Por Cándida Cotto/ CLARIDAD
Que la recuperación va lenta no es secreto para nadie, solo que a seis años del paso del huracán María por el archipiélago de Puerto Rico, la falta de mano de obra, la burocracia, las políticas públicas erradas, la corrupción y la Junta de Control fiscal (JCF), lo que continúa siendo el factor que ha obstaculizado el proceso de recuperación es la desconfianza.
Para el economista Heriberto Martínez Otero, los obstáculos que entiende han impedido la recuperación son cuatro importantes. Uno, lo relacionado estrictamente con condiciones económicas al interior de Puerto Rico más los vinculados al tema de la burocracia, que describió como los cuellos de botella de la política pública.
En lo relacionado con lo macroeconómico, está el asunto de la fuerza de trabajo. “La reconstrucción con la cantidad de dinero que hay disponible para realizarla requiere una mano de obra abundante en el tema de la construcción”; pero reconoció que por nuestra condición política no se tiene la facilidad de decir que se van a traer trabajadores de fuera del país.
Por otro lado está la inflación provocada por el impacto que ha habido a partir de la pandemia. Sin embargo, subrayó que desde el punto de vista de la política pública “hemos encontrado que tanto FEMA como COR 3 (Oficina central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia) se han convertido en cuellos de botella, que lo que han hecho es retrasar el análisis de los proyectos, cuáles son los viables y cuáles son los fondos a asignar”.
El economista añadió a que a eso se le suma la desconfianza de las esferas federales en el Gobierno de Puerto Rico. “Eso ha sido una cosa constante presente en los últimos años”. A propósito de ello, no dejó pasar por alto los casos de las contrataciones de las empresas de Cobra y White Fish para trabajos de reparación de la AEE luego del huracán.
A esa capa burocrática, dijo, se le puede añadir la JCF debido a que básicamente para hacer cualquier cambio en el presupuesto primero tiene que hacerlo la Oficina de Presupuesto y Gerencia y luego enviarlo a la JCF para que lo avale.
“Esos son los aspectos principales por lo cual la reconstrucción ha tomado seis años y todavía el 77 % de los fondos para la reconstrucción no han sido desembolsados. Solo el 23 % de los fondos federales se han utilizado para la reconstrucción, señaló Martínez Otero.
De todos los aspectos que incluye la recuperación, el sistema de energía eléctrica es el más importante, indicó, porque no hay posibilidades de desarrollo económico en ningún país si no se tiene un sistema eficiente, estable y que no represente una carga onerosa para las familias trabajadoras y los sectores empresariales.
Para Martínez Otero, los acontecimientos políticos a partir de la gobernación de Ricardo Rosselló, la poca transparencia, los escándalos de corrupción, entre ellos, el de la entonces secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y otras acciones nebulosas en el Gobierno afectaron las expectativas de que se podrían recibir entre $15 a $16 mil millones anuales para el proceso de reconstrucción. No obstante, en estos momentos la parte más importante del problema es que no hay suficiente mano de obra para llevarla a cabo. Y mientras tanto, sigue pasando el tiempo y aumentado la inflación y esa inflación se come el poder adquisitivo de esos fondos federales.
Pocas las alternativas de vivienda
“Es obvio que la recuperación no ha seguido el ritmo que se esperaba o que se aguardaba, o sea, una recuperación justa para la gente que está en proceso de esperar una casa”, expresó la licenciada Adriana Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), entidad no gubernamental que desde el momento en que pasó el huracán ofrece servicios a personas y comunidades con problemas de vivienda.
Esta señaló que a los obstáculos impuestos por el Departamento de la Vivienda (DV), como ocurrió al inicio de la asignación de fondos, “seguimos viendo que le corresponde al propio DV levantar los obstáculos que ellos mismos han puesto para que el proceso se siga retrasando”. En ese entonces, el DV les exigió título de propiedad a las personas afectadas (lo que no era requerimiento de FEMA) a sabiendas de que iba a tener un impacto en quienes ya habían sido excluidos por FEMA, que les prohibió acceso debido a una a mala interpretación de la ley.
En términos del DV denunció que en estos momentos lo que están viendo desde ALPR es que la reubicación de familias que no pueden vivir en los lugares donde estaban va lenta. Esta lentitud responde a que el DV no ha creado mecanismos ágiles para que la gente que necesita ser reubicada lo pueda hacer. Precisó que de unos 2,500 vales de ubicación que se han distribuido de hasta la suma de $200 mil, solamente unas 234 personas han conseguido cerrar una compraventa.
Según denunció, los obstáculos que enfrentan esas familias para poder reubicarse son el discriminen por parte de corredores de bienes raíces y el que el DV no facilita que los cierres de hipotecas se den de manera ágil. Trajo a la atención como dato importante que tampoco el DV ha sido proactivo en diseñar estrategias, y ahora mismo, a lo que está apostando es a las construcciones de Law-income Housing Credit, rentas contributivas que básicamente lo que hacen es dar incentivos a desarrolladores para que construyan viviendas de interés social. Observó que lo que hace ese incentivo es apostar no solo a nueva construcción, sino a mover a dueños de propiedades a ser inquilinos del Estado con muy pocas protecciones y subvencionar la inversión del desarrollador, que por 30 años tiene el compromiso de mantener la vivienda asequible.
Aclaró que no es que el DV está moviendo a las personas que eran propietarias a esas viviendas de Law credit, sino que lo que ha hecho Vivienda es mover el dinero del programa de R3, es decir la asignación de los fondos CDBG-DR, al programa de Housing Credit. Los fondos CDBG-DR de $1,500 millones fueron asignados en el 2019 para reubicación de comunidades.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal indicó que Vivienda no le está diciendo a la gente que se mueva a este programa, pero dijo que el Housin Credit sí es el programa que está usando al DV para construir nueva vivienda. Añadió que hay la preocupación de que no se cuenta con una respuesta de lo que va a pasar con la vivienda a largo plazo porque el compromiso del desarrollador es de mantener la vivienda asequible por 30 años.
Ante esta situación, desde Ayuda Legal y otras organizaciones se le está haciendo un llamado al Gobierno para que permita que parte del vale para la reubicación se utilice para que las personas puedan pagar de manera parcial la reparación de la vivienda. Esto permitiría que la gente pueda utilizar viviendas que están en desuso haciendo una inversión, siempre que sea razonable, conforme a los códigos que exige el Gobierno federal para que esa vivienda sea habitable.
Mientras, personas que han logrado obtener una vivienda de las financiadas por el DV se están quejando de que una vez se entrega la vivienda, están teniendo problemas con la calidad de las reparaciones. La directora de ALPR adelantó que el tema de las garantías es uno que va estar en boga en los próximos meses, y quizás años, por lo que planteó que es importante que el Gobierno publique auditorias sobre las compañías que se están encargando de esos trabajos, porque todavía no las han visto.
Hace un mes, Ayuda Legal llevó a cabo su 5.0 Encuentro de Recuperación Justa, en el cual participaron organizaciones comunitarias de casi todo Puerto Rico, incluidos Vieques y Culebra. Sobre el particular, la licenciada Godreau Aubert comentó que el sentimiento que afloró es que hay un sentido de fracaso y desilusión con todo el proceso de recuperación. Uno de los temas que dijo hay que trabajar es el la recuperación a la luz de la justicia climática; en particular, con lo que tiene que ver con la reubicación de personas que viven en áreas inundables; que se sea sensible a los intereses de las comunidades, en particular, de las empobrecidas; pero a su vez trabajar con lo que tiene que ver con amenazas climáticas.
