CLARIDAD
La Coalición Multisectorial de Organizaciones, encabezada por grupos magisteriales que convocan a la manifestación este 1.0 de junio, denunció que existe un agresivo plan de expansión de las escuelas chárter a través del país.
En conferencia de prensa frente a la sede del Departamento de Educación (DE) en Hato Rey, los participantes de la Coalición dieron a conocer algunos datos sobre esta alegada expansión. Expusieron que, por ejemplo, Paradiso College Preparatory y LEAP Social Enterprise son dos empresas que pretenden recibir fondos públicos para uso privado. Según denunciaron, Paradiso College Preparatory forma parte de un conglomerado de 14 corporaciones sostenidas por inversionistas de la Ley 22 que buscan comprar propiedades y expandir este modelo de privatización del sistema público de enseñanza. Igualmente, LEAP Social Enterprise, empresa vinculada a múltiples escándalos relacionados con manejo de una escuela chárter en New Jersey, recibirá $9.5 millones en fondos federales para expandir a otras diez comunidades en Puerto Rico el modelo que utilizan en la escuela chárter LEAP STEAM+E Academy of San Juan.
Los conferenciantes, entre los que estuvieron la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla; la portavoz de la Jornada se Acabaron las Promesas, Jocelyn Velázquez; el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización El Otro Puerto Rico, denunciaron que una de las inversionistas que está detrás de este conglomerado es Kira Golden, una beneficiaria de la Ley 22 que ha adquirido casi una docena de edificios en Río Piedras y que ha expresado abiertamente que el huracán María fue una “bendición” para Puerto Rico porque les ha permitido entrar al mercado de bienes raíces comprando a precio de ganga.
“Kira Golden es una inversionista buitre de la Ley 22 que ha comenzado por adquirir propiedades en Río Piedras y ahora quiere acaparar nuestra educación pública desviando fondos de nuestras escuelas para lucrarse con el negocio corrupto de las escuelas chárter. Este modelo de privatización busca poner dinero público en bolsillos privados garantizando las ganancias de estas empresas con nuestros impuestos mientras se les permite evadir la responsabilidad de brindar información sobre sus operaciones y pisotear los derechos de nuestro magisterio. Entregar nuestro sistema educativo a los invasores de la Ley 22 sería entregar nuestros hijos e hijas a las garras de los buitres que buscan sacarnos de nuestro país y empobrecernos en el proceso” sentenció Ortiz Menchaca.
El activista insistió en las consecuencias para el pueblo y el magisterio de Puerto Rico si se permite que este proceso de privatización avance.“Hay que ver lo que ha estado sucediendo en otras partes de Estados Unidos, donde no existen escuelas públicas tradicionales y todo lo que hay son escuelas chárter”.
Explicó que con permitir la privatización del sistema público de educación nos puede pasar igual a lo que ha pasado con el sistema eléctrico por su privatización con la empresa LUMA y con la privatización del sistema de salud, al que los planes médicos tienen en crisis provocando que los médicos se vayan del país.“Eso mismo va a pasar con nuestro magisterio si nosotros permitimos que estas empresas privadas tomen control de nuestro sistema, si no paramos esto ahora. No podemos esperar para ver los efectos. Por eso es que desde Otro Puerto Rico entendemos que este proceso se suma a las políticas de desplazamiento. Los mismos que nos están botando de nuestras casas, los mismos que ahora nos están botando de nuestras comunidades ahora también quieren botar al magisterio de sus escuelas y privatizar para su ganancia nuestro sistema educativo. ¡No lo vamos a permitir!”
Ortiz Menchaca, contó que en una reunión con el liderato comunitario de Río Piedras, en la cual estuvo presente Robert Acosta, uno de los inversionistas de Paradiso College Preparatory, le preguntó directamente de dónde iba a sacar los mil estudiantes que él dice que van a tener las tres escuelas que va a abrir en Río Piedras. Este le respondió que de las escuelas Vilá Mayo, República de Colombia y de otras escuelas públicas que están alrededor del casco urbano de Río Piedras.
La Coalición dio a conocer la presentación de la Resolución Conjunta del Senado RS 424 para que se declare una moratoria inmediata al establecimiento de las escuelas chárter. Ortiz Menchaca explicó que la Coalición plantea la moratoria como un primer paso para dar espacio a que haya vistas públicas, para que se investigue cómo el DE está otorgando estas cartas constitutivas y poder ir al detalle de lo que está sucediendo en la otorgamiento de estos contratos de empresas privadas. “En eso queremos recalcar cómo es que se están dando estos procesos. Aquí de lo que se está hablando es de que se están creando conglomerados de empresas supuestamente sin fines de lucro para que empresarios, muchos de ellos de la ley 22 y otros no de la ley 22, inviertan en este tipo de estructuras, pongan escuelas chárter al lado de escuelas públicas y drenen y roben los estudiantes a las públicas”.
La resolución PS 424 fue presentada por los senadores María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista puertorriqueño; Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana; Migdalia Padilla Alvelo, del Partido Nuevo Progresista, y José Vargas Vidot, senador independiente.
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Dennis Márquez Lebrón, también presente en la conferencia de prensa, a preguntas de CLARIDAD, indicó que en la reciente vista pública del presupuesto del Gobierno le cuestionó al secretario del DE sobre las nuevas escuelas chárter o escuelas, a lo que este contestó que no tenía nuevas propuestas. Márquez Lebrón le insistió en que se estaba discutiendo públicamente el establecimiento de nuevas escuelas, aunque en el presupuesto para el próximo año están incluidas las escuelas que ya están organizadas. En la vista se le pidió al secretario que en el plazo de una semana (la cual se cumple a finales de mayo) entregara toda la documentación respecto a las nuevas propuestas de estas escuelas.
“Habrá que ver cuando llegue la información de que no había nuevas propuestas para este año escolar. Lo que se está viendo es todo lo contrario. Es obvio que la privatización de las escuelas públicas de Puerto Rico es otro modelo fracasado de privatización en contra de los mejores intereses del país. Por eso nos unimos a esta convocatoria para exigir que se mantengan las escuelas públicas en Puerto Rico. El PIP se opone a toda legislación para establecer estas escuelas”, precisó.
