Los más recientes acontecimientos y decisiones sobre el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ( AEE) resaltan el rotundo fracaso que han sido para el pueblo puertorriqueño la aprobación de la Ley PROMESA y el desempeño de la Junta de Control Fiscal (JCF). Atrás ha quedado el mito del modelo ejemplarizante de buen gobierno y manejo eficiente de los dineros públicos que le impuso a Puerto Rico el Congreso de Estados Unidos por vía de su ley colonial y de los procónsules nombrados para implantarla. La narrativa oficial tras PROMESA fue sacar a Puerto Rico de su monumental quiebra de $72 mil millones y trazar una nueva ruta de desarrollo económico firme y sostenible en la principal colonia de Estados Unidos.
Pero, como dice el refrán, «el papel aguanta lo que le escriban», y una cosa es lo que dice la ley y otra son sus resultados. La llamada PROMESA ha sido una trampa para el pueblo puertorriqueño. Un engendro del complejo sistema de poder y explotación colonial que durante 146 años ha mantenido a nuestro pueblo sometido y maniatado a los vaivenes del gobierno de Estados Unidos y de los grandes intereses económicos, políticos y militares que lo sostienen.
Así se ha reiterado, una vez tras otra, durante los ocho años del mandato de la JCF en Puerto Rico, que ha tenido 13 integrantes nombrados en términos escalonados por tres presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Aunque de procedencias y bagajes distintos, el denominador común de estas personas es su adhesión a la ideología neoliberal, prevaleciente en Estados Unidos y en la inmensa mayoría del mundo occidental, ideología que favorece el poder del capital y la primacía del sector privado sobre lo público.
Esa visión ha permeado la creación e implantación de la Ley PROMESA, y el desempeño de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico durante estos ocho años, con resultados devastadores para los sectores trabajadores y populares en nuestro país. Estos sectores – empleados públicos, trabajadores del sector privado, pensionados del gobierno y de la empresa privada- que han visto esfumarse sus derechos adquiridos, sus pensiones y sus ahorros bajo el peso de una deuda que contrajeron los gobiernos coloniales ineptos y corruptos de los últimos 50 años en Puerto Rico, y que ahora les toca a ellos y ellas asumir y pagar. Es el mismo pueblo que vive en carne propia los efectos nefastos de las políticas de privatización de recursos públicos como los sistemas de salud, energía eléctrica y educación, entre otros.
Son también los mismos que viven la escasez y precariedad crecientes de los servicios públicos esenciales por las medidas de austeridad y recortes presupuestarios decretados por la JCF. Además, se enfrentan al deterioro en la calidad de vida, en la seguridad pública, en la educación, en la Universidad de Puerto Rico, en el Centro Médico y sus hospitales y facilidades asociadas, en el alza en tarifas de luz, agua y peajes, en los bajos salarios, escasez de oportunidades y las pobres condiciones de empleo tanto en el sector público como el privado. En fin, unas condiciones de vida inadecuadas e inaceptables que han lanzado a cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en edades productivas a la emigración y el destierro.
De la otra cara de la moneda, la JCF mantiene altos costos de operación y paga honorarios exorbitantes a sus consultores y asesores, que ascienden a $1,500 millones en los primeros 7 años de la JCF en Puerto Rico, según un estudio de la organización Espacios Abiertos. Todo esto, sin que aún pueda vislumbrarse el fin de su gestión porque está sin resolver la quiebra de la AEE, donde bonistas extranjeros amotinados se niegan a negociar de buena fe, buscan y encuentran amparo en el Tribunal de Circuito en Boston y mantienen como rehenes al Tribunal de la Ley PROMESA, a la JCF y al propio pueblo de Puerto Rico hasta tanto se les reconozca el pago total de su acreencia.
Sin duda, un panorama sombrío y alejado de las fantasiosas proyecciones de una ley PROMESA colonial e injusta, y de una JCF que claramente no vino a servir a nuestro pueblo, sino a cuadrar las cuentas en beneficio de los que, a través de los años, hundieron a Puerto Rico.
