Coalición Puerto Rico no se Vende
CLARIDAD
Entre el 2024 y 2030 el gobierno de Puerto Rico perderá más de $18 mil millones del erario- solo por concepto de la Ley 22. Esta cifra cuadruplica el estimado del periodo del 2020 al 2026 en $4,400 millones, según el Informe de Gastos Tributarios del mismo Departamento de Hacienda, dio a conocer la Coalición Puerto Rico no se Vende.
La portavoz de la coalición, Ana Hernández, señaló que durante los últimos tres años el trabajo de la entidad se ha enfocado en estudiar el impacto y supuestos beneficios de la Ley 22. “Los datos son claros: el gobierno pierde mucho más de lo que recauda. Este último Informe por Hacienda refleja que se perderán más de $18 mil millones que podrían invertirse en energía, pago de pensiones, hospitales y escuelas. Mientras el país se empobrece, el gobierno le da prioridad a los millonarios que compran propiedades, desplazan comunidades y no pagan contribuciones”.
Esta afirmación quedó demostrada en la investigación de la coalición plasmada en el informe, Dolor y Lucro: los inversionistas con multitudes exenciones contributivas que empobrecen a Puerto Rico, el cual fue divulgado a la prensa en días recientes.
Si ya no fuera suficiente que la Ley 22, ahora Ley 60- cuyo propósito es incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico- concede exenciones de 100% sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, sin requerir inversión o creación de empleos, a sus “beneficiarios”, el informe revela que, además, éstos han acumulado otros beneficios de exenciones contributivas para subsidiar desarrollos de lujo que fomentan la privatización de recursos.
La investigación identificó siete principales tipos de exenciones que se ofrecen a los inversionistas de la Ley 22. La primera, la Ley 74 para el Turismo que va desde hoteles, parques temáticos, marinas, campos de golf, propiedades vacacionales compartidas, puede recibir una exención del 90% al 100% en impuestos sobre ingresos, contribuciones municipales y hasta el IVU entre otros gravámenes.
Si es una empresa de exportación tiene clientes fuera de Puerto Rico puede recibir hasta un 100% de exención de impuestos sobre sus ingresos en Puerto Rico, entre otros privilegios. Le sigue la exención contributiva para una compañía de energía renovable. Es decir, si el extranjero beneficiario de la ya mencionada ley abre una compañía de energía recibe una tasa contributiva de 4% sobre sus ingresos, exención en contribuciones municipales, incluyendo sobre la propiedad y el 100% de exención en pagos a socios y accionistas, entre otros.
Si es un inversionista individual, es decir adinerado de la Ley 22 que dice vivir en Puerto Rico, recibe una exención de 100% del impuesto sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, además de otros beneficios.
Por otro lado, la llamada Ley 73 ofrece a los “beneficiarios” exenciones para sus entidades bancarias y financieras internacionales ubicadas en Puerto Rico, que tengan clientes fuera del país, con una tasa contributiva corporativa de 4% , una exención de 100% sobre la propiedad de los activos que posea el negocio y una exención de 100% en ingresos municipales.
El ultimo beneficio es para los proyectos de desarrollo en las llamadas “zonas de oportunidad”, para lo cual el Gobierno de Puerto Rico, designó el 100% de la isla. Estos proyectos reciben una exención total de 100% durante 15 años, entre otras exenciones.
La investigación de la Coalición Puerto Rico no se Vende identificó beneficiarios de las “dádivas” contributivas entre recipientes de la Ley 22 en todos estos espacios de “exención”. Por ejemplo, el beneficiario de la ley 22, Kevin Futch, es el asesor general de Genera PR, y dirige las áreas de asesoría jurídica, cumplimiento y gestión de riesgo de la empresa.
El caso de Genera PR, encargada de la generación de energía eléctrica, fue catalogado como uno de los más flagrantes, según los portavoces de la Coalición. Genera PR, la cual es subsidiara de News Fortress Energy, opera bajo la Ley 60, con una tasa contributiva reducida de 4%, exenciones en contribuciones municipales y sobre la propiedad, y una exención del 100% en pagos a socios y accionistas. Esto representa $32 millones en beneficios durante los primeros cinco años, y podría alcanzar $100 millones si la empresa cumple ciertos criterios ambientales y de seguridad ocupacional.
En el área de turismo, ya han recibidos exenciones por la Ley 60 el proyecto Esencia en Cabo Rojo, de los inversionistas Reuben Brothers y Three Rules, al cual el gobierno le ha concedido exenciones por la cantidad de $497 millones. Por su parte, el inversionista Eddie C Ishay, ahora propietario del antiguo hotel El Escambrón pretende apropiarse toda el área del área pública del Escambrón. Otro beneficiario es el presidente e incorporador de HR Holding, Paul Napoli, y su esposa Marie, que figura como administradora, de un mega proyecto de lujo en la Milla de Oro, en lo que era el edificio Hato Rey Center. Según se anunció, los precios de los apartamentos comienzan en $745 mil por un apartamento de una habitación. Los de tres habitaciones se venderán en $2 millones.
En una de las llamadas “zonas de oportunidad”, el beneficiario de la Ley 22 Shawn Hanson, miembro de la compañía “Castillo del Este LLC” obtuvo una designación como ZO en junio del 2024 para construir un centro comercial de lujo, el Palmas Town Center, en Humacao, y contará con tres mil cuerdas de playa, dos campos de golf, el centro de canchas de tenis más grande del Caribe, un hotel con casino y una marina.
En cuanto a exenciones por exportación se encuentra Brian Tenenbaum. de Abbot Lang LLC, una firma de consultoría de inversión de capital privado y desarrollo de bienes raíces. Tenenbaum fue antes director de operación de la firma Morgan Reed, la cual fue acusada de querer desalojar a la organización comunitaria Comedores Sociales de Puerto Rico de una facilidad vacía, y en la cual la organización había invertido $120,00 mil en su rehabilitación.
Un beneficiario de exención contributiva por actividad financiera y bancaria internacional, lo es Pavan Shunker y su firma Sun West Mortgage Company International. La compañía tiene su sede principal en Cerritos, California, y en Puerto Rico, tiene oficinas en Guaynabo y Ponce.
Además de los antes mencionados, el informe contiene una lista de otros 29 beneficiarios de la Ley 22, y presenta evidencia de cómo este modelo especulativo se ha extendido más allá del Área Metropolitana, desplazando comunidades y promoviendo desarrollos de lujo en todo el archipiélago. Proyectos como Ocean Drive Development, Oro Residences, el Normandie y el propuesto desarrollo del Escambrón ejemplifican un turismo subsidiado por el Estado, en el que inversionistas -en su mayoría acogidos a la Ley 22- reciben exenciones de hasta 100% en IVU y 90% en contribuciones sobre ingresos y propiedad.
