Así lo prometió la organización El Otro Puerto Rico, que endosará a aquellos candidatos que acojan sus propuestas para resolver la problemática
CLARIDAD
La organización sin fines de lucro El Otro Puerto Rico lanzó, el martes, su propuesta para crear la Ley de Acceso a la Vivienda Digna la cual contiene una serie de medidas para regular lo que han identificado como las causas del desplazamiento y la crisis de vivienda.
La totalidad de la propuesta está contenida en un documento de 37 páginas, que la organización invita a los políticos a leer en elotropr.org e integrar a sus plataformas de gobierno. “Se tienen que expresar sobre el tema de vivienda. Es medular, es crítico y afecta a un millón de personas en Puerto Rico [que están en viviendas rentadas]”, emplazó el presidente de la organización Jerohim Alonso Ortiz Menchaca. El grupo que dirige le puso una fecha límite hasta el 30 de agosto, para que los candidatos comuniquen su postura, pues posterior a esa fecha lanzarán una “campaña educativa” informando quién endosó la propuesta y por tanto, “quién, desde el punto de vista de nuestra organización, apoya el derecho a la vivienda de los puertorriqueños y puertorriqueñas”.
Los integrantes de la entidad, creada en 2022, adujeron que parte de los factores de la crisis se debe al aumento de 10% en la densidad de alquileres a corto plazo, de 7% en el alquiler promedio; y 23% en los precios de las unidades de vivienda.
“Los puertorriqueños han perdido un 42% su capacidad de compra de una residencia”, dijo la analista de política pública de la organización, Christina Mojica, citando el Índice de Asequibilidad de la Vivienda preparado para la firma Estudios Técnicos, que compara los últimos 3 años. Mientras, el alquiler promedio en Puerto Rico aumentó en 41% entre septiembre de 2022 a septiembre de 2023, según la firma de Inteligencia Económica.
Proponen crear la Oficina de la Regulación del Arrendamiento, adscrita al Departamento de Vivienda, que tendría injerencia sobre un tercio de la población que vive en residencias rentadas. También, exigen regular los alojamiento de alquiler a corto plazo mediante una Ley de Acceso a la Vivienda Digna, que exija a los dueños y dueñas de estas propiedades obtener un permiso especial de zonificación y que estén registradas como uso comercial. Establece excepciones en zonas residenciales donde se permiten usos comerciales o mixtos, siempre que el espacio del ACP no exceda el 20% del espacio habitable en viviendas unifamiliares y 25% en el caso de viviendas multifamiliares.
La economista Martha Quiñones explicó que existe regulación similar para los profesionales por cuenta propia como estilistas que atienden a su clientela en la casa, pero no se aplica esto a los ACP.
Ortiz Menchaca comentó que hubo una Ley de alquileres razonables en 1946 hasta 1995. De igual forma, piden que esa regulación sea temporal hasta que el Departamento de Vivienda certifique que existen ya las unidades de vivienda necesarias para estabilizar el mercado. También, propone un tope de renta basado en el ingreso medio anual del municipio en aquellos municipios donde existe alta inflación inmobiliaria. “Donde está descontrolado se pone un tope de renta y donde no está descontrolado se pone un tope en el aumento del alquiler interanual ajustado a la inflación. Esto se hace para evitar que los municipios donde [el mercado] no está descontrolado”, comentó Ortiz Menchaca.
“¿Cómo puedes vivir en un país donde no te aseguren vivienda digna? O nos precarizas como pueblo o nos dignificas como pueblo”, reaccionó Quiñones en cuanto a los topes de renta.
El planificador Raúl Santiago Bartolomei agregó que muchas ciudades del mundo, incluyendo en Estados Unidos, tienen regulaciones variadas para la renta.“Lo que hemos demostrado empíricamente una y otra vez es que los alquilers a corto plazo tienen consecuencias sobre terceros”, afirmó a preguntas de la prensa.
A causa de las exenciones contributivas a los inversionistas foráneos, se proyecta una pérdida de $4,400 millones de 2020 a 2026, según el informe de gastos fiscales de Puerto Rico para 2023. Esos datos le sirven al grupo para exigir la derogación de esa sección del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019, antigua Ley 22 de 2012).
El colectivo encontró que el abandono de las propiedades es otra causante de la crisis de vivienda. “Puerto Rico tiene la mayor proporción de propiedades abandonadas cuando se le compara con Estados Unidos”, leyó Mójica. Según el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, existen 373,424 viviendas vacantes, 300,000 propiedades en estado de ruina. Para atender esta problemática en particular, se disponen a crear el Programa Nacional de la Reconstrucción de la Vivienda.
Una de las propuestas más importantes de la organización sin fines de lucro es enmendar la legislación sobre la titularidad, tenencia y disposición de bienes inmuebles, para facilitar que toda persona que rescate o rehabilite una propiedad abandonada y la viva durante 5 años podrá iniciar proceso para convertirse en titular. Además, le pone un límite de 2 años a las controversias en cuanto a herencia. “Es una de las causas de que se pierdan las propiedades: peleas entre hermanos y familiares, que pasan 10, 20 años sin que las controversias se diriman”, explicó Ortiz Menchaca.
El presidente de la organización indicó que se hicieron comparativas con otros países y ciudades, con regulaciones similares.
Abordado sobre el alcance y particularidades de la campaña educativa, Ortiz Menchaca contestó: “Nos vamos a asegurar de que ese millón de personas que viven rentado en Puerto Rico les llegue el mensaje, que entiendan la necesidad de atender la crisis de vivienda, y que independientemente del partido, si apoya la estadidad, la independencia o la colonia, si no tiene donde vivir, nada de eso importa realmente”.
