiene muchos rostros. Y da vergüenza pensar que, durante la década del treinta del siglo pasado, con los efectos terribles de la Gran Depresión, la Universidad de Puerto Rico no sufrió recortes violentos en su presupuesto. Por el contrario, se pensó y se contó con ella para salir de una crisis social que tenía al país deshecho. El conocido Plan Chardón llevó el nombre del primer rector puertorriqueño de la universidad pública. Hoy, con más recursos humanos y físicos, en medio de la crisis, la UPR recibe ataques y desprecio. Organicemos, entonces, la negociación colectiva con la visión de una nueva UPR, como una fuerza pública, vinculada al destino del país.
